El gobierno libertario oficializó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), profundizando su aislamiento internacional y dando un nuevo paso contra el derecho a la salud pública.
¿Salud? afuera
El miércoles pasado, el gobierno de Javier Milei consumó una nueva avanzada contra los derechos más básicos de la población. En el marco de su política de ajuste y subordinación a los Estados Unidos, se formalizó la decisión de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La medida, impulsada meses atrás por el canciller Gerardo Werthein, se oficializó este sábado en la 78° Asamblea Mundial de la Salud que se celebra en Ginebra.
La decisión del gobierno argentino no es casual: sigue al pie de la letra la política trumpista de romper con el sistema multilateral de Naciones Unidas, en un acto de servilismo geopolítico que, más allá de los cuestionamientos que podemos hacerle al rol de la OMS, implica un retroceso en materia sanitaria.
Una decisión criminal
La salida de la OMS representa un paso atrás en materia de salud pública. La ley de adhesión a la organización internacional fue barrida por una simple resolución administrativa, en lo que representa desconocer marcos regulatorios que están vigentes desde hace mucho tiempo. Como señalan especialistas del área, Argentina queda ahora afuera del sistema global de vigilancia y asistencia sanitaria. Un retroceso que no solo es simbólico, sino que puede tener consecuencias directas sobre las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
La OMS fue reflejando cada vez más la crisis del capitalismo global y la voracidad de los monopolios farmacéuticos, alejándose de sus postulados fundacionales, pero mantenía un marco regulatorio necesario para los castigados sistemas públicos de salud. Ahora enfrenta recortes globales, producto también del cese de financiamiento de Estados Unidos y de la creciente injerencia de las fundaciones “filantrópicas” como la de Bill Gates.
En este marco, la Argentina decide desentenderse de todo esfuerzo colectivo por enfrentar futuras pandemias. Así, se desmantela la posibilidad de contar con alertas tempranas, cooperación científica y apoyo logístico ante emergencias sanitarias.
La “desregulación” en salud ya se cobra vidas
El discurso del ministro Mario Lugones, que llama a “terminar con el populismo sanitario”, es la justificación ideológica de un desguace que ya muestra sus consecuencias. Bajo su gestión, el Ministerio de Salud ha perdido capacidad operativa, normativa y de coordinación. A esto se suma el avance del proyecto desregulador de Federico Sturzenegger, que apunta directamente contra organismos como la ANMAT, responsable de controlar la seguridad de medicamentos e insumos sanitarios.
El resultado es trágico: en las últimas semanas, decenas de personas murieron y otras tantas fueron internadas por el uso de fentanilo contaminado, producto de controles relajados sobre sustancias importadas y el debilitamiento de la ANMAT. En paralelo, se registra un aumento sostenido de la mortalidad infantil, especialmente en las provincias más pobres, donde el abandono del Estado nacional es absoluto.
Por una salida desde abajo y desde la izquierda
Estamos ante un gobierno criminal que avanza con una motosierra sobre los derechos más elementales. Su seguidismo con la ultraderecha internacional, su desprecio por lo público, su odio a todo lo colectivo, lo convierten en un peligro para la salud y la vida misma.
Desde la izquierda, levantamos bien alto una política opuesta: salud pública universal, controlada por sus trabajadores y la comunidad; ruptura con los laboratorios y corporaciones del negocio de la enfermedad; y planificación sanitaria nacional, al servicio de las mayorías.
Mientras Milei juega a ser el empleado del mes de Trump, millones de personas pierden derechos. No hay tiempo que perder: hay que organizarse, en cada hospital, en cada barrio, en cada escuela, para enfrentar este modelo de saqueo, exclusión y muerte.