El Gobierno libertario designó a un funcionario judicial en la Subsecretaría de Derechos Humanos y reavivó una polémica que expone contradicciones entre el discurso anticasta y las prácticas tradicionales del poder.
Pasa el molinete
La llegada de un magistrado al área de Derechos Humanos despierta cuestionamientos por la puerta giratoria entre poderes del Estado y el vaciamiento de las políticas de memoria.La decisión del gobierno de Javier Milei de nombrar a un nuevo subsecretario de Derechos Humanos volvió a encender las alarmas en el ámbito judicial y en los organismos de derechos humanos.Una nueva muestra de los viejos vicios de la política que el oficialismo asegura haber venido a erradicar.
El funcionario elegido proviene del Poder Judicial y su desembarco en el Ejecutivo se da sin una ruptura clara con su rol previo, un hecho que volvió a poner sobre la mesa la práctica de la “puerta giratoria” entre tribunales y cargos políticos. Para distintos sectores, se trata de una maniobra que erosiona la independencia judicial y consolida privilegios históricos de una élite estatal que se recicla entre despachos.
Las críticas no se limitan al aspecto institucional. El nombramiento ocurre en un contexto de fuerte retroceso en las políticas de derechos humanos impulsado por la actual gestión, marcado por recortes presupuestarios, vaciamiento de programas de memoria y un discurso oficial que relativiza los crímenes de la última dictadura cívico-militar. En ese marco, la llegada de un cuadro judicial alineado con esa lógica es vista como un paso más en el desmantelamiento del área.
Lejos de cumplir un rol de garantía y promoción de derechos, se transforma en una dependencia funcional a una agenda negacionista y de ajuste.
Así, mientras el Gobierno insiste en presentarse como una fuerza ajena a la “casta”, los hechos vuelven a mostrar continuidades con prácticas históricas del poder: cargos que se reparten entre los mismos actores y un área sensible del Estado puesta al servicio de un proyecto que busca borrar décadas de consensos en materia de memoria, verdad y justicia.
