Con una discusión que nunca encontró un buen desenlace para los partidos tradicionales, este lunes 30 Milei anunció la prorrogación del presupuesto del año 2023 por segunda vez consecutiva.
Por medio del Decreto 1131/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional, dio a conocer algo histórico en el desarrollo de los gobiernos argentinos desde la vuelta de la democracia, la prorrogación, por segunda vez, del Presupuesto General de la Administración Nacional. Acompañado por la firma del presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el presupuesto sancionado para el año 2023 se volverá a replicar este 2025.
Este movimiento, según lo muestra el contenido del decreto, le garantiza al gobierno el uso discrecional de todas las partidas presupuestarias de cada área del Estado. Y como se encarga de demostrar el artículo 2° de este decreto, Francos será el delegado a lo largo de todo el 2025 de llevar adelante las adecuaciones presupuestarias de los gastos y de los ingresos en cada parte del Estado. Y para justificarse, el gobierno de aclaró en los considerandos del decreto: “Dado lo avanzado del ejercicio presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la Ley N° 27.701, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente”.
Con la publicación de este decreto se abre la puerta para la profundización del ajuste que se fue desarrollando en todo este 2024. Otra señal de este gobierno libertario que tiene como hoja de ruta la defensa del superávit fiscal y el pago de intereses de deudas, a costa de un ataque indiscriminado a las condiciones de vida de las mayorías.
La ley de leyes y el camino de su discusión
En 2024 el presidente y su gestión, alegando a las consecuencias de la crisis heredada, decidió prorrogar por primera vez el presupuesto del año 2023, el cual fue diseñado por la gestión de los Fernández y Massa. Producto de las secuelas de la devaluación generada por este gobierno, resultaba imposible que lo presupuestado en 2023 pudiera cubrir los gastos necesarios para el 2024. Y en función de respetar la filosofía del déficit cero, los libertarios no realizaron ningún cambio en este en relación a las necesidades del pueblo.
En cuanto al proyecto del presupuesto 2025, las discusiones comenzaron algunos meses antes de llegar a la situación actual. En el mes de septiembre, en una cadena nacional transmitida desde la Cámara de Diputados, el presidente se encargó de presentar el proyecto presupuestario para el año próximo. Pasado los meses y luego de negociaciones entre el Ejecutivo, los partidos tradicionales y los gobernadores, el proyecto no llegó nunca a ser tratado en alguna sesión del Congreso. A pesar de las discusiones entre los actores de la casta política, el gobierno también buscó restringir este debate. José Luis Espert, quien es el titular de la Comisión de Presupuesto, fue el encargado de clausurar cualquier tipo de tratamiento y terminó suspendiendo la firma del dictamen.
Y no solo el diputado libertario se encargó de empantanar el tratamiento de ese proyecto, sino que el ministro de Economía también fue por el mismo camino. Mientras se discutía la posibilidad de que esta ley sea parte del temario a tratar en sesiones extraordinarias, Caputo se encargó de decir que era mejor evitar el tratamiento, ya que la posibilidad de su aprobación podría atentar contra el equilibrio fiscal. Al final de esta discusión, el presupuesto nunca estuvo en el temario de las sesiones extraordinarias y, por ahora, estas nunca fueron llamadas.
Observado los números, el presupuesto de 2023 tenía un valor de $ 40,2 billones y en el desarrollo del 2024, por medio de decretos presidenciales, fue ampliado a los $ 95,9 billones. Y para el año entrante el gobierno cuenta con un margen para su uso discrecional de $20 billones. Este último número, presentado por la gestión libertaria, solo está atado a la proyección de que al país le ingresen $ 115,2 billones y la inflación anual del 2025 sea del 18%.
Frente a estas proyecciones, crecen las tensiones políticas, donde los gobernadores, que a lo largo del año fueron garantes de la gobernabilidad de los libertarios, se encuentran impacientes al no encontrar ninguna reciprocidad en esta relación. Ante tanto recorte de Nación a lo largo del 2024, los titulares de las gestiones provinciales se encargaron de presentar una lista de pedidos para negociar y ser tenidos en cuenta en la diagramación del presupuesto 2025; el financiamiento por compensación del Pacto Fiscal del 2017; la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), no distribuidos durante este año; la eliminación de las afectaciones del impuesto a los combustibles (ítem sub ejecutado por el gobierno); y el financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferibles a la nación fueron algunos de los elementos sugeridos por los gobernadores. Pero ninguno de estos fue tenido en cuenta por parte del gobierno libertario, lo que en un futuro puede abrir fuertes crisis en las cajas provinciales.
Otro presupuesto con motosierra
Los recortes en educación, salud, ayudas sociales, jubilaciones y demás áreas sensibles realizados a lo largo de este año, con la prorrogación de este presupuesto, a primera vista, promete una profundización en la catástrofe que representa este programa de gobierno. La discrecionalidad en el trabajo presupuestario por parte del Ejecutivo supone un peligro importante para la mayoría de los trabajadores. Por ejemplo, esta modalidad facilitaría también el despido en la administración pública, sobre todo en las áreas donde se proponga ajustar.
A pesar de este momento de estabilidad que presume el gobierno, van apareciendo presiones que hacen necesario la profundización de este ajuste. Y este tipo de dibujos presupuestarios pueden terminar respondiendo a estas necesidades, como las que propone la hoja de ruta del FMI, con el cual se estaría en negociaciones para un nuevo programa.
Los resultados en este primer año de gestión mileista para la mayoría de los trabajadores ha sido desastroso. Solo mirando la descomposición salarial y el porcentaje de pobreza que acusa la población, producto de cumplir con el mantra del déficit cero, es suficiente para comprender el daño causado.
Para establecer un presupuesto en función a las necesidades del 99% y no del 1% es necesario una serie de medidas para cambiar radicalmente la situación. Es fundamental poner en práctica un impuesto a las grandes fortunas y a las corporaciones y no continuar con la lógica de un diagrama presupuestario en función de pagar los dividendos que estos actores obtienen en la timba financiera. La nacionalización de la banca y el comercio exterior, junto con la ruptura de las negociones con instituciones financieras o fondos usureros también ayudarían a recomponer una estructura presupuestaria en función de los intereses de las mayorías. Las negociaciones a espalda del pueblo trabajador, como la llevada adelante por los partidos tradicionales, dejaron en claro que solo la lucha y la organización son las herramientas para poder enfrentar este tipo de medidas.