A la vuelta de Nueva York, el presidente Milei firmó el decreto que reglamenta el capítulo laboral votado en la Ley de Bases.
En defensa de las patronales
La reglamentación venía siendo trabajada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Sturzenegger, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
En la previa, para construir la reglamentación el gobierno había convocado a representantes de la UIA, ADIMRA, de empresas de la construcción y el comercio, como así también entidades bancarias.
Asimismo fueron parte de la elaboración Santiago Bausili, titular del Banco Central; Sara Luna Camacho, representante e la OIT en Argentina; Carmen Álvarez, presidenta de la Comisión de Trabajo en el Senado y Juan Pazo, secretario de Coordinación de la Secretaría de Producción del Ministerio de Economía. Una norma a medida de la precarización y la flexibilización laboral.
¿Qué establece la reforma laboral?
- Fondo de cese: le permite al empleador optar por “mutuo acuerdo” a dar indemnizaciones o constituir un fondo de cese laboral, donde el trabajador se pague su futuro despido. Además, les permite a las mismas que organicen el fondo de cese laboral mediante un servicio privado o autoasegurarse. Los tres tipos de fondos son el “de cancelación individual”, “de cese individual o colectivo” y “de seguro individual o colectivo”.
- Periodo de prueba: el mismo se extiende 6 meses, con la posibilidad de poder perdurar 8 meses en el caso de una empresa de entre 6 y 100 trabajadores, y a un año en el caso de tener menos de 5 trabajadores. Mientras perdure el periodo de prueba, los trabajadores pueden ser despedidos sin causa y sin indemnización por antigüedad.
- “Blanqueo” laboral: en nombre de una supuesta promoción del empleo registrado, se le otorga al empleador el beneficio de la extinción de la acción penal, la condonación de infracciones y sanciones, la baja del Registro de Sanciones Laborales (REPSAL) y la condonación de deudas por capital e intereses. Quienes accedan al mismo contarán con la condonación de “al menos 70% de las deudas por capital e intereses de los aportes y contribuciones patronales”. Del mismo modo, los montos que deberá pagar el empleador en la AFIP “se podrán abonar con un plan de facilidades de la AFIP o con un descuento del 50% en el caso de pago de contado“. En otras palabras, el Estado financia a quienes precarizaron a los trabajadores durante años.
Enfrentarlo, ahora y en las calles
Esta reforma es un ataque directo a los derechos de las y los trabajadores, y se suma al conjunto de medidas del plan motosierra que afectan integralmente nuestro nivel de vida.
A lo largo de estos meses, la CGT fue cómplice del ajuste que enfrentamos. La central no luchó contra la Ley Ómnibus y tampoco la Ley Bases. Muchos de sus dirigentes incluso hablaron a favor del gobierno y hasta armaron una mesa técnica con ellos para pactar esta reforma. No fue solo la pasividad, la traición fue absoluta, de principio a fin fueron cómplices de que se esté reglamentando la reforma laboral y del ajuste que estamos viviendo.
Esta reglamentación viene en línea con la profundización del saqueo que realiza el plan económico de Milei. No podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que enfrentarlo ahora y en las calles, por fuera de la agenda legislativa que se termina convirtiendo en una trampera hacia nuestras luchas. Exigiendo a las centrales sindicales para que convoquen a un paro y sin ninguna confianza ni pasividad ante esas direcciones burócratas, construyendo la bronca con medidas desde abajo.