jueves, 28 marzo 2024 - 07:07

Moreno. Vecinos se oponen a planta de transferencia de residuos

Desde hace semanas se viene desarrollando un conflicto en nuestro distrito producto de la decisión del gobierno municipal de instalar una planta de transferencia de residuos. Lxs vecinxs de los barrios San Enrique, Lomas Verdes, San Javier y Reja Grande vienen realizando asambleas alarmados por lo que creen que será un basural, un foco infeccioso propicio para el contagio de enfermedades. Luego del corte de la ruta 25, lograron ser recibidos por funcionarixs municipales y del Consejo Deliberante, quienes no lograron convencer con el proyecto y sus alcances.

Desde su asunción, el gobierno municipal de Mariel Fernández viene impulsando una reforma integral del sistema de recolección, tratamiento y deposición de los residuos domiciliarios. Es así como a mitad del año pasado se anunciaba la quita de la concesión de servicio de recolección a la empresa El Trébol, para transformarlo en un servicio municipal, lo que generaría un giro en la política pública llevada adelante durante los últimos años y que pondría fin a una concesión llevada adelante por un gobierno del mismo signo político que el actual hace años atrás. La noticia que generaba simpatía por romper con la lógica de ganancia empresarial, rápidamente se dio de frente con la realidad, ya que el gobierno municipal no municipalizó el servicio y lo transformó en una cooperativa que sigue sosteniendo contratos con la empresa El Trébol.

En este marco se inscribe el ingreso del Ministerio de Medio Ambiente conducido por Cabandié en el negociado de la basura distrital, facilitando un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción de una planta de transferencia de residuos domiciliarios. Son $215.000.000 de deuda que se agregan a la escandalosa deuda externa, es decir, la plata que pagamos nos la vuelven a prestar para cobrarnos mas intereses y controlar y decidir sobre el proyecto que se intenta instalar. Asfixian cualquier intento soberano de dirección de la economía y exigen más ajuste a lxs trabajadorxs. No solo deciden pagar la totalidad de una deuda fraudulenta si no que la siguen aumentando.

Todo esto a espaldas de lxs vecinxs que rodean el predio elegido para llevar adelante este plan. Tenemos sobradas razones para desconfiar de las promesas del ejecutivo municipal en cuanto a la inocuidad del proyecto, por eso nos mantenemos junto a lxs vecinxs que reclaman por mayor transparencia e información. Somos conscientes de lo necesario que es darle solución a un tema tan importante como el tratamiento de los residuos de lxs morenenses, pero también luchamos por un plan de cara a lxs vecinxs, consensuado y con control popular.

Repudiamos el uso político que intenta la derecha local de la mano de la concejal Asseff y los fachos de siempre, quienes defienden el valor de las propiedades de los countrys cercanos y la ganancia de las empresas privadas por encima de las necesidades y la salud de lxs que menos tienen.

Hacen falta debates públicos con lxs vecinxs para determinar la zonificación hoy definida como industrial basada en datos ya obsoletos y decidido por unxs pocxs. No creemos que un tema tan importante deba ser discutido desde la perspectiva del ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno de Mariel Fernandez, luchamos por una salida ecosocialista que preserve el medio ambiente con una respuesta  integral para el problema del tratamiento de los residuos domiciliarios, generando un plan integral que contenga la reeducación sobre la clasificación y separación en los hogares, el tratamiento y reutilización de los desechos y la sustentabilidad de su deposición. Creemos necesario el estudio de impacto ambiental anterior a la concesión de la obra, y que el trabajo no sea realizado por empresas privadas sino por trabajadorxs municipales, quienes cuentan con los conocimientos y preparación necesaria para llevarla adelante.

Con la Red Ecosocialista y el MST, seguiremos acompañando a lxs vecinxs en su justo reclamo y para que se constituya una comisión con su participación para el seguimiento del proceso y que en caso de detectarse irregularidades o incumplimientos pueda recindirse.

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