El pasado lunes 10 abril, diversos medios locales noticiaron acerca de la cifra de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) que han tenido lugar en la provincia desde que entró en vigencia la Ley 27.610, en enero de 2021. La cifra provincial asciende al número de 6.809 interrupciones, según el informe presentado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ante la Cámara de Diputados.
Dicho informe expresa que, de acuerdo con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) del Ministerio de Salud, “en el año 2021 se registraron en todo el país 73.487 interrupciones y en 2022, 79.830”, y aclara que esto incluye tanto IVE (interrupción voluntaria del embarazo) como ILE (interrupción legal del embarazo), sin especificaciones.
En el caso de la provincia de Mendoza, se registraron 2.916 procedimientos en el año2021 y 3.893 en 2022. Las cifras arrojadas por la DNSSR son similares a las registradas por el Programa Provincial de Salud Reproductiva. Valentina Albornoz, jefa del Programa, remarcó también que “se mejoraron las vías de acceso”, haciendo hincapié en que se garantizó la práctica en todos los hospitales y centros de salud; y que los obstáculos para acceder a la misma son “las dificultades propias de una práctica que tiene sus tamices personales y, sobre todo, de ser algo nuevo”.
Desde Juntas y a la izquierda y el MST en el FIT-U celebramos el triunfo que implicó para las personas con capacidad de gestar la conquista de esta ley incluso con todas las trampas que denunciamos, siendo quizás la mayor de ellas la ley la objeción de conciencia -incluso institucional- impuesta por Alberto Fernández. Asimismo, celebramos la reducción de la tasa de muertes por aborto casi a la mitad respecto a 2020, previo a la entrada en vigencia de la ley.
Sin embargo, consideramos fundamental remarcar las enormes dificultades que enfrentamos a la hora de intentar acceder a este derecho. La falta de información clara y certera, sin canales de comunicación eficientes lleva a que muchas personas no sepan a dónde deben acudir o cómo deben solicitar la práctica. A esto se suman las condiciones precarias del sistema de salud provincial, con médicos objetores de conciencia, falta de personal en hospitales y centros de salud, o turnos y horarios reducidos.
Párrafo aparte merece la situación en obras sociales, con médicos objetores de conciencia que ni siquiera dan referencia a las afiliadas sobre lugares y profesionales que realicen la IVE, enormes trabas burocráticas y considerables demoras para realizar los reintegros correspondientes. Muchos de estos casos “privados” no llegan al hospital o al centro de salud, y se estima que son unos 300.000. Por lo cual solo están registrados en las cifras oficiales poco más del 20% de todos los casos.
Todas estas situaciones llevan a que el grueso de las trabajadoras vea su derecho de acceso a la interrupción del embarazo, por la vía de los hechos, profundamente limitado, y deban recurrir –las que pueden- al sistema privado, cuyos precios rondan los $ 40.000; apelando a las redes de contactos de las organizaciones feministas y de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que en el ámbito provincial es muy reducido.
También cabe mencionar dos hechos más: por un lado, que en estos dos años se editaron diferentes protocolos sobre IVE e ILE en casos de violación y un programa de formación sobre abuso sexual en menores de 15 años; pero seguimos sin tener educación sexual integral (ESI) real en todo el sistema educativo, herramienta clave para prevenir la violencia de género y los abusos, cuyo 80% es intrafamiliar. Por otro, que los antiderechos presentaron más de 30 amparos a nivel nacional para frenar la aplicación de la ley, pero fueron rechazados; sin embargo, siguen detenidas más de 1.500 mujeres por causa de aborto, y se persigue a profesionales de la salud que garantizan la práctica, como a la médica Miranda Ruiz de Tartagal, Salta.
Señalar estas falencias y limitaciones nos permite confirmar la vigencia los reclamos que hoy seguimos levantando. Sabemos que con la aprobación de tal o cual ley no alcanza, sino que es preciso seguir organizadas y movilizadas para que el gobierno asigne presupuesto suficiente y se aplique en forma efectiva, para lograr la plena aplicación de ESI en todos los niveles educativos, por la separación de la Iglesia y el Estado, por el cese a la persecución a les profesionales de la salud que garantizan este derecho, y para que en toda la provincia y en todo el país el derecho a interrumpir el embarazo se garantice sin objeciones religiosas, trabas burocráticas ni demoras de ningún tipo.
Emilce López