El 26 de octubre hubo una masiva concentración en Congreso. Cientos de cultivadores, usuarios y consumidores de cannabis se reunieron para exigir la libertad de lxs presxs por plantar. A casi un año del Decreto 883/2020 “Programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”, siguen las deudas del Estado con la comunidad canábica.
En noviembre de 2020, el gobierno nacional autorizó por decreto el uso medicinal de cannabis. Usuarios, médicos y cultivadores pueden inscribirse en un programa para obtener el certificado que habilita el uso de la planta. Un avance, pero parcial. Sin fondos para el Conicet e investigación científica, ni planes de formación médica que incluyan el aspecto natural ni control social de la producción, que queda en manos de farmacéuticas privadas, cientos de miles de personas quedan por fuera del acceso al cannabis medicinal.
Una orden del Ministerio de Seguridad dispone que quienes están registrados y autorizados en el Reprocan no deben sufrir allanamientos. Pero la página estuvo caída por dos meses. Hay personas registradas pero con la autorización atrasada, que quedaron en situación vulnerable. Recién en septiembre volvió a funcionar, pero muchos certificados siguen sin llegar.
Sólo en la Provincia de Buenos Aires hay al menos 35 personas presas por cultivar. La cifra crece con los casos no conocidos en todo el país. Como Máximo López, detenido desde febrero de 2021 en Sierra Chica por tenencia y con una causa sin pruebas por comercialización de estupefacientes. O Denise Moruzzi y Luciana, madre e hija detenidas por la tenencia de tres plantas en Vicente López, que estuvieron cinco meses con prisión preventiva en la cárcel de Olivos hasta lograr la domiciliaria. Ellas denuncian la carátula de su caso ya que, otra vez sin pruebas, se las acusa de comercialización.
En 2009, con el fallo Arriola, la Corte Suprema declaró inconstitucional “penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionen peligro o daño para terceros”. Pero la causa abierta contra ambas mujeres fue caratulada como tráfico de estupefacientes, hoy penada con 4 a 15 años de prisión[1]. ¿Cómo es que se plantea “regular” el cannabis con presas y presos por cultivar y con la ley de estupefacientes del menemismo, aún vigente?
Careta tras careta
En agosto pasado, Alberto Fernández dijo en una entrevista que “si el alcohol y el tabaco son legales, ¿por qué la ilegalidad está en la marihuana?” y propuso un debate “sin hipocresías”. Aun así, la legalización total del cannabis para uso medicinal o recreativo sigue sin debatirse en el Congreso y a diario vivimos las consecuencias.
La maldita policía sigue persiguiendo y amedrentando a la juventud por fumarse un porro. Y se suman las denuncias de causas armadas, que buscan construir la idea de “guerra contra el narcotráfico” para hacer campaña electoral, ya sea oficialista o del macrismo. ¿Pero acaso los narcos no tienen zonas liberadas y funcionan al amparo policial, judicial y político? ¿Acaso la Bonaerense de Berni y otras policías no obligan a les pibis a hacer “favores”, mientras el Estado mira para otro lado?
Si realmente queremos avanzar en un debate sin hipocresías, el Estado debería liberar a toda persona presa plantar, legalizar por completo la marihuana y desmantelar el aparato represivo que criminaliza a quienes fuman, cultivan o producen aceite. El tabaco y el alcohol producen muchas más patologías, por ejemplo, pero su consumo no está penalizado.
Siembra rebeldía, cosecha libertad
La lucha por el acceso al cannabis en todas sus formas lleva años en nuestro país y en el mundo. Es la lucha por la soberanía sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras tierras; por el acceso a la salud, contra la doble moral de este sistema capitalista y sus poderes que sostienen al narcotráfico. Creemos urgente avanzar en:
- Legalizar por completo la marihuana y derogar la represiva Ley 23.737.
- Liberar a toda persona presa por plantar y cesar toda persecución a quienes cultivan y/o consumen.
- Destinar presupuesto a la investigación científica y a la producción de cannabis medicinal estatal, bajo control de pacientes, consumidores y organizaciones canábicas.
- Aumentar el presupuesto en salud pública para la prevención y atención del consumo problemático y para formación médica con perspectiva natural.
- Campañas masivas de concientización sobre el uso de la marihuana y otras drogas, así como de rechazo a la estigmatización.
- Combate real a las redes de narcotráfico, que incluya democratizar la justicia y la policía con elección de jueces, fiscales y comisarios por voto popular y con cargos revocables.
Medidas así no sólo son posibles, sino necesarias. Hay que tocar los intereses de las farmacéuticas privadas, desarmar el circuito narco y el sistema represivo estatal y terminar con la hipocresía que estigmatiza a quienes consumen o producen. Te invitamos a luchar en unidad por nuestros derechos. No tenemos nada que perder y sí mucho por ganar.
Abril Cabello, Juventud Socialista del MST
[1] Art. 5, Ley 23.737.