El jueves 5 de mayo, con 241 votos positivos, 8 negativos y ninguna abstención, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. Esta ley reforma la ley anterior, que tenía más de 30 años de antigüedad, incorporando varios avances positivos en cuanto al acceso universal y gratuito a los medicamentos, los controles de seguimiento y los tratamientos médicos necesarios frente a dichas enfermedades.
Este avance en materia de derechos no es un mérito del gobierno sino de las numerosas organizaciones sociales que desde hace años vienen peleando por ella, nucleadas en el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y Hepatitis. En concreto, desde hace siete años el Congreso había cajoneado cuatro proyectos. Entretanto, se producen 13 muertes por día a causa del sida o enfermedades derivadas. Además, en una linda casualidad, esta ley se logra en la misma fecha en que, hace diez años, conquistábamos también la media sanción de la ley de matrimonio igualitario.
Los ocho diputados dinosaurios que votaron en contra de la nueva ley de VIH son cuatro “libertarios” y cuatro de Juntos por el Cambio:
• Javier Milei y la defensora de genocidas Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), “porque agranda el Estado” y “destruye al sector privado”. Y José Luis Espert y Carolina Píparo (Avanza Libertad), porque “no hace falta romper mercados y obligar a empresas a atender gratis, prohibir despidos y crear jubilaciones especiales para cuidar a los que padecieron VIH”.
• También se opusieron cuatro diputados de la alianza macrista-radical: Francisco Sánchez, Pablo Torello, Paula Omodeo y Ricardo López Murphy.
Con una perspectiva de derechos humanos y de género, la nueva ley incluye además el beneficio de una pensión no contributiva de un salario mínimo, vital y móvil para aquellas personas enfermas en situación de vulnerabilidad social, reduce los requisitos jubilatorios y crea mecanismos para prevenir y sancionar la estigmatización, tan frecuente en estos casos. Ahora bien; es fundamental que de aquí en adelante el gobierno garantice los fondos presupuestarios suficientes para que la aplicación de la nueva ley sea efectiva. Si no, como lamentablemente ocurre con las leyes de ESI o de identidad de género, estos logros jurídicos que tanto costaron se desvirtúan en gran medida.
Por otra parte, el Estado debería avanzar en la producción pública de antirretrovirales, que en la ley aparece sólo como una declaración de buenas intenciones. Dichos medicamentos son de alto costo, lo que se reduciría muchísimo si se compran las drogas madres -en China o India, por ejemplo-, pero se procesan y fraccionan en los laboratorios estatales de nuestro país. Asegurar la provisión de los antirretrovirales en tiempo y forma es imprescindible para evitar que su falta genere resistencia en las defensas de les pacientes. Una vez más, se demuestra que la organización y la movilización son la única garantía para obtener derechos, defenderlos y garantizar que se cumplan en la realidad.
