El gobierno de Milei, con su Secretario de Trabajo Julio Cordero, los grupos empresariales y un coro de voceros mediáticos, insisten en que haría falta otra vuelta de rosca en su “reforma laboral”. Con ribetes semi-esclavistas y volviendo al pasado, sostienen que sería preciso arrasar con los derechos laborales que aún persisten, como condición para generar trabajo.
¿En qué lo justifican? En que así buscarían “darle derechos a los que no los tienen” y “crear trabajo formal”. Hablan de un régimen laboral del “pasado” que habría que “modernizar”, achacando a un supuesto “costo laboral” elevado para los patrones, que no los “alienta” a contratar trabajadores. ¿Es así? ¿Qué pasó con cada intento de reforma laboral en las últimas décadas? ¿Qué medidas necesitamos para una verdadera política de shock que genere millones de puestos de trabajo?
El cuento repetido de eliminar derechos para “crear” empleo
En realidad, se trata del mismo verso y relato discursivo que usaron los militares con el general Videla, Martínez de Hoz y el FMI; que repitieron Menem y el PJ en los ’90; el mismo cuento al que apeló la Alianza con De la Rúa, su ministra Bullrich y Flamarique, con las coimas de la Ley Banelco; y la derecha de Macri y Cambiemos.
El peronismo no revirtió esta matriz de precarización e informalidad, sino que la sostuvo y Cristina llegó a reconocer -en la Bolsa, ante los grandes capitalistas-, que “nunca los bancos y las empresas ganaron tanto como con estos gobiernos peronchos”.
Lejos de “modernizar”, estas contrarreformas implican una vuelta al pasado semi esclavo del siglo XIX, cuando no había ninguna protección para la clase obrera, los trabajadores del campo, la juventud, las mujeres y los sectores populares. Cuando era todo opresión, explotación y ganancia pura para las patronales capitalistas.
Cuando pagaban en “especies” o “ticket canasta” como plantean ahora, sin reconocer las horas extras ni la jornada de 8 horas ni las vacaciones o la indemnización ante los despidos ni la negociación colectiva, sino por empresa o individual. Un regreso a siglos atrás, eso implica el camuflado proyecto de La Libertad Avanza.
Con esas intentonas de “reforma” no pasó nada de lo que prometen los empresarios, el FMI y los gobiernos, al contrario. En estas cinco décadas, cada avance en la llamada “reforma laboral” implicó más informalidad, desempleo, salarios más bajos, precarización y pobreza.
La supuesta “creación de empleo formal” nunca existió porque solo es un eslogan discursivo al que apelan para justificar y hacer pasar la quita de derechos. Y porque eso tampoco depende de las leyes laborales, sino del modelo económico y un reparto real y justo de la riqueza socialmente producida, en beneficio de las mayorías que la generan y no del 1% más rico que se apropia de ella, explotando al 99% de la sociedad.
No habrá “empleo formal” con esta nueva oleada ultraderechista
Esto es así en Argentina y en el mundo. Y no habrá trabajo estable ni derechos, si no enfrentamos la contrarreforma que cocinan, con lucha y movilización. Menos aún en plena recesión: con este gobierno cerraron 18.000 empresas, se destruyeron 250 mil puestos de trabajo privado y casi 60 mil en el Estado nacional, más una caída salarial cercana al 32%.
Enfrentemos la reforma negrera de Milei
— Alejandro Bodart (@Ale_Bodart) October 29, 2025
La reforma laboral de Milei es un escándalo: jornada de 12 horas, despidos fáciles con indemnización en hasta 12 cuotas, negociación por empresa para que la patronal haga lo que quiera y recorte al derecho a huelga para impedir la… pic.twitter.com/ma6Sp0ueIZ
Así, después de dos años de reformas antiobreras, Milei tiene el segundo peor registro de los últimos 51 años, donde “los puestos de trabajo informales o ‘en negro’ y por cuenta propia siguieron en ascenso y ya representan el 50,6% de los puestos totales” (Clarín, 13/11). Con un nivel de informalidad solo superado por el estallido del 2001, incrementándola incluso en 2 puntos más, de cómo recibió su gobierno.
Si bien aún no se difundió el proyecto oficial y lo formalizarían en diciembre, hay “papers” secretos y proyectos en danza, como el de la diputada Romina Diez, que responde a “el jefe” Karina, expresando la reforma laboral que busca Milei. En esos proyectos no hay ni un solo artículo que mejore la situación de quienes trabajan en la informalidad.
Al contrario, anulan casi todos los derechos laborales de quienes aún los conservan, para empujar a la baja las condiciones generales en que trabaja y subsisten la clase obrera y los sectores populares, al perder toda referencia o aspiración de “ascenso social”, en relación a su contratación.
Incluso el ministro Caputo reconoció este miércoles en la Bolsa, que atacan las indemnizaciones “de manera que sea mucho más fácil para las compañías lidiar con un despido y la litigiosidad” de trabajadores que reclamen.
Un proyecto integral en materia de derechos laborales y sociales
Por eso, junto a Vilma Ripoll como diputada nacional por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, hemos propuesto al FITU impulsar en común un proyecto en el Congreso para declarar una Emergencia Laboral nacional y de promoción del empleo formal, ante la grave situación de desocupación, precarización y pérdida de derechos que atraviesa el pueblo trabajador.
Con un paquete de medidas concretas y urgentes para garantizar la creación de trabajo estable, formal y con todos los derechos. Para dar prioridad al empleo de jóvenes, mujeres, diversidades, desocupados y sectores más vulnerados. Para eso, la primera medida es derogar toda norma que implique la precarización o legalizar formas de contrato por fuera del trabajo estable.
Al revés de lo que plantean Milei y los patrones, se deben ratificar los derechos reconocidos en los convenios y la vigencia de su ultraactividad. Es decir, si el gobierno, el FMI y las empresas se niegan a avalar mejoras en las condiciones de trabajo porque quieren imponer convenios por empresa, deben seguir vigentes los derechos conquistados en los convenios colectivos por rama o actividad. Porque son un piso del cual partir para toda mejora laboral.
En particular, derogar el DNU 70/2023, la Ley 27.742 conocida como Ley Bases, y todas las leyes de precarización dictadas por la dictadura militar; en los años ‘90 con Menem y el PJ; y en los gobiernos posteriores sobre toda norma que permita la tercerización, el monotributismo, pasantías o cualquier contratación que evada el trabajo con derechos y estabilidad.
Un paquete de medidas para asegurar trabajo genuino
Para un verdadero shock de empleo que permita resolver la crisis, aportamos estas medidas:
• Prohibir por ley los despidos y suspensiones. Ante cierres o despidos masivos, estatizar la empresa bajo control de sus trabajadores. Abrir los libros contables a “Comisiones de Control” de sus trabajadores y delegados electos por asamblea.
• Reducir la jornada laboral a 6 horas, sin rebaja salarial. Para trabajar menos y poder trabajar todos, con el reparto de las horas con igual salario. Esto generaría un millón de nuevos puestos de trabajo.
• Plan de primer empleo joven sin precarización, con iguales salarios, derechos laborales, gremiales y de seguridad social. Prohibir toda “beca laboral” o “pasantía” sin derechos.
• Plan nacional de obras públicas, viviendas populares y urbanización para generar empleo genuino, mejorar la infraestructura en rutas, puentes, represas, urbanizar las villas y asentamientos y construir 300.000 viviendas populares para generar un millón y medio de puestos de trabajo.
• Aumento de salarios, jubilaciones y programas sociales al valor de la canasta familiar, con indexación automática por inflación. El Salario Mínimo, Vital y Móvil debe cubrir la canasta familiar, resuelto en un Consejo del Salario con paritarios electos por sus trabajadores y mandato de bases.
• Seguro universal al desempleo, igual a la canasta básica. Aumentar el monto, reabrir las inscripciones y universalizar los programas sociales, hasta resolver la emergencia.
• 82% móvil real para jubilaciones. Restituir los aportes patronales. Administración de los fondos y cajas bajo control de jubilados y trabajadores. Cancelar las deudas y anular las transferencias de las cajas provinciales al ANSES. Vigencia de los regímenes previsionales de docentes, salud, judiciales, aeronavegantes, portuarios y otros con tareas específicas, exposición al riesgo, al desgaste psicofísico o insalubres, con requisitos de edad y aportes diferentes.
• Inmediato pase a planta de todos los contratados y precarios.
• Reconocer como trabajadores de plataformas digitales y sus derechos por parte de las empresas.
• Que paguen los que más tienen: impuestos extraordinarios y progresivos a los grandes capitales, bancos y terratenientes para financiar la emergencia laboral.
• Suspender los pagos de la deuda externa a los bonistas buitres y al FMI para destinarlo al Plan Nacional de obras públicas, vivienda y empleo joven, y a los aumentos salariales, jubilatorios y de los programas sociales que planteamos.
Lo que no se entendió es cuando es la convocatoria… 🦗🦗🦗 https://t.co/YYSw7sMfhs
— Ana Paredes Landman🇵🇸 (@AnaParedesLandm) October 31, 2025
Es importante impulsar estas medidas, con salidas concretas y de fondo ante la grave crisis laboral. Pero sabemos que no será en los pasillos del Congreso donde se conquisten los derechos, sino en las calles. Es necesaria una movilización unitaria, desde abajo, que imponga las medidas que hacen falta, sin ninguna confianza en las cúpulas de la CGT que transan a espaldas de las bases.
Impulsar una lucha nacional autoconvocada, con el ejemplo del Hospital Garrahan y exigiendo el paro general y plan de lucha. Porque solo con la movilización y organización independiente del pueblo trabajador podemos defender lo conquistado, ir por más y abrir un camino distinto a la crisis.
