Como veníamos previendo, el fin de año se recalienta en la provincia de Mendoza. Es que el gobierno de Cornejo pudo aprobar en las dos cámaras el proyecto megaminero San Jorge (PSJ), que se instalará al pie de la montaña en Uspallata. Para eso contó con el expreso apoyo de Milei, el PRO, el Partido Demócrata y de cinco senadores del Peronismo que acompañaron este proyecto a pesar de que el oficialismo no necesitaba sus votos, lo que demuestra una vez más la complicidad de estos sectores con una orientación extractivista y de reprimarización de la provincia.
Estamos hablando de un proyecto de minería metalífera a cielo abierto, que pretende extraer 40.000 toneladas de cobre, y para ello tienen que abrir un agujero de 1700 metros de largo y 950 de ancho en el cerro San Jorge. Además de literalmente abrir la montaña, el mayor peligro es el drenaje de del ácido de las escombreras y el depósito de colas que pondría en contacto directo a las aguas subterráneas con metales pesados. Esto pondría en riesgo de contaminación a la mayor cuenca que abastece la actividad productiva y el consumo humano de los habitantes del oasis del norte de la provincia. Son más de un millón y medio de personas, tres de cada cuatro mendocinos los que toman agua proveniente del acuífero Uspallata, que a su vez está conectado al río Mendoza y articulado hidráulicamente al río Tunuyán. No hay regalías del 3%, ni 850 puestos de trabajo, como declara la Declaración de Impacto Ambiental, que justifique poner en riesgo el agua que tomamos y que abastece la producción.
De activismo movilizado a miles en la calle
En las últimas semanas, fundamentalmente desde la aprobación del proyecto en diputados, creció exponencialmente la movilización en rechazo a la minera. Es que como no nos cansamos de decir, San Jorge no tiene licencia social. La población lo viene demostrando desde el 2011, y para nosotros no hay dudas de que la gran mayoría de los mendocinos no está de acuerdo con proyectos que pongan en riesgo el agua. Sin embargo las acciones que se venían organizando contaban con la participación de la vanguardia ambiental, del activismo militante del agua, nucleados en las diferentes asambleas, y partidos de izquierda. Esto fue importante para advertir los planes de Cornejo y desmentir su campaña de minería sustentable, pero no alcanzaba para frenar el proyecto.
Sin embargo, el martes 2 de diciembre, después de la aprobación en diputados, se convocó a un ruidazo en km0, y en pocos minutos la peatonal no fue suficiente para contener la cantidad de gente que se iba sumando, y esto culminó con una marcha masiva por las calles de la ciudad. Se notaba en el aire que algo había cambiado, se olía nuevamente el mendozazo del 2019.
Así llegamos al 8 de diciembre, día en que se aprobó en senadores. Desde la mañana se fue concentrando en la plaza independencia, frente a una legislatura doblemente vallada y con fuerte presencia policial. Allí fueron llegando las caravanas provenientes de Uspallata, San Carlos, Alvear y de todos los puntos de la provincia. Luego de la esperada aprobación del PSJ, con más votos de los que necesitaba el oficialismo, (de los 29 votos a favor, 5 fueron aportados por el PJ), nos encolumnamos nuevamente en la calle y marchamos hacia el nudo vial, y tras el hostigamiento de infantería volvimos a km0 donde se sostuvo el corte de la calle San Martín hasta las 19hs, esperando que llegue más gente al ruidazo después del trabajo.
A medida que pasaban las horas llegaban más y más vecinos, jóvenes, familias enteras, y se iba ocupando más calle. Fue así como se construyó la marcha más grande desde el 2019 en la provincia, configurando una columna de más de 20.000 personas gritando por toda la ciudad “el agua de Mendoza no se negocia”.
Represión y terror
No es novedad que en Mendoza está prohibida la protesta social, incluso antes del protocolo antipiquetes de Bulrich, por el código contravencional. Es por eso que hay trabajadores procesados por exigir mejoras laborales, como es el caso de los docentes o de militantes de movimientos sociales. Pero Cornejo tiene un especial ensañamiento con los activistas ambientales porque sabe que la movilización puede acabar con el proyecto minero y con sus negocios alrededor.
Es por esto que en febrero de este año la policía detuvo preventivamente a Federico Soria y Mauricio Cornejo, vecinos de Uspallata, acusados de pertenecer a una agrupación para la coerción ideológica, dicho en otras palabras, para el gobierno las asambleas que defienden el agua son organizaciones terroristas. También en octubre al finalizar una marcha contra el PSJ, fueron detenidos y golpeados Liza Rule y Martin Iglesias, en este caso no solo fueron golpeados por un comisario vestido de civil, sino que fueron encerrados ilegalmente dentro de la legislatura provincial.
Finalmente el pasado jueves 11 de diciembre después de una panfleteada y ruidazo convocado en Km0, al marchar un grupo por calle Garibaldi hasta el edificio de Canal 9 para escrachar a este medio por su complicidad con el gobierno y la minera. En ese marco los manifestantes fueron encerrados y cazados por la policía, esto terminó con 13 personas detenidas y fuertemente golpeadas como se puede ver en los videos publicados en redes sociales. Al día de publicación de esta nota todavía hay tres detenidos, por los cuales exigimos libertad inmediata.
Cómo seguimos para frenar el PSJ
Lo primero es seguir presionando para que salgan en libertad los compañeros que siguen detenidos, y después habrá que discutir en las asambleas que se organicen cuál es el plan de lucha más estratégico para frenar el avance del proyecto. Pero aquí queremos expresar una polémica con las asambleas y algunos activistas anarquistas, alrededor de las actividades a las que se convoca y la seguridad ante la represión.
Está claro que el gobierno de Cornejo va a reprimir cuando quiera, o mejor dicho cuando le convenga. Como se ha demostrado, cuando la movilización es grande, cuando somos miles en la calle, el gobierno no se anima a reprimir, porque aprendió de la experiencia del 2019. Sin embargo, cuando las acciones son pequeñas da la orden de arrestar, golpear y detener activistas. Esto no solo es un problema porque no queremos compañeros detenidos y golpeados, también es un problema táctico a los fines de detener el Proyecto San Jorge, porque desvía la atención del problema principal, desvía los esfuerzos del activismo que se tiene que concentrar en la liberación de los detenidos, y habilita a la prensa burguesa amiga del gobierno a falsear la realidad poniendo en tapa a los supuestos “policías heridos” o los “manifestantes violentos”.
Desde la Red Ecosocialista y el MST en el FIT Unidad, creemos que tenemos que concentrar los esfuerzos en convocar y garantizar acciones masivas sean concentraciones, movilizaciones o cortes de calles o rutas, ya que acciones más pequeñas no sólo son insuficientes para el objetivo de tirar abajo el proyecto San Jorge, sino que, como viene sucediendo son blanco de represión y persecución de compañeros. El gobierno se juega al desgaste y al disciplinamiento por medio del terror, para asustar a la gente que se quiere movilizar, por eso filtran los videos de las body cam de los policías. Nosotros creemos que debemos discutir en las asambleas como generar nuevas acciones masivas alrededor de hechos importantes que vuelva a convocar a miles.
Ahora tenemos por delante la marcha del 18D para enfrentar la reforma laboral, es una movilización llamada por la CGT sin un plan de lucha, pero debemos aprovecharlo para repudiar esa reforma, y aquí en Mendoza también para seguir movilizando contra el PSJ. Y después de eso tenemos que organizar nuevas actividades coordinando con las asambleas del resto de la provincia y hacerlo alrededor de momentos claves que vendrán de la mano del avance del proyecto minero.
Tenemos la confianza de que se puede frenar este proyecto que va a contaminar el agua y pondrá en riesgo todo el oasis mendocino. Si pudimos hacer caer una ley en 2019 y restituir la 7722, podemos frenar este proyecto. Pero la condición necesaria es generar acciones masivas que golpeen al gobierno de Cornejo y que a la vez impidan la represión con la que quieren amedrentarnos. Nosotros nos ponemos a disposición de esta tarea y llamamos a todos los mendocinos y mendocinas a sumarse para dar esta pelea en unidad.
