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Su legado oscuro
El pasado fin de semana, a los 90 años, falleció Marcos Jacobo Levin, un personaje que quedará marcado en la historia como uno de los primeros empresarios condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar que asoló a Argentina entre 1976 y 1983. Su deceso, lejos de borrar su pasado, resalta la complejidad de los vínculos entre el empresariado argentino y el aparato represivo estatal que operó durante esos años oscuros.
Levin, dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, fue condenado en 2016 por su participación activa en los secuestros, torturas y desapariciones forzadas de trabajadores de su propia empresa. La Justicia le impuso una pena de 18 años de prisión por su rol en la persecución de al menos 17 empleados, quienes por su militancia política y sindical fueron víctimas de la represión ilegal. Los hechos ocurrieron entre 1976 y 1977, en pleno auge de la dictadura, cuando el país vivía bajo un régimen de terror en el que los empresarios, en complicidad con las fuerzas militares y policiales se beneficiaron enormemente.
Entre los casos más emblemáticos por los que Levin fue condenado se encuentra el secuestro de Víctor Cobos, delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en enero de 1977. Cobos fue detenido ilegalmente, torturado y trasladado a un centro clandestino de detención por orden directa de los represores que contaban con la colaboración de Levin. La sentencia en su contra, dictada por el Tribunal Oral Federal de Salta, no solo lo responsabilizó por estos crímenes, sino que también lo halló culpable de “privatización ilegal de la libertad” y “tormentos agravados”.
El vínculo siniestro entre el empresariado y la dictadura
Marcos Levin no fue un caso aislado, sino uno de los tantos empresarios que se aliaron con la dictadura para salvaguardar sus intereses y expandir sus negocios a costa de la vida y los derechos humanos de los trabajadores. En un contexto donde las organizaciones sindicales fueron sistemáticamente perseguidas, desaparecidas y desarticuladas, los empresarios como Levin encontraron en la represión un aliado indispensable para frenar cualquier tipo de lucha popular o reivindicación laboral.
La conexión entre el empresariado y la dictadura fue clara: la necesidad de aniquilar los movimientos sindicales y políticos de izquierda para mantener el orden económico y social que les resultaba tan beneficioso. El caso de Levin, al igual que el de otros empresarios, ilustra cómo algunos utilizaron el aparato represivo estatal para proteger sus intereses económicos, incluso a costa de los derechos fundamentales de los trabajadores. La complicidad fue total: desde la entrega de listas negras hasta la participación activa en las redes de secuestros y torturas que se tejieron en todo el país.
La muerte de Levin, lejos de ser un hecho aislado, abre una vez más el debate sobre la relación entre el poder económico y el aparato represivo estatal, tanto en el pasado como en la actualidad, sobre todo en un contexto donde el gobierno de Javier Milei promete reforzar el uso del aparato represivo bajo la excusa de “combatir la inseguridad” y “el orden social”.
Con el silencio y complicidad de la mayoría de las direcciones sindicales avanza la motosierra de un gobierno que en sus primeros meses de mandato ha mostrado signos de fortalecer la represión y desarrollar la faceta más autoritaria del Estado. ¿Qué rol tienen hoy las direcciones sindicales, cuando el riesgo de una nueva escalada represiva es real y palpable? ¿Están realmente comprometidas con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, o simplemente se han convertido en estructuras funcionales al poder político y económico que ahora dirige el país?
En conclusión, la muerte de Marcos Jacobo Levin, lejos de ser el cierre de un capítulo oscuro, abre nuevamente las puertas para que reflexionemos sobre el vínculo entre el poder económico y el terrorismo de Estado, sobre todo en un contexto donde las lecciones del pasado parecen olvidadas por muchos. La historia no se borra con la muerte de un solo actor; al contrario, la memoria debe seguir viva, y la lucha por justicia y verdad continúa siendo una tarea pendiente para la sociedad argentina.
Ámbar Ledesma