La Multisectorial en Defensa del Golfo, las Asambleas del Curru Leufu, asambleas regionales de Neuquén, Chubut, comunidades originarias, organizaciones socioambientales y nuestra Red Ecosocialista nos movilizamos en rechazo a la audiencia pública que convocaron la Secretaría de Ambiente y el gobierno de Río Negro para avalar el EIA de YPF y así habilitar la construcción del puerto petrolero y el oleoducto que transportará los hidrocarburos desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada.
Desde el inicio del proceso, las convocatorias a estas audiencias tuvieron el objetivo de desincentivar la participación. Por eso la de Añelo estuvo vaciada de gente y en la de hoy, jueves 17 de agosto, impusieron una modalidad únicamente presencial en Sierra Grande, ajena a todas las complicaciones de tiempo y costos para el conjunto de la población movilizada en contra del proyecto. Además, como ya hemos comentado en otros artículos, habilitaron a participar de la misma solo a vecinos residentes de Río Negro, cuando el proyecto afecta a tres provincias de manera directa.
Sin embargo, todas estas violaciones a la participación democrática se agravaron alevosamente en el inicio de esa falsa audiencia con la llegada de la patota de la burocracia de la UOCRA, brazo de choque del gobierno y las empresas, que en complicidad con la policía empujó y golpeó a la movilización pacífica de las asambleas. Así, mientras desalojaba la calle impedía que los vecinos inscriptos en la audiencia pudiesen ingresar al recinto para hacer uso de la palabra, un verdadero escándalo. La patota de la burocracia estaba dirigida por un funcionario del municipio de Sierra Grande, a cargo del intendente Renzo Tamburrini. Los lazos orgánicos con este último son evidentes, dado que esta burocracia en numerosas ocasiones le ha dado su apoyo públicamente.
Por su parte la policía, a la vez que permitía a la patota avanzar sobre los asambleístas, dentro del recinto avaló que los sectores proextractivos coparan con banderas el gimnasio Vuta Mahuida. Sin embargo a los asambleístas los requisaron, prohibiendo no sólo su ingreso con mochilas, carteles y banderas, sino también su participación.
En este contexto se dio la audiencia pública, que no fue audiencia porque las mismas son actos de oír a las personas; tampoco fue públicas, ya que todos deberían tener garantizado el derecho a participar sin ser violentados ni censurados, y no ocurrió así. Fue una farsa total, un mediocre simulacro de participación.
Mientras los asambleístas que recorrieron cientos de kilómetros para llegar a la audiencia se retiraban denunciando el fraude, violentados por la burocracia sindical, el gobierno lejos de suspender esta pantomima ante los graves acontecimientos le dio continuidad, garantizando la escucha a la Cámara de Exportadores, al presidente de Entidades Empresarias de Rio Negro, al referente de CGT Atlántida, al ex intendente de San Antonio Oeste, al intendente de Sierra Grande Renzo Tamburrini, al representante del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), al vicedecano de la Facultad Regional de la UTN con sede en Neuquén, al vicerrector de la UNRN, a la secretaria de Hidrocarburos y a numerosos representantes de YPF y decenas de ecocidas, que el día previo financiaron una movilización/caravana a favor del puerto petrolero en Sierra Grande.
Mención aparte se merece el gobierno nacional y el secretario de Derechos humanos Pietragalla, a quien desde las asambleas se apeló para que garantizara el día de la audiencia la seguridad física de todas las comunidades que se manifestaban, dado que el modus operandi del extractivismo es conocido: al no tener licencia social siempre se basa en palo, represión, violencia y corrupción. La respuesta del gobierno nacional fue nula, avalando todo este circo peligroso montado por las petroleras.
En un contexto de crisis climática es criminal seguir apostando a la extracción no convencional de hidrocarburos. Como bien dice Andreas Malm, “nuestra sociedad fosilizada es un tren que nunca se detiene, sino que siempre acelera, incluso cuando se acerca al precipicio y de lo que se trata es de frenar a tiempo (…) pero hay un maquinista que lleva mucho tiempo al mando del tren que trata de impedirlo”. Es decir, no hay ningún inconveniente técnico ni científico para frenar el desastre al que nos han traído. Es un problema político y de clase. Los cambios que faltan implementar son resistidos por intereses privados, de esa clase dueña de todo lo que es nuestro. Esa minoría es propietaria no solo de nuestros bienes comunes; sino también de la “democracia”, por eso entre otras cosas el desastre de audiencias y la negación a garantizar derechos como el acceso a la consulta libre y vinculante con previo acceso a la información.
Sigamos haciendo red, coordinando desde abajo la lucha antiextractivista para hacer causa nacional la defensa de nuestro mar, del golfo, de la fauna y flora marina. Mientras seguimos construyendo el poder del 99% en una alianza transformadora con todos los sectores populares, indígenas, anticapitalista, socialista, antirracista, feminista y con la clase obrera en el centro.