El colectivo OLA (Organizaciones Laicistas Argentinas), que a nivel nacional nuclea a más de 50 agrupaciones de derechos humanos, feministas, LGBTI+, sociales, políticas, de pueblos originarios, ateas y religiosas de diversas confesiones, entre ellas nuestro CADHU-MST, inició una serie de acciones a fin de lograr la derogación de los decretos-ley de la última dictadura militar que establecen subsidios públicos millonarios en favor de la Iglesia Católica[1]. En concreto, estamos planteando reclamos ante los tres poderes del Estado:
- Poder Legislativo. El 12 de julio, presentamos notas ante Sergio Massa y Cristina Fernández, presidentes de ambas cámaras del Congreso, para denunciar “la supresión del derecho constitucional a iniciativa popular” (art. 39 Constitución Nacional). Una ley de iniciativa popular con medio millón de firmas obliga al Congreso a debatirla. Así impulsamos desde OLA la anulación de las normas dictatoriales antes mencionadas. Pero al seguir vacante el cargo de Defensor/a del Pueblo desde hace 12 años por responsabilidad del Congreso, se nos impide la verificación previa del proyecto que la Ley 24.747 dispone para juntar las firmas.
En el caso del Senado, con fecha 19 de julio giró nuestra nota a la Comisión de Asuntos Constitucionales bajo el Nº de expediente 3-P-21.
- Poder Judicial. El 14 de julio OLA presentó un amparo proponiendo tres posibles soluciones: 1) declarar parcialmente inconstitucional la Ley 24.747 para este caso, autorizando así la iniciativa popular; 2) habilitar a la Defensoría del Pueblo, que rechazó nuestro pedido por no haber Defensor/a, a verificar el contenido de la iniciativa popular; 3) que lo verifiquen el Congreso o el propio juzgado.
El recurso de amparo, a nombre del compañere Pao Lin Raffetta y que patrocinan abogades de distintas agrupaciones de OLA[2], recayó en elJuzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9 de CABA, como expediente CAF 011717/2021 (ver PDF abajo).
- Poder Ejecutivo. Para el mismo lunes 12 de julio teníamos prevista una reunión de compañeres representantes de OLA con Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, en la sede de la ESMA, para informarle sobre las dificultades para la iniciativa popular. Se supone que el Ejecutivo debe facilitar las vías para que se respete dicho derecho democrático. Como Pietragala nos postergó la reunión “por razones de agenda imprevistas”, le estamos reclamando una nueva fecha a la brevedad.
Es de esperar que se allanen todos los obstáculos burocráticos y pronto todas las agrupaciones integrantes de OLA podamos empezar la campaña nacional de recolección de firmas. Sobre todo, porque el objetivo en común es lograr la derogación de todos los decretos antidemocráticos impuestos por la dictadura genocida a costa del Estado y en beneficio de la Iglesia Católica que fue su cómplice.
[1] Por ejemplo el decreto-ley 21.540, que dispone una jubilación de privilegio para arzobispos, obispos y el vicario castrense (70% del sueldo del presidente de la Nación) o el decreto-ley 21.950, que otorga un subsidio mensual a los obispos y arzobispos (70% y 80% del sueldo de un juez nacional de primera instancia). Ambos los firmó el genocida Jorge Rafael Videla.
[2] Manuel Garrido, Andrés Bernal, nuestra compañera Claudia Leaños (CADHU), Marcelo Puertas, Mariana Catanzaro y Ricardo Ermili.