El 15 de octubre de 2012, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los ex militares Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de dieciséis homicidios y declaró a estos asesinatos cometidos en 1972 como delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, después de 37 años de democracia burguesa en donde se sucedieron largos períodos de gobiernos peronistas y radicales, la masacre de Trelew sigue impune, ya que a los principales responsables del poder político-militar no se los juzgó, y para aquellos que fueron juzgados, no hubo condena firme.
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, cuando mandaba en Argentina la junta militar dirigida por el general Alejandro Agustín Lanusse, y era ministro del Interior el ex diputado de la UCR, Arturo Mog Roig, un grupo de militares de la Armada fusiló a diecinueve presos políticos en la base Almirante Zar de Trelew. El jefe de la base al momento de los crímenes, capitán de fragata Rubén Paccagnini, murió en 2019 sin condena firme, y por lo tanto, en libertad. Tampoco tuvo condena firme el ex marino y juez ad-hoc de instrucción militar de los hechos, el encubridor Jorge Enrique Bautista; mientras que el teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, uno de los ejecutores que tuvo un rol preponderante en la masacre, no pudo ser juzgado por estar prófugo en Estados Unidos con un proceso de extradición todavía abierto.
En aquel período, en Argentina ya se vivía una feroz represión y persecución contra dirigentes obreros, militantes revolucionarios y defensores de los presos políticos por enfrentar a la dictadura. La movilización obrera y popular había echado a los presidentes de facto Onganía y Levingston. Ante el ascenso de las luchas, Lanusse promovía el GAN (Gran Acuerdo Nacional) para negociar con la burguesía y el peronismo una salida electoral.
Una semana antes de la masacre, veinticinco presos políticos pertenecientes a las organizaciones FAR, ERP y Montoneros, conseguían fugarse de la cárcel de máxima seguridad de Rawson, de los cuales seis – Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna (ERP), Roberto Quieto y Marcos Osatinsky (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros) – tras secuestrar un avión comercial escaparon a Chile, y desde allí a Cuba.
Los diecinueve restantes no alcanzaron a abordar el avión. Luego de ser cercados por tropas de la Armada, aceptaron rendirse después de pactar con los jefes navales que serían devueltos a la cárcel de Rawson con todas las garantías, en una negociación presenciada por un juez federal, abogados y periodistas. No obstante, en lugar de ser llevados a la cárcel de Rawson, fueron alojados en la base aeronaval y allí se los ejecutó.
Increíblemente, tres de los ejecutados sobrevivieron: después de ser ametrallados por el grupo de oficiales y un suboficial, los ruidos de las balas atrajeron a soldados conscriptos que llegaron hasta el lugar de la masacre y su presencia inhibió a que los ejecutores terminaran de rematar a los sobrevivientes. Pese a los medios de información de la burguesía que, a través de diarios, radios y la televisión, pretendieron encubrir el crimen como un intento de fuga de los presos políticos, el montaje de la infamia se fue conociendo por los testimonios de sus sobrevivientes: Ricardo Aidar, Alberto Camps y María Antonia Berger. Los tres serían asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.
La masacre de Trelew es considerada como el hecho inaugural del terrorismo de estado en la Argentina, como metodología sistemática para combatir a las organizaciones políticas armadas, y para desaparecer a las nuevas direcciones obreras y estudiantiles emergentes sin las limitaciones que impone la ley. Este fusilamiento dio comienzo al plan clandestino de represión, cuyo momento de mayor contundencia fue la última dictadura cívico-eclesiástica-militar.
Hoy, en la entrada de la Base Almirante Zar existe un monumento recordatorio que dice «En esta unidad de la Armada Argentina, el 22 de agosto de 1972 se cometió la Masacre de Trelew. También fue utilizada como centro clandestino de detención de la última dictadura cívico-militar».
Mientras tanto, seguimos con atención el actual proceso de extradición de Roberto Guillermo Bravo en los Estados Unidos, que está a la espera de que el juez interviniente emita su sentencia. Por ello nuestro reclamo continúa: ¡juicio y castigo a todos los responsables!
Contribución: Tomás Vázquez