En la tarde del jueves 2 de diciembre, en la Ciudad de Buenos Aires, numerosas organizaciones de izquierda y populares nos movilizamos desde el Obelisco hasta el Palacio de Tribunales para reclamar la absolución de los compañeros César Arakaki, del PO, y Daniel Ruiz, del PSTU, condenados a prisión por haber participado en la masiva marcha que en diciembre de 2017 enfrentó la reforma anti-jubilatoria de Mauricio Macri en Plaza Congreso.
Dictadas por el TOF Nº 3 de Comodoro Py hace un par de semanas, dichas condenas fueron absolutamente arbitrarias y carentes de toda prueba, con el evidente objetivo político de amedrentar al activismo para así tratar de desalentar las luchas presentes y las que se vienen. Desde la caída de la dictadura militar ya hubo varios procesos contra luchadores y luchadoras populares mediante la figura penal de intimidación pública, pero hasta ahora la justicia no la había aplicado en condenas.
Como lo vinimos haciendo desde el inicio de las causas, desde el CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos) y el MST en el Frente de Izquierda acompañamos activamente esta combativa marcha unitaria por la absolución de César y Daniel. Asimismo, exigimos la libertad inmediata de Sebastián Romero, Facundo Molares -incluida su no extradición a Colombia-, Milagro Sala y demás presos políticos, y el desprocesamiento y cierre de las más de 4.000 causas judiciales abiertas contra activistas en todo el país. Las protestas sociales merecen respuestas sociales y políticas, nunca represivas.