En el memorándum firmado por el gobierno de Alberto Fernández con el FMI se establece un control trimestral de la marcha de las medidas exigidas por el Fondo, al mismo tiempo que explicita que las decisiones sobre políticas económicas tomadas en adelante por el gobierno serán decididas en conjunto con el organismo internacional. Tanto el monitoreo como la supervisión y los planes futuros implican de hecho un cogobierno, o más claro, la entrega de soberanía nacional. Estos controles y autorizaciones están escritos en el documento en sus puntos dos y tres del artículo 3.
Las metas que plantea el acuerdo son de cumplimiento obligatorio y los desembolsos del Fondo serán para ir cancelando el crédito tomado por Macri que, de esta forma, se legitima. Los mismos están supeditados al resultado de estos monitoreos trimestrales. De no cumplirse las metas, el desembolso no llega, por lo que el país entra en default o toma nuevas medidas.
Así, por ejemplo, tomando en cuenta la cuestión de las jubilaciones, lo que hoy aparecería como una extensión voluntaria de la edad jubilatoria hasta los 70 años, en el caso de los hombres, podría convertirse en una nueva condición obligatoria frente al incumplimiento de las metas previas. La historia muestra que con los acuerdos con el FMI es así como funciona. Una cosa es cómo empieza el acuerdo y otra cómo termina.
Ese es el objetivo del segundo compromiso que aquí analizamos. La aceptación de las nuevas medidas que tome el gobierno están subordinadas al acuerdo y elaboración conjunta con el FMI. Esto garantiza al organismo poder ir avanzando con el ajuste cada vez que sea necesario para cumplir las metas. Metas que por otra parte son de imposible cumplimiento sin un ajuste extraordinario.
Para que quede claro la subordinación al Fondo este segundo punto acordado dice: “Clausula estándar del FMI sobre consultas. Estamos seguros de que nuestras políticas son las adecuadas para alcanzar los objetivos del programa y estamos listos para tomar las medidas adicionales que sean necesarias para tales fines. Consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas medidas y en forma previa a cualquier revisión a las medidas contenidas en este Memorando, y evitaremos cualquier política que no sea consistente con los objetivos del programa y nuestros compromisos en el contexto de este”.
Para ponerlo más claro: antes de cualquier desembolso se estudiarán, en “consulta” con el FMI, nuevas medidas para poner en práctica, si las ya acordadas no dan los resultados que el Fondo exige.
Este acuerdo legitima la estafa, legaliza el saqueo y entrega la soberanía.