A casi un año del derrumbe de la criptomoneda $LIBRA que dejó a miles de inversores damnificados, salió a la luz un acuerdo confidencial firmado entre el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis semanas antes del lanzamiento del token. La revelación profundiza las sombras de complicidad política y financiera en un caso que cuestiona el rol del Estado y la responsabilidad del Ejecutivo en maniobras especulativas que perjudicaron a la mayoría.
En las últimas horas se conoció el texto de un acuerdo confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre Javier Milei —ya entonces presidente al frente del Gobierno nacional— y Hayden Mark Davis, CEO de Kelsier Ventures y figura central detrás de la criptomoneda $LIBRA, cuya caída abrupta y sospechosa se tradujo en pérdidas de centenas de millones de dólares para inversores minoristas y está bajo investigación judicial.
El documento, difundido por medios nacionales tras filtraciones internas, se rubricó apenas dos semanas antes del lanzamiento del token que luego Milei promocionó en sus redes sociales, lo que disparó su cotización para luego desplomarse de forma espectacular en cuestión de horas, en lo que especialistas clasifican como un caso de rug pull.
Un vínculo formal antes del desastre
El acuerdo establece que Davis se ofrecía como asesor “ad honorem” para el Gobierno argentino en áreas de blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas, con un fuerte compromiso de confidencialidad y sin contraprestación económica explícita en el texto filtrado. La firma se concretó durante una visita relámpago del empresario a Casa Rosada, donde también estuvieron presentes lobistas cercanos al mandatario.
La proximidad temporal entre ese acuerdo y el lanzamiento de $LIBRA siembra dudas sobre la espontaneidad del proyecto y el real conocimiento del Ejecutivo sobre las operaciones vinculadas a la cripto. Poco después del derrumbe del token, Milei intentó desligarse de la iniciativa, borrando su publicación promocional y alegando desconocimiento de sus pormenores, postura que ahora se ve contradicha por la existencia de un contrato previo.
Crisis política y judicial
La filtración del acuerdo llega en un contexto donde la causa $LIBRA sigue siendo objeto de investigación tanto en Argentina como en Estados Unidos, con pedidos de ampliación de demandas colectivas contra los responsables y señalamientos directos a los operadores detrás del proyecto. Diversos actores políticos han señalado que la negativa inicial de Milei a transparentar vínculos y documentos vinculados al caso fue una forma de obstrucción de control parlamentario y fiscalización pública.
Una advertencia sobre la “libertad” financiera
Este episodio no es solo un escándalo financiero aislado, sino la exposición de una concepción de gestión pública que mezcla ideología pro-mercado con prácticas de alto riesgo y especulación, dejando a la mayoría social a merced de proyectos cripto sin regulación ni salvaguardas. La firma de un acuerdo confidencial con un operador de dudosa reputación, justamente antes del colapso de una moneda digital promovida desde la propia Presidencia, revela cómo la falta de políticas públicas robustas y de protección a la gente común abre camino a mecanismos que benefician a unos pocos y perjudican a muchos.
Además, plantea preguntas más profundas: ¿qué tipo de asesoramientos se priorizan en la Casa Rosada? ¿Por qué un presidente firma acuerdos sin transparencia y con cláusulas de confidencialidad en áreas tan sensibles como la tecnología financiera? Y, sobre todo, ¿quién responde ante las pérdidas cuando el Estado promueve, ampara o simplemente posa con operadores que terminan perjudicando a pequeños ahorristas?
Este acuerdo confidencial, lejos de despejar dudas, las profundiza y confirma que la investigación judicial y política en torno a $LIBRA todavía tiene muchos capítulos por delante. Y que para avanzar a fondo hace falta una Comisión Investigadora Independiente que vaya hasta el final y castigue a todos los culpables de esta estafa.
