Ayer por la tarde la Mesa de Enlace -entidad que agrupa a la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, las Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria Argentina– anunció un paro patronal para el 13 de julio. La medida, según los responsables de la misma, nace por la faltante de abastecimiento de combustible que afecta a todo el país, provocado por el aumento del precio internacional a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. De esta forma las diferentes sectores del agro lanzaron este paro con tono amenazante hacia el gobierno. En el texto que hicieron circular recalcaron que: “resulta urgente el acceso al gasoil y a los fertilizantes para evitar una parálisis total del aparato productivo”. De llevarse a cabo la “jornada federal”, la medida contemplará el cese de la comercialización de granos y ganado.
Más allá de la problemática existente con el suministro de las fuentes energéticas en el país, las patronales agregarias favorecidas reclaman que: “también es necesario que haya menos intervenciones dañinas, que se baje el gasto público y que se ponga fin a la crisis energética”. Toda una farsa ya que, si el gobierno ha intervenido es en reaseguro de este sector que está viendo ganancias extraordinarias por el precio de los commodities, como la soja que volvió a estar un USD 610 la tonelada. El sumun de esta situación, es que Alberto ni siquiera ha avanzado con el magro impuesto sobre la “renta inesperada”.
Esta presión ejercida por los grandes terratenientes nucleados en la Mesa de Enlace, tiene un carácter de extorsión para hacerse del combustible necesario a fin de poder asegurar su nuevo ciclo de cosecha. Sin embargo, contrariamente a la denuncia de que se están quedando sin stock, ninguna asociación ha denunciado quedarse sin gasoil. Nicolás Gandini, periodista especializado en energía de EconoJournal, en el programa Pasaron Cosas de Radio Con Vos, dejó en claro que ante tal situación grandes sectores de productores se han armado de sus propias bombas para mantener el abastecimiento propio.
Por lo dicho queda en claro que la medida busca conquistar otros resultados, más que la resolución de la crisis energética. El pedido para que haya “menos intervenciones dañinas”, hace referencia a un pedido que este año sobrevoló la discusión del sector: la eliminación de cualquier tipo de retenciones. Esto no son deseos descabellados o sin asidero en un gobierno que hasta colocó un ministro Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a medida de estos sectores, Julián Domínguez.
Lejos de ser “a favor de todos”, como indició Elbio Laucirica de la Federación Agraria, la medida es sectorial y por los intereses de un puñado sumamente privilegiado. Ante la suba de los precios de los commodities que estos sectores producen, su avaricia se ha mostrado sin tapujos a lo largo de este año, queriendo traspasar los precios del mercado exterior al interior, empujando aún más la corrida inflacionaria que sufre el conjunto de los trabajadores y sectores populares.
Si bien la medida está anunciada, los representantes de la Mesa de Enlace no descartan anularla si el gobierno responde a sus pedidos. Algo que, con la situación social y económica, y si se quiere mejorar la situación de los sectores más postergados, no puede ocurrir. Mientras estas empresas, porque no son pequeños productores, ganan a raudales, hay un 40% de la población hundida en la pobreza. Son momentos de pensar y aplicar medidas diferentes donde los afectados sean estos sectores que hacen sus riquezas a costa explotación de nuestro suelo y contaminando nuestros alimentos.
El problema sobre la crisis energética no se va a solucionar con un paro patronal. Se requiere un cambio en la matriz que termine con la herencia menemista. En el caso de lo que respecta a los combustibles, hace falta una reestatización plena de YPF para poder controlar desde el Estado y de forma democrática con sus trabajadores y usuarios, toda la cadena de producción y comercialización del petróleo y el gas y poniéndolos bajo control social. De esa forma se van a terminar las subas permanentes en los precios y la especulación de las privadas, que más se nota en tiempos de crisis.
Además, la política recaudatoria debe cambiar y regir una donde se aplique un fuerte régimen de impuestos y retenciones sobre los sectores más grandes; diferenciando claramente lo que tienen que tributar los grandes productores y grandes exportadoras, de los medianos productores y todavía más de los pequeños, que tienen que tener una carga menor. También, para que estas extorsiones patronales dejen de ocurrir, hay que aplicar un plan de nacionalización de la tierra y reforma agraria que liquide la gran concentración terrateniente y otorgue tierras a las comunidades, a los trabajadores rurales y a la producción familiar, contemplando un paradigma productivo que prohíba la utilización de agrotóxicos y todo producto que afecte a las poblaciones y el ambiente.