¡Decidir es un derecho, acceder a los cuidados, también!
El miércoles pasado, el personal del Ministerio Público Fiscal de Córdoba emitió la orden para detener a dos integrantes de la organización feminista Socorristas en Red de Villa María y a una profesional de la salud acusada de encubrimiento. La orden fue emitida tras una “llamada anónima”, a partir de la cual fueron acusadas de ejercicio ilegal de la medicina. El operativo incluyó además el allanamiento de sus domicilios, una acción completamente violenta y persecutoria. «Esta ofensiva judicial busca criminalizar injustamente a quienes cuidan la salud de las personas que deciden abortar y es una amenaza a los derechos democráticamente conseguidos en la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención post aborto ¡Exigimos libertad de las tres compañeras ya! ¡Cese de la criminalización!» expresaron las Socorristas mediante un comunicado que fue compartido en sus redes sociales.
Una llamada anónima y una orden del Ministerio Público Fiscal de Córdoba fueron suficientes para que se hiciera efectiva, de forma inmediata, la detención dos integrantes de la organización feminista Socorristas en Red en Villa María acusadas de ejercicio ilegal de la medicina, y de una profesional de salud acusada de encubrimiento. Esta situación contrasta años luz con las miles de denuncias que realizamos las mujeres y disidencias ante situaciones de violencia sexual y violencia machista, donde las autoridades nunca son capaces de actuar con celeridad. Sebastián Elia, abogado defensor de las activistas, ayer presentó recursos de amparo ante la jueza de control para exigir la inmediata libertad, y diversas organizaciones feministas y de derechos humanos nos sumamos activamente al reclamo.
Socorristas en Red -feministas que abortamos- es una articulación de colectivas de Argentina, cuyo objetivo es brindar información sobre cómo interrumpir un embarazo siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, y acompañar a personas que han decidido interrumpir embarazos de manera segura y cuidada. En sí, se trata nada más y nada menos del acceso a un derecho, en el marco de una práctica que ya es legal en nuestro país. La coletiva manifestó en uno de sus comunicados: “Enmarcamos este acto de ofensiva judicial, violatorio de los derechos consagrados a dar y recibir información para el cuidado de la salud y una amenaza a los derechos democráticamente conseguidos y reafirmados en 2020 en la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención post aborto. Esta afrenta, en el mismo mes del aniversario de la sanción de la Ley 27.610, resulta muy preocupante. Se desconoce que en todo el mundo el aborto autogestionado es seguro y es una decisión de quien cursa su embarazo. Y en la Argentina el aborto autogestionado es legal”. Luego agregaron: “Con acciones judiciales como las desarrolladas en Villa María, se criminaliza injustamente a quienes cuidan la salud de las personas que deciden abortar, que son quienes desde hace años colaboran brindando información y acompañamientos. Dar información y acompañar decisiones no es delito. A nivel internacional las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud reconocen el papel fundamental que cumplen las redes de acompañantes en todo el mundo, y la importancia de la comunidad para la protección de la salud, tanto para la disminución de riesgos como para el alivio de la culpabilización que rodea la decisión de abortar”.
Esta ofensiva judicial no puede quedar impune ¡Exigimos su inmediata liberación y el cese a toda persecución! El aborto es un derecho, acompañar también.