Esta semana, el juez Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado nº 4 de Mar del Plata, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Estado nacional que se suspenda la aplicación dela Ley 27.610 por considerar que viola la “protección integral de la vida desde la concepción”. Hace dos años, este mismo juez, negó un tratamiento de fertilización a una pareja de mujeres, bajo el argumento de cuidar a las “personas en estado embrionario”, refiriéndose así a los óvulos fecundados ni siquiera implantados.
Si bien con algunos desatinos, como la objeción de conciencia, la sanción de la ley que reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue un logro conquistado por la enorme marea verde que fue creciendo a pasos agigantados en los últimos años, y que se movilizó con fuerza a lo largo y ancho del país. Su fuego se irradió incluso a otros países de Latinoamérica, en los que los movimientos feministas adoptaron el simbólico pañuelo verde para llevar adelante su lucha.
Desde la sanción de la ley en diciembre del 2020, los mismos sectores antiderechos que militaron en su contra no cesan en sus intentos de obstaculizar su aplicación, con recursos de amparo para declararla inconstitucional. Hasta el momento se han hecho alrededor de 30 presentaciones judiciales en distintos fueros y provincias, de las cuales 18 fueron rechazadas y los restantes aún están en trámite.
Amigo del obispo y de los carapintadas
En Mar del Plata, la presentación judicial para impedir el ejercicio de los derechos sexuales y (no) reproductivos fue realizada por un particular, el abogado jubilado Héctor Adolfo Seri, quien cuenta con un extenso y pintoresco prontuario.
En la década del 90 fue varias veces candidato por el MODIN, partido de derecha del carapintada Aldo Rico: primero a diputado, después a senador. Luego, pasó a las filas del justicialismo local, y en 1999, llegó a ser congresal provincial por el PJ. En las entrevistas en medios de aquella época, realizaba declaraciones desde el paradigma de “patria, religión y trabajo” y se le atribuía un fuerte vínculo al obispado local.
En el año 2000 fue nombrado funcionario de la delegación del Puerto de ANSES. Allí fue procesado como integrante de una asociación ilícita en una megacausa por estafas millonarias contra el organismo estatal. En 2019 estuvo prófugo dos días, hasta que lo detuvieron en el aeropuerto de Ezeiza. Actualmente continúa procesado, aunque goza de prisión domiciliaria.
No fue un milagro, ni fue el gobierno: fuimos las pibas en las calles
Desde diversos sectores se alzaron voces de rechazo al fallo que dio lugar a este nuevo ataque patriarcal contra la vida y la libertad de las personas con capacidad de gestar. Desde Juntas y a la Izquierda nos sumamos a este enérgico repudio, pero discrepamos en confiar en las instituciones burguesas para garantizar nuestros derechos. Así como la marea verde inundó las calles para doblarle el brazo a esa cueva de dinosaurios y conquistar la ley, debemos mantener la movilización y la independencia de los gobiernos para denunciar y exigir que se garantice nuestro derecho en cada salita, en cada hospital hasta en el más recóndito pueblo de nuestro país.