El gobierno nacional pretende modificar la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26657) a través de un proyecto de ley que ya se está tratando en comisiones en el Senado. Los cambios que propone automáticamente generaron un rechazo de parte de una gran cantidad de sectores del campo de la salud mental, denunciando el carácter regresivo y reaccionario de esta verdadera contrarreforma manicomial.
Una contrarreforma que fue impulsada por los mismos sectores que históricamente se opusieron a esta ley: las corporaciones médico-psiquiátricas, representadas en los grandes laboratorios y farmacéuticas, las empresas de salud, las clínicas privadas y algunas asociaciones gremiales de psiquiatras y médicos (Aclaramos que cuando hablamos de estas corporaciones, no nos referimos a los trabajadorxs médicos psiquiatras , sino que a sectores de poder conducidos por estos profesionales. Un ejemplo de esto son la Asociación de Médicos Municipales y la Asociación de Psiquiatras de Argentina, dos gremios que de manera abierta y directa han militando en contra de la Ley Nacional de Salud Mental).
Estas corporaciones, defensoras acérrimas del modelo médico hegemónico, encuentran un aliado en el ministro de salud del Gobierno Nacional para reforzar este modelo, así como para seguir profundizando las políticas de ajuste, privatización, desregulación y desfinanciamiento del sistema público de salud. Por tanto, lo que está en juego son los intereses de clase de estos sectores, que básicamente consisten en que el sistema privado de la salud continúe acumulando ganancias y lucrando con la salud mental de una parte de la población.
Ley Nacional de Salud Mental: Una conquista del movimiento antimanicomial
La Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) aprobada en el año 2010 fue una conquista de la clase trabajadora, a través del movimiento antimanicomial. Por aquellos años, este movimiento fue una alianza entre sectores ligados a la salud mental (trabajadorxs, agrupaciones de usuarixs/ex usuarixs, familiares, colectivos artísticos y culturales) y organismos de derechos humanos. Gracias a la aprobación de esta ley lograron instalar en la política pública de salud/salud mental, una perspectiva comunitaria, antimanicomial y basada en los derechos humanos.
Teniendo como antecedente la experiencia italiana liderada por el psiquiatra Franco Basaglia -quien lideró un movimiento social y político que impulsó el cierre de los manicomios en dicho país-, sumado al archivo de experiencias, luchas y prácticas en nuestro país que se venían desarrollando desde hace décadas[1], la aprobación de la esta ley vino a condensar las reivindicaciones y demandas históricas de este movimiento.
En términos generales, entre los principales avances (en términos teóricos, políticos y técnicos) podemos ubicar cuatro:
- Definición de salud mental. El artículo 3 define a la salud mental “como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Su preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”. Lo destacable de esta definición es que es superadora de la clásica mirada biomédica que parte de una división tajante entre normalidad/anormalidad, cordura/locura, sano/enfermo. Partiendo de una mirada despatologizante y antinormativa, plantea que la salud mental es un proceso determinado por múltiples factores y que tiene relación directa con el ejercicio de los derechos. Es decir, no reduce la salud mental a una dimensión estrictamente psicopatológica, sino que la amplía y vincula al goce y ejercicio de los derechos ciudadanos (educación, trabajo, estudio, vivienda), permitiendo una mirada más anclada a los determinantes sociales de la salud.
- Supera el modelo manicomial-asilar y hospitalocéntrico. La prohibición de la creación de nuevos manicomios (públicos y privados) y el cierre de los hospitales psiquiátricos y su reconversión en hospitales generales con salas de internación, responde a una estrategia desmanicomializante que busca eliminar el encierro y el aislamiento como respuestas preponderantes ante una crisis de salud mental. Este punto se basa en la crítica a una realidad preponderante previa a la ley: Por un lado, la tendencia a las internaciones compulsivas, y por otro lado, la institucionalización y cronificación de las internaciones involuntarias en los manicomios. En cambio, se estipula en la ley la creación de una red de dispositivos comunitarios e intermedios (centros de día, casas convivenciales, hospitales de día, etc.) que garanticen y faciliten la externación de lxs usuarios y su posterior rehabilitación y reintegración social. La base de esta modificación se sustenta en la idea de que el encierro no cura, la vida en comunidad si. Es decir, que el encierro y el aislamiento (o para decirlo de manera más clara: la privación de libertad), con todo lo que ello implica en términos de segregación y la exclusión de la vida social, son respuestas que refuerzan el padecimiento subjetivo. En cambio, la vida en comunidad, cercana a los vínculos más cercanos (familiares, amigxs, vecinos, etc.), a las redes de apoyo y contención, es un factor protector que permite una reinserción más efectiva, duradera y humanizante.
- Derechos de lxs usuarixs y pacientes. La ley viene a garantizar y proteger una serie de derechos para todas las personas que utilicen el sistema de salud mental. Este aspecto no se reduce a una cuestión netamente técnico-administrativo, sino que implica formalizar un cambio de paradigma: Del locx como objeto de control a sujeto de derechos. Un sujeto que previamente estaba desprovisto de cualquier tipo de derecho (sobre todo durante una internación), con la ley son portadores de derechos que los protegen de vulneraciones dentro del sistema de salud. Este es un avance fundamental ya que conlleva brindarle un marco legal de protección a un sector de la clase trabajadora históricamente excluido y segregado de la vida social.
- Cambio del modelo médico hegemónico al trabajo interdisciplinario. El enfoque del modelo médico hegemónico se caracteriza en el campo de la salud mental, principalmente por el énfasis del saber-poder psiquiátrico en desmedro del resto de las disciplinas y profesiones no-médicas. Así, la psiquiatría ocupa un lugar privilegiado con legitimación política y simbólica para decidir cualquier aspecto de un abordaje en salud mental. Con la presente ley, se democratizan las relaciones de poder entre las disciplinas. El monopolio ya no lo tiene la psiquiatría, sino que prima el enfoque interdisciplinario, complejizando de esta manera las prácticas, primando una mirada situada, contextual, integral y comunitaria, en contraste con las clásicas prácticas patologizantes, individualizantes y sobremedicalizadoras.
Es sabido que muchos de estos avances mencionados -y otros más- en el plano legal, no se han traducido en cambios concretos o completos en el sistema de salud. La implementación de la LNSM desde el 2010 en adelante ha sido parcial y deficiente en muchos aspectos. Si bien éste es un tema que requiere de otro artículo para desarrollar en profundidad las razones de su falta de aplicación, en principio, podemos mencionar los tres principales: 1) La falta de voluntad política de los gobiernos de turno, 2) Las presiones de las corporaciones médico-psiquiátricas, 3) Ausencia de movilización popular y masiva en las calles.[2]
La contrarreforma manicomial
Ante la crisis de salud mental y el colapso del sistema público de salud, la respuesta que se nos plantea es por derecha: mas estigmatización y marginalización para las personas padecientes, proponiendo como solución la flexibilización de las internaciones, dando pie al encierro sistemático y privación de libertad. Propuesta que además se contrasta con la realidad del sistema de salud: falta de camas, trabajadorxs explotadxs, infraestructura precaria, escasez de recursos (materiales y humanos), bajos salarios, etc.
Además, este ataque a la Ley Nacional de Salud Mental se da en el marco de una serie de políticas de ajuste al sistema público de salud desde que el gobierno asume su mandato ( Hospital Garrahan; Hospital Posadas, PAMI, Remediar ). En el ámbito específico de la salud mental, los casos más conocidos son los ataques sufridos por lxs trabajadorxs del Hospital Bonaparte y el desmantelamiento de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental Comunitaria (RISaMC).
Lo que el gobierno plantea como una “actualización”, “modernización” de la ley, no es más que un retroceso al viejo paradigma manicomial. Un paradigma que asocia la locura con la peligrosidad y la criminalidad, que refuerza el modelo médico hegemónico, que justifica prácticas patologizantes y sobremedicalizantes, que busca volver al encierro y el aislamiento como mecanismos privilegiados para abordar las urgencias subjetivas.
El proyecto de ley del gobierno tiene una orientación político-ideológica clara (reforzar el modelo médico hegemónico), pero también una orientación política-económica: reproducir la acumulación de ganancias y el lucro de las grandes corporaciones y clínicas privadas. A modo de ejemplo, uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley es ampliar los criterios de internación[3]. Si se llegase a flexibilizar ese apartado, las clínicas privadas se verían particularmente beneficiadas en sus ganancias, ya que recibirán más dinero de las obras sociales por cada internación que se lleve a cabo.
Otro punto es la eliminación del artículo que prohíbe la creación de nuevos hospitales monovalentes públicos y privados. Esto habilitaría el negociado de los empresarios de la salud, que se verían favorecidos al tener la cancha abierta para construir nuevas clínicas psiquiátricas y seguir lucrando con la salud.
Otros cambios polémicos son: reformulación del trabajo interdisciplinario y prioridad del médico psiquiatra como única profesión obligatoria, eliminación de la obligación del Estado en invertir el 10% del presupuesto, exclusión de las reuniones del Órgano de Revisión a lxs usuarixs, eliminación del concepto de “padecimiento mental” y cambio por “trastorno emocional o de la conducta”, exclusión de la cooperación de Nación a las Provincias.
Salud mental y lucha de clases
Estamos frente a una disputa entre dos sectores con intereses de clase contrapuestos: quienes defendemos una salud mental pública, comunitaria, popular, obrera, antimanicomial, integral e interdisciplinaria, y quienes están por una salud mental cooptada por el modelo médico hegemónico, el paradigma manicomial y el sector privado de la salud. Como ha sido la historia en nuestro país, el campo de la salud mental es un terreno más de la lucha de clases.
Por tanto, urge que entre todos los sectores vinculados al campo de la salud mental -trabajadorxs, agrupaciones de usuarixs y familiares, estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales, artísticas y culturales, y organismos de derechos humanos- nos organicemos y debatamos un plan de lucha para defender la Ley Nacional de Salud Mental y exigir su plena implementación.
Solo con procesos de organización desde abajo y movilizaciones masivas vamos a detener esta contrarreforma manicomial. Asimismo, debemos presionar con fuerza en las calles para que la ley se implemente integral y efectivamente. En ese sentido, solo en el terreno de la lucha de clases se va a dirimir la disputa por esta ley.
Sebastián Soto-Lafoy. Equipo de Salud Mental-CABA
[1] Cabe destacar, por mencionar algunas, el desarrollo y ampliación de prácticas grupales y comunitarias durante los 60´/70´o la militancia que viene llevando a cabo el Frente de Artistas del Borda desde los 80´ en adelante.
[2] Para profundizar sobre esto último, sugerimos leer el artículo que desde el Equipo de Salud Mental del partido escribimos el año pasado realizando un análisis más profundo sobre las razones de la aplicación deficiente de la LNSM. El enlace se puede encontrar aquí: https://periodismodeizquierda.com/salud-mental-y-lucha-de-clases-apuntes-sobre-la-batalla-antimanicomial-una-mirada-desde-la-izquierda/.
[3] La actual ley establece que la internación es un recurso terapéutico excepcional ante situaciones de riesgo cierto e inminente para sí y/o para terceros. En cambio lo que se propone desde el gobierno es ampliar esa definición estableciendo que el riesgo constituye “situaciones de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Esto además de la inclusión de antecedentes para determinar la necesidad de la internación, cuestión que no contempla la vigente ley. La modificación de este apartado daría a pie a usos arbitrarios de la internación, priorizando un abordaje basado en el control y el aislamiento.
