Este 26 de junio se cumple un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda. Transcurrieron 22 años de ese mediodía gris, donde las organizaciones sociales y piqueteras se movilizaban al Puente Pueyrredón y fueron recibidas por una brutal represión que se cobró la vida de dos jóvenes militantes: Darío Santillán de 21 y Maximiliano Kosteki de 22 años de edad. Este artículo se presenta en pos de mantener la memoria viva como método de lucha, encaminada en el continuo reclamo de cárcel común y castigo a los responsables materiales y políticos de la muerte de Darío y Maxi. Así también, creemos necesaria la memoria, para seguir construyendo una alternativa que enfrente todo el plan del gobierno de Milei.
Contexto político del 2002
La historia argentina es atravesada por continuas luchas políticas, el Argentinazo fue un levantamiento particular, que se llevó puesto a cinco presidentes en menos de 15 días. Este alzamiento popular fue la respuesta del pueblo tras el ajuste aplicado, año tras año, por gobiernos burgueses, resaltando particularmente al gobierno del Partido Justicialista de Carlos Menem, que comenzó en los años 90 y que colocó a Domingo Cavallo como superministro y su continuidad con el radical Fernando de la Rúa, representante de la Alianza, que lo mantuvo en su cargo.
El plan de entrega de los bienes comunes que respondía a los mandamientos del Fondo Monetario Internacional, el desmantelamiento de la industria nacional, el famoso “corralito”, la estatización de deudas privadas y el remate de empresas estatales, dejó un tendal de desocupados, pueblos hundidos en la miseria, infancias desnutridas y salarios de indigencia, que fueron el motor de una bronca que causó una gran crisis social y logró que al grito de “que se vayan todos”, las clases populares protagonizaran una rebelión que embistió el viejo régimen político en nuestro país, cortando con la alternancia bipartidista que nos caracterizaba.
Toda la dirigencia de los partidos tradicionales desconfiaba de sí, por haber sido sorprendida por la política de los de abajo en un estallido sin precedentes. Este temor de los poderosos los llevó a cuestionarse seriamente cómo no sucumbir ante la unidad de trabajadores ocupados y desocupados, buscando una respuesta entre los gobernadores del PJ, y fueron ellos, con Néstor Kirchner incluido, quienes exigieron al presidente interino, Eduardo Duhalde, “mano dura”, a fin de “controlar la calle”.
Pasados los seis meses de aquella rebelión, la calle seguía en manos del pueblo organizado. El 26 de junio del año 2002, miles se movilizaban desde la estación Avellaneda por H. Yrigoyen y desde Plaza Alsina por Avenida Mitre, hacia el Puente Pueyrredón, exigiendo trabajo genuino, aumento de los programas sociales (Jefes y Jefas de Hogar, que en ese momento eran de $150.-) y alimentos para los comedores populares.
De forma brutal y planificada, las columnas fueron embestidas por un operativo conjunto de las fuerzas armadas, incluyendo la policía federal, la maldita bonaerense, gendarmería, prefectura y la ex SIDE. La represión a los manifestantes fue una decisión política del presidente interino Eduardo Duhalde y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, ambos representantes del Partido Justicialista. Duhalde, explicitó que su plan era impedir que los manifestantes ingresaran a la Ciudad de Buenos Aires y para ello, utilizó todas las herramientas represivas, mediante la persecución, el hostigamiento y la cacería humana, disparó todo tipo de gases, balas de goma, y balas de plomo, que no sólo se llevaron la vida de dos jóvenes, sino que hirieron a más de 30 manifestantes.
En aquellos tiempos, como en la actualidad, el rol de la prensa independiente fue clave, no sólo para reconstruir el vil asesinato de los compañeros, sino para construir un discurso que contrarreste al publicado por los medios hegemónicos, que indicaban que “los piqueteros se mataron entre ellos” o que “la crisis se había cobrado dos nuevas muertes”, intentando cubrir con un manto de impunidad a los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
La respuesta en las calles fue inmediata, alejándola cada vez más del dominio del poder político. Esa misma noche, la gente desbordó el Puente Pueyrredón, sorteando las postas policiales y manteniéndose firmes a pesar del gran apagón que propició el gobierno, de esta forma, la movilización llegó a Plaza de Mayo. Los días posteriores, las movilizaciones continuaron. Los trabajadores, ocupados y desocupados, organizados en agrupaciones piqueteras, sociales, asambleas barriales y la izquierda, lograron derrotar al gobierno y hacer trizas los sueños de Duhalde de perpetuarse en el poder, teniendo que llamar a elecciones anticipadas. El movimiento de masas derrotó, de esta forma, el intento de giro represivo e inclinaba la balanza del lado del movimiento popular, una vez más.
Acá no hay olvido, nunca nos vamos a reconciliar
El 26 de junio se volvió una fecha clave en el desarrollo de la movilización popular, desde aquel día, cada aniversario encuentra a las organizaciones combativas en el mismo escenario. La continuidad de la movilización y la lucha por la memoria logró una justicia parcial, llevando a la cárcel común a los responsables materiales del asesinato de los compañeros, el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta.
La organización por la exigencia de una verdadera justicia, declarando el asesinato de Darío y Maxi como un verdadero crimen de Estado, continua hasta el día de hoy, ya que las causas judiciales de los responsables políticos siguen sin avanzar, siendo estos, en primer lugar el ex Presidente Duhalde; el ex gobernador Solá; el ex secretario general de la presidencia y ex ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; el ex secretario de Seguridad Interior, Juan José Álvarez; el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasoff; el ex ministro del Interior, Jorge Matzquin; el ex ministro de Justicia, Jorge Vanossi y el ex ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien fue miembro de la Corte Suprema de Justicia bonaerense hasta abril de este año, Luis Genoud. Gobierno tras Gobierno, comenzando con Néstor Kirchner hasta la actualidad, tomaron la decisión política de continuar con la impunidad, acordando con el régimen político y la justicia cómplice, de no avanzar en un debido proceso hacia estos miembros de la casta política; algunos no contentos con eso, también los hicieron parte fundamental de sus Gobiernos pintados de democráticos.
Contra los Duhalde de ayer y los Milei de hoy: ¡Todos al Pueyrredón!
Desde nuestro Movimiento Teresa Vive y el MST en el FIT-U, junto a los familiares, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y piqueteras, nos haremos presentes en la ex estación Avellaneda, para marchar al histórico puente reclamando memoria, verdad y justicia por Darío y Maxi.
Sin embargo, no podemos obviar que la movilización se realizará en una nueva coyuntura política y social, que vuelve a utilizar las herramientas represivas como respuesta a la lucha popular. El gobierno de Javier Milei, de la mano de la vieja conocida Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación, tienen la intención de aplicar un protocolo represivo que controle las calles, en un intento de cambio de régimen hacia uno más represivo y autoritario. Como lo hemos demostrado con gobiernos anteriores que han intentado, mediante la represión, socavar la movilización, las calles son del pueblo y del pueblo permanecerán.
La represión es la forma de responder al pueblo movilizado ante una pobreza, como en aquel entonces, ascendente. El hambre como crimen social es aun mas cruel cuando se esconde la comida para los comedores populares. Necesitamos de la mas amplia unidad en las calles para derrotar todo el plan de ajuste del gobierno de Milei y entierrar definitivamente la impunidad de los Duhalde de ayer.