A través del boletín oficial emitido el día viernes 7 de enero de 2022, se dio a conocer que el gobernador Rodolfo Suárez le asignó 12.351 hectáreas ubicadas en la zona de Campo Potreros de Cordillera – Norte en el departamento de Malargüe a privados para el desarrollo de un centro de ski. Este hecho ha desatado una polémica que va en aumento.
Primero hay que aclarar que los territorios afectados se ubican en zonas definidas como “de frontera” por la legislación nacional y pertenecen a la nación mediante Decreto Nº 3892/1967. Pero fueron entregados a la Provincia de Mendoza en posesión, aceptada a través de Decreto Nº 1551/1969. En este embrollo legal se ampara el gobierno provincial para justificar el haber cedido de forma gratuita un área de un valor incalculable para el negocio de unos empresarios. Según sus fuentes, el convenio con el Estado habilita que esta área puede ser asignada a un privado para fines de explotación.
A la fecha no se ha publicado ningún expediente del proyecto, no hay estudios de impacto ambiental, no se llamó a una audiencia pública ni existe una licitación pública, pero el gobierno responde que dado que las tierras no pertenecen a la provincia estos procedimientos no son necesarios ni posibles. Además afirman que puesteros de la zona han hecho una sesión de derechos para que la empresa pueda recibir la asignación de esos territorios. Sin embargo, existen reclamos de puesteros por la titularidad de esas tierras ya que son usadas como zonas de pastoreo. Ricardo Pont, el abogado de un puestero, realizó una presentación en Fiscalía del Estado. No obstante, dicha entidad ya emitió un dictamen a favor de la cesión de este predio el 22 de diciembre de 2021.
La oposición justicialista, encabezada por el senador Lucas Ilardo presentó ante el congreso un pedido de informe debido a las irregularidades presentes en la entrega de las más de 12mil hectáreas. Cabe destacar que en este sector de la cordillera existen humedales altoandinos y glaciares por lo que se estaría violando la ley de glaciares, la ley de flora y fauna y la ley de aguas de Mendoza al apropiarse del caudal del Río Valenzuela y otros arroyos. Mientras en la provincia el PJ aparenta oponerse a las decisiones de Suárez, el proyecto ya cuenta con el aval de la nación. Pues, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, se reunió el 7 de diciembre del año anterior con el gobernador de Mendoza donde se le informó acerca de este emprendimiento. El Azufre SA es la firma beneficiada por el gobernador de Mendoza. Sus dueños son Daniel Nofal propietario de Iplan, Alejandro Spinello y José Beccar Varela reconocido empresario inmobiliario. Se sabe que esta empresa instaló en esa zona de la cordillera en 2018 y de ahí en adelante comenzó a realizar sus obras. Actualmente el centro de ski se ya encuentra en funcionamiento y se anuncia la construcción de 7 hoteles y 10 restaurantes.
El Azufre SA también viene publicitando desde hace un año la propiedad de más de 12mill hectáreas. En resumen la empresa comenzó su negocio muchos años antes de que se emitierá el decreto. Ahora tiene el aval del Gobierno para apropiarse y explotar el territorio a su antojo. Aun no se sabe qué van a hacer con las zonas donde no se practique el ski.
Esta historia no es nueva para los habitantes de Mendoza o del país. Desde hace décadas somos testigos de cómo nuestro patrimonio y recursos naturales son entregados en bandeja de plata grupos privados o multinacionales extractivistas para que realicen sus negocios. De cómo nuestros gobernantes apelan a vacíos legales o directamente violan las leyes con total impunidad. De la complicidad del oficialismo y la oposición a la hora de aplicar políticas para que los ricos acumulen más riqueza.Mientras para el gobierno la destrucción del medio ambiente resulta imprescindible para recaudar los dólares necesarios para pagar la deuda externa.
Desde el MST en el FIT Unidad proponemos modelo productivo ecosocialista, sustentable, en función de las necesidades sociales, donde se prohíba toda actividad contaminante y donde toda decisión se avale por consulta popular. Al mismo tiempo repudiamos la apropiación de terrenos fiscales por parte de la burguesía. Proponemos expropiar la propiedad privada capitalista y establecer una reforma agraria que permita redistribuir democráticamente las tierras.
Mauro Sosa