El pasado viernes por la mañana nos enteramos la estremecedora noticia de un nuevo caso de violación grupal, esta vez en la provincia de Mendoza, donde un grupo de 3 hombres violaron a una joven venezolana de 29 años, que se encontraba en situación de calle.
Apenas ha transcurrido un mes de la repudiable violación grupal en Palermo que enfureció al movimiento feminista, todavía no se cumple un mes del último 8M que nos encontró a miles en las calles; y otra vez vuelve la indignación al enterarnos que en nuestra provincia una joven mujer fue violada por 3 hombres durante la madrugada, bajo el canal donde dormía.
La impunidad a la que patriarcado nos tiene odiosamente acostumbradas es la misma, una vez más volvemos a denunciar que vivimos expuestas, de día, de noche y en cualquier barrio. No hay políticas públicas que se ocupen de nuestra seguridad.
Este caso evidencia con total claridad la desigualdad de género y de clase estructural a este sistema, de la cuales se beneficia. Se trata de una mujer joven, pobre y migrante, que no tenía hogar y a quien la cruda realidad a la que los gobiernos nos someten llevó a refugiarse en el canal Cacique Guaymallén para dormir. Repudiamos enérgicamente la complicidad de todas las instituciones, que llegan siempre tarde o no hacen nada; y reiteramos: el Estado y el gobierno son responsables por todas las violencias. Responsables de la violencia sexual en una sociedad que legitima, justifica y reproduce la subordinación de las mujeres; y responsables también de la violencia económica que nos ubica a las trabajadoras y desocupadas como principales afectadas por las políticas de hambre y de ajuste que llevan adelante, políticas que conforman un círculo vicioso de exclusión y opresión: frenan la independencia económica y excluyen a derechos básicos como la vivienda, la educación y la salud, al mismo tiempo que nos expone con mayor vulnerabilidad ante las agresiones.
Sin embargo, de ninguna manera esto apunta ser un descargo de palabras antes hechos que nos duelen. Estamos lejos de rendirnos y aceptar vivir violentadas. Por el contrario, exigimos el cumplimiento efectivo la Ley de Educación Sexual Integral. La ESI es fundamental para formar en el autocuidado y la prevención de los abusos. Así como también la aplicación efectiva de la Ley anti-violencia machista, que contempla casi todos los dispositivos necesarios para la asistencia integral pero que no se aplica por falta de presupuesto; y la ley de Patrocinio jurídico gratuito, para que ninguna mujer víctima de violencia de género desista de denunciar por no contar con recursos. Para conquistar estas deudas que el sistema tiene con nosotras es imprescindible continuar luchando organizadas. Desde Juntas y a la Izquierda y el MST en el FIT-U, ante este y todos los casos de los que día a día somos testigos -y en un nuevo aniversario del femicidio de Micaela García- llamamos a todas las organizaciones feministas a movilizarnos, exigiendo presupuesto para su cumplimiento. Plata para nosotras: para vivienda, trabajo, salud y protección, ¡no para el FMI!
Emilce López