El gobierno de Javier Milei ya puso en marcha su ofensiva definitiva: Este martes presentará ante el Consejo de Mayo el proyecto de reforma laboral que busca transformar drásticamente las relaciones de trabajo en Argentina. La reforma no es una “actualización”, como la define el oficialismo, sino un ataque estructural al derecho y la dignidad del trabajo.

¿Qué propone la reforma?

Según los trascendidos, entre sus principales e inéditas medidas, figuran:

• Extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias mediante un “banco de horas”, lo que debilita el límite de 8 horas.
• Reformar el sistema de indemnizaciones: los despidos serán más baratos para las empresas, con indemnizaciones más reducidas o pagaderas en cuotas, en muchos casos sustituidas por un fondo de cese laboral.
• Eliminar cláusulas laborales históricas: se elimina el principio de interpretación más favorable al trabajador, lo que debilita derechos individuales aun cuando estén
  garantizados por convenios.
• Promover negociaciones por empresa en vez de convenios colectivos de rama, debilitando la negociación colectiva, atomizando las relaciones laborales y reduciendo el poder de los sindicatos.
• Permitir remuneraciones en dólares o empleos con “beneficios no remunerativos”, alejados de la protección social, renunciando en los hechos a estabilidad, jubilación o indemnización digna.

El proyecto, según sus defensores, busca “generar trabajo formal”. Pero en realidad repite el viejo discurso de las élites y del FMI: recortar derechos para abaratar mano de obra, intensificar explotación y precarizar el trabajo.

Lo que ocultan: más precariedad, menos derechos, menos poder obrero

Desde las 13:30hs, el Consejo dirigido por Manuel Adorni e integrado por Cristian Ritondo (Diputados); Carolina Losada (Senadores); Martín Rappallini (UIA); Gerardo Martínez (CGT) y por los gobernadores, Alfredo Cornejo, donde también participará por el Poder Ejecutivo, Federico Sturzenegger y, es de suponer, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, discutirá el documento final de la reforma previo envío al Congreso.

Lejos de “formalizar empleo”, estas medidas apuntan a instaurar un régimen laboral de inseguridad, con trabajadores bajo contratos flexibles, jornadas extensas, sueldos atomizados, estabilidad inexistente y derechos básicos vulnerados. Como en otras reformas neoliberales, esto no genera empleo genuino sino mano de obra barata, renovable, sin protección ni posibilidad de pelea colectiva.

El efecto inmediato ya se ve cuando observamos que la informalidad laboral creció a 37,7 % en 2025. Este dato desmiente el argumento oficial: no hay “empleo formal” ni “modernización” si el número de asalariados registrados cae y la precarización trepa.

Para los sectores populares, jóvenes, mujeres, trabajadoras de la salud, estatales, monotributistas y quienes viven en la periferia, la reforma significa precariedad, vulnerabilidad, salarios bajos y inseguridad permanente.

No es ajuste, es transferencia de poder hacia el capital

No se trata únicamente de recortar derechos. Esta reforma busca cambiar la correlación de fuerzas entre trabajo y capital: debilitar sindicatos, eliminar conquistas históricas, someter al trabajador a la arbitrariedad empresarial, y convertir la necesidad de empleo en sometimiento.

Es una transferencia de poder de quienes producen —la clase trabajadora— hacia quienes lucran con su fuerza de trabajo: empresas, corporaciones, bancos y grandes capitales.

¿Qué hay que hacer para frenarlo?

Desde la izquierda, los sindicatos combativos, las organizaciones sociales y el movimiento de base se impone:

• Denunciar la reforma como parte de un paquete reaccionario que profundiza la crisis laboral y social.
  
• Exigir que se mantengan todos los derechos laborales —jornada de 8 horas, indemnización justa, negociación colectiva, estabilidad, aportes previsionales— y que se deroguen los artículos regresivos.
  
• Impulsar un plan real de creación de empleo: obra pública, viviendas, presupuesto para salud y educación, control estatal sobre monopolios, impuesto a grandes fortunas y capitales, suspender el pago de la deuda externa y destinar esos recursos al trabajo digno.
  
• Al igual que la ejemplar lucha que dio el Garrahan, hay que preparar una movilización nacional del movimiento obrero, estudiantes y jubilados, con un plan de lucha integral que confronte el ajuste y denunciando a la burocracia sindical que pacta semejante entrega. La jornada del 19 y 20, uniendo los reclamos en memoria del argentinazo es una gran instancia para lograr la movilización de miles.
  

Porque esta reforma no sólo golpea a quien trabaja: amenaza con desmantelar lo poco que quedaba de derechos en la Argentina. Y frente a eso, la única salida es la organización y la resistencia popular.

Asimismo, la propuesta de “modernización” laboral del gobierno no es la única, hay otras, entre ellas, se encuentra el proyecto presentado por Vilma Ripoll que defiende la ampliación de derechos de los trabajadores. Al final te dejamos un cuadro comparativo de ambos proyectos: