El matutino La Nación puso este jueves 21 de julio, en un artículo de la tapa de la edición impresa, la coincidencia entre los tres candidatos con más posibilidades de acceder a la presidencia. Si sumamos a Milei, podemos concluir que la derecha en todas sus fracciones quiere reforzar la legislación represiva contra la juventud con la excusa de frenar la inseguridad. Grabois dice coincidir con la izquierda en su oposición a esta medida, pero su campaña tributa a la candidatura de Massa.
Desde Juntos por el Cambio, Larreta acaba de anunciar sus propuestas para combatir el delito en su campaña electoral en Rosario, en una comitiva integrada por su vice represor del pueblo jujeño, el gobernador Gerardo Morales, y el reciente ganador de la PASO santafesina, el acusado por los propios dirigentes de JxC de sostener acuerdos con el narcotráfico, la “nueva estrella de Santa Fe”, Maximiliano Pullaro.
Allí, el candidato presidencial sostuvo: “Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Así vamos a evitar que los chicos entren al mundo del delito. Que no sean usados como soldaditos de los narcos”. En consonancia con su jefe, el candidato larretista a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, tiene presentado un proyecto que ubica la edad de imputabilidad entre los 15 y 18 años.
La autoproclamada derecha “moderada” y del consenso confirma como ya lo hizo Morales en Jujuy que no tienen diferencias con las posturas más represivas, aunque cínicamente intenten justificarlas con la excusa de proteger a la juventud y la niñez.
La otra precandidata de JxC, la “dura” Patricia Bullrich, no necesita apelar al doble discurso. Su candidato a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el otrora ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, impulsa en el Congreso un proyecto de baja de la edad de imputabilidad en el que puede leerse, entre otros considerandos: “Este proyecto trata de alejarse de soluciones edulcoradas que, detrás de discursos que ensalzan las delicias de la infancia y aborrecen el punitivismo, devuelven a los menores a la calle donde seguirán perdiendo esa infancia y quizás hasta la vida”.
Finalmente, el principal candidato presidenciable de Unión por la Patria, el ministro candidato Sergio Massa, tiene presentado a través del diputado de su espacio político Sergio Gutiérrez, un proyecto que aparte de la baja de la edad plantea recortar el margen de discrecionalidad con el que contarían los jueces, endureciendo el régimen actual. Entre las 10 medidas cautelares propuestas, que el juez podrá imponer al joven imputado durante el proceso judicial pueden contarse el arresto domiciliario, la prohibición para salir del país o de asistir a determinadas reuniones, la conducción de vehículos o la imposición de embargos o depósitos preventivos a los padres de entre 50 mil a 10 millones de pesos.
Según el matutino porteño, “fuentes cercanas al candidato de UP eludieron confirmar cuál será la postura que finalmente sostendrá”, ya que “se presume que generaría incomodidad con sus socios del kirchnerismo, que tienen una mirada más garantista y menos punitivista”. O sea que Massa viene adaptando su relato discursivo actual a los socios electorales. Mientras no dice nada, por ahora, del proyecto de baja en la edad de su corriente, de la misma forma que guarda un silencio cómplice sobre la brutal represión implementada por el hasta hace poco socio político, el represor del pueblo jujeño, el gobernador Morales.
Al artículo que comentamos le faltó una mención explícita a Milei. Este personaje al que le gusta denominarse como anarco capitalista viene, dada la enorme bronca y confusión que provoca la decadencia del actual sistema político entre muchos jóvenes, acercando voluntades que piensan que encara un cambio real. Sin embargo, el supuesto león rebelde, lejos de criticar a la “gorra” y el aparato represivo tan repudiado por los jóvenes, lo que pretende es reforzarlo y una política de persecución de la juventud, claramente explicitada en su plataforma electoral.
En su propuesta electoral no solo defiende la baja de la edad de imputabilidad, sino que pretende que los militares se hagan cargo de las cárceles y se involucren en el manejo de la seguridad interior, propone una suerte de Estado policial, con el reforzamiento de la actual y corrupta policía, alentando y facilitando la práctica del gatillo fácil, la eliminación de toda legislación que proteja los derechos de los procesados, cambiando el actual régimen procesal para que los jueces puedan, aún más discrecionalmente, meter presos a los jóvenes imputados por delitos.
Para combatir la inseguridad hay que empezar por disolver el corrupto y represivo aparato policial
Existen al menos dos grandes factores que explican el avance de la inseguridad. El primero es la enorme degradación social con que los planes de ajuste de todos los que han gobernado este país han llevado a un injustificado aumento de la marginalidad social. A índices históricos de pobreza, en los cuales 7 de cada 10 pibes son pobres en la provincia más grande del país. A la falta total del derecho a una vivienda digna, a la alimentación, a la salud y educación gratuitas y de calidad, a las oportunidades de tener un trabajo con un salario digno, que sufren millones de niños y jóvenes.
La otra es la complicidad institucional con las mafias del delito, entre ellas con el narcotráfico. Las zonas liberadas dejadas por la policía, las denuncias sobre la compra de comisarías, los altos jefes denunciados -y solo alguno encarcelado- son parte de un sistema que es avalado por un poder político y una justicia cómplice.
Como señaló recientemente el candidato a gobernador de Buenos Aires por la lista “Unidad de los luchadores y la izquierda” (MST-PO) en el FIT-Unidad y dirigente del MST, Alejandro Bodart, en un reciente reportaje de Página12: “nosotros disolveríamos la Policía Bonaerense porque no tiene reforma. La Bonaerense es el delito. Hay que disolver ese monstruo. Haríamos otro tipo de fuerza prevención con la prohibición de reprimir la protesta social, y donde se elija al comisario por voto popular, con otra calidad humana y otra formación. Y con la justicia haríamos algo similar, hay que hacer una tabla rasa de arranque. Que los jueces y fiscales se elijan por el voto popular y cada cuatro años se reelijan. La realidad es que nosotros propondríamos centralizar los recursos, pero que decida la población. Si no, los gobernantes por cuatro años son reyes. Queremos poner todo en debate con asambleas populares”.
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El régimen político y social, sostenido por todas las variantes de la casta, es el responsable de un aumento inusitado de la marginalidad y la pobreza, es el que permite que haya un millón y medio de jóvenes ni-ni (no trabajan ni estudian) y es el que crea la condiciones para que una pequeña parte de esos jóvenes marginados sean usados por las mafias del delito como “soldaditos”.
Junto con disolver la policía, proponemos un plan de shock de inclusión social juvenil dirigido a lxs pibes ni-ni. Justamente, se trata de aplicar un programa urgente de becas educativas a valor suficiente y un programa de primer empleo con salarios dignos para dar una perspectiva positiva a sus vidas: estudio y laburo.
Este sistema institucional, cuyas fuerzas represivas no están orientadas para combatir el delito, ni para de defender la soberanía, sino para reprimir las protestas sociales es cómplice de todas las mafias. Por eso, aquellos que como Grabois, dicen coincidir con la izquierda y las fuerzas democráticas y progresistas en su repudio al aumento de la represión sobre los jóvenes, pero no rompen con los representantes de este sistema, como Unión por la Patria y su presidenciable Massa, terminan en última instancia llevando votos para ese molino. Funcionan, además, como un muro de contención que intenta acercar a aquellos que, hartos de tanta mentira y traición a las promesas vertidas, quieren emigrar hacia los únicos que tenemos un programa capaz de enfrentar el crecimiento de la inseguridad, la izquierda consecuente agrupada en el Frente de Izquierda Unidad.
Hasta ahora la política de incrementar el gatillo fácil y la represión policial a los jóvenes, como alentó en su momento la gobernación del PJ de Ruckauf, la política de aumento de las penas impulsada por Blumberg, y todos los giros represivos no sirvieron para nada. Solo cambiando las condiciones sociales de millones, la inequidad y desigualdad social que generan los defensores de este sistema capitalista, y cambiando de raíz el régimen policial e institucional cómplice del delito que nos gobierna, podremos avanzar contra la inseguridad.
Eso solo puede realizarse de la mano de la izquierda consecuente. Para apoyar estas propuestas el próximo 13 de agosto, apoya con tu voto a la fórmula Solano – Ripoll en la interna del FIT-Unidad.