El 22 de abril el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba ratificó la elevación a juicio a les 27 estudiantes de la UNC. Este es un hecho grave ya que por primera vez desde la vuelta a la democracia se judicializa a miembros de la comunidad académica de la UNC por sus actividades gremiales y/o políticas en la universidad. El delito que se les imputa es el de usurpación por despojo, por las acciones de lucha llevadas adelante en el marco de la rebelión educativa, en defensa de la universidad pública, que recorrió el país en 2018. Dicho proceso de lucha se extendió a nivel nacional con grandes movilizaciones y tomas en más de 50 facultades en todo el país; enfrentaba el ajuste que el gobierno de Macri aplicó a la educación y exigía aumento de salario para les docentes, incremento en el presupuesto para becas y para el comedor universitario, la creación de protocolos para enfrentar la violencia de género y muchas reivindicaciones más que hoy tienen completa vigencia.
Esta intención de elevar a juicio la causa representa una grave acción persecutoria contra les estudiantes y cercena una libertad democrática básica, como lo es el derecho a la protesta. Cabe destacar que durante el periodo 2016-2019 se dio un gran incremento de las luchas sociales en todos los ámbitos, muchas veces con movilizaciones masivas, asambleas, cortes y tomas. Esta situación tiene hilos de continuidad en la actualidad con importantes acciones de lucha a lo largo y ancho del país ¿Acaso la Justicia Federal estaría dispuesta a avanzar en condenar a los millones que salimos a enfrentar las políticas de ajuste?
Los métodos de lucha que se desarrollaron no son nuevos, sino que son utilizados históricamente por estudiantes, docentes y trabajadores en general. La violación de la autonomía universitaria por parte del Poder Judicial, a un centenario de la Reforma del ‘18, marca una política de disciplinamiento y persecución constante que tienen los agentes del poder judicial y otros sectores políticos y empresariales.
Hablamos de la misma Justicia, que tiene claras prioridades políticas para avanzar con celeridad: mientras desoye a las mujeres que denuncian violencia de género, mientras encubre represores, empresarios y patrones, avanza con completa rapidez
en esta escandalosa causa contra los estudiantes.
La lucha del 2018 arrancó con el reclamo docente de mejoras salariales, rápidamente puso sobre la mesa los problemas estructurales que desde hace años arrastra la educación pública: el desfinanciamiento del que es víctima, la preocupante deserción estudiantil y el crecimiento de la precarización laboral de la planta docente y no-docente que se vuelve insostenible.
Las demandas sostenidas durante la rebelión educativa no han sido solucionadas al día de hoy. Muchas de estas se han profundizado con la virtualidad forzada por la pandemia y el magro presupuesto destinado a la educación. Si comparamos lo destinado para la misma en 2021, con la inflación reconocida por el gobierno hay un recorte del 12% en relación al anterior presupuesto votado; y si tenemos en cuenta que todo indica que la realidad superará a las previsiones oficiales, la situación empeora. Es por eso que denunciamos y rechazamos el falaz argumento de que las acciones de lucha no estaban justificadas porque el conflicto ya había terminado.
La solicitud del Fiscal Federal Maximiliano Hairabedian de elevar la causa a juicio oral y público y exigir un embargo de $50.000 a cada procesado, a la que el juez federal Hugo Vaca Narvaja dio lugar tienen una doble motivación. Fundamentalmente es una orientación general del sistema político y judicial que tiene como finalidad desfinanciar lo público y dejar un mensaje disciplinador al conjunto de sectores y luchadores que salen a enfrentar esta política. Y en segundo lugar responde a la presión de un sector privado dentro del Pabellón Argentina, cuyo objetivo es castigar la pérdida de ganancias por el cierre momentáneo de un bar y nada tiene que ver con el avance científico, educacional, ni con el desarrollo de las actividades administrativas de la universidad.
Aun así, es importante recalcar que desde que fue pública la imputación, se hizo presente un fuerte apoyo de parte de docentes de distintas facultades de la UNC, autoridades, investigadores del CONICET, delegados de ADIUC y otros miembros de la comunidad universitaria. Este apoyo se expresó de diversas maneras, con declaraciones de los Consejos Directivos de Psicología, Comunicación, Ciencias Sociales, Artes, Filosofía, las escuelas de Letras e Historia; incluso el Consejo Superior se posicionó en contra de la causa armada contra les estudiantes. También les docentes sumaron su apoyo con un petitorio que reunió más de 500 firmas en repudio a los procesamientos a estudiantes, del cual los medios de comunicación locales dieron cuenta.
En el movimiento estudiantil también crece el apoyo a les procesades de la UNC. Por eso en el día de ayer se logró realizar una primera instancia democrática de asamblea estudiantil en la FFyH. La misma fue impuesta desde las bases a la conducción del centro de estudiantes, en ella se discutieron y votaron acciones para continuar con la campaña por la absolución de les compañeres.
Todas estas señales de apoyo y declaraciones son muy valiosas pero debemos darle continuidad, coordinando iniciativas y que se transformen en acciones de lucha concretas para poder tirar esta causa bochornosa. Es por ello que llamamos a preparar una gran acción y movilizar con fuerzas el próximo 13 de mayo de cara a la 4ta Marcha Contra la Criminalización de la Protesta que venimos impulsando diversas organizaciones y estudiantes independientes nucleados en asambleas.
Está claro que la causa contra les 27 estudiantes de la UNC es un intento de criminalizar la protesta que busca sentar un precedente nefasto en la vida universitaria en general. No solo se persigue a les estudiantes sino también a les abogades que les defienden, como es el caso de Leticia Celli, a quien se le abrió una causa paralela por estar presente en la toma ejerciendo su profesión y para quien exigimos el sobreseimiento inmediato. En el mismo sentido, nos solidarizamos con les estudiantes de Río Negro que están enfrentando un proceso judicial de características similares al que se enfrenta en Córdoba.
Pero esto no es un hecho aislado, sino que es la hoja de ruta de los gobiernos nacionales y provinciales en las luchas en curso, como podemos ver en Andalgalá y Chubut hacia quienes luchan contra la megaminería, en el ataque a las familias de Guernica y Estación Ferreyra en nuestra ciudad, la persecución a docentes de educación media que vimos el año pasado, y a los movimientos sociales, piqueteros y de los sectores juveniles contra la precarización.
En este contexto de crisis sanitaria y social, el gobierno de Alberto Fernández sigue beneficiando a empresarios y especuladores, negándose a ponerle verdaderos impuestos a las grandes fortunas o a expropiar empresas fundamentales como Vicentin. Mientras el gobierno subsidia las empresas, da aumentos de miseria a los trabajadores que siempre pierden la carrera contra la inflación, niega el necesario y urgente aumento a la salud y manda a los docentes a trabajar aun sin condiciones ni protocolos serios. La profundización de estas políticas tanto de ajuste, represión como extractivas no pasarán sin palos, por eso buscan aleccionar a quienes nos organizamos y luchamos.
Frente a esta realidad los Centros de Estudiantes y Federaciones tienen que convocar a asambleas y acciones de lucha que pongan al movimiento estudiantil a la cabeza de esta pelea. No es solo un ataque a 27 estudiantes de la UNC, es un ataque a todes les que defendemos la educación pública.
Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas, de DD HH, sindicales y estudiantiles, y a toda la sociedad en general, a rechazar este avance contra la protesta social y a desplegar una intensa campaña nacional e impulsando acciones de lucha, empezando por movilizar con fuerza este 13 de mayo y continuar hasta lograr tirar abajo la causa.
- Absolución para les 27 estudiantes de la UNC.
- Sobreseimiento efectivo de la abogada y docente Leticia Celli.
- Absolución para les estudiantes de Río Negro.
- No a la criminalización de la protesta social.
- Defender la educación pública no es delito.
La Marea- Juventud Socialista del MST
Juventud del PTS
Unión de Juventudes por el Socialismo
Juventud de Izquierda Socialista
Cauce corriente universitaria