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Los días 11 y 12 de noviembre se llevaron a cabo las audiencias en el juicio político a los magistrados Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, jueces que intentaron dejar impune el femicidio de Lucía Pérez.
Desde Juntas y a la Izquierda y el MST estuvimos presentes acompañando durante estas dos jornadas; también junto a nuestra compañera Celeste Fierro, legisladora por CABA del MST en el Frente de Izquierda, quien fue parte de la comitiva que ingresó al recinto acompañando a Marta, Guillermo y Matías, la familia de Lucía.
Durante estos días se escucharon a los testigos ofrecidos por las partes y los alegatos. La acusación integrada por la familia y el Ministerio Público Fiscal, solicitó se haga justicia y se disponga la destitución de los jueces del Poder Judicial.
Los testigos dieron sobrada cuenta del obrar de estos jueces, quienes durante el proceso judicial y la sentencia se apartaron de las normas y estándares nacionales e internacionales que deben aplicarse obligatoriamente para el juzgamiento en hechos de violencia de género, desarrollando un juicio y dictando una sentencia plagada de estereotipos de género discriminantes y culpabilizantes de la víctima. Romantizar una relación de abuso entre un traficante de drogas que capta a una menor de edad en la puerta de un colegio, sin reconocer la desigualdad de poder en virtud del género y la edad que allí existe, como sucedió en la sentencia, es una aberración en todo sentido y demostrativo del mal desempeño de estos jueces.
Como dijo Marta, la mamá de Lucía, en la audiencia: “el fallo hablaba de una niña, una criatura de 16 años, fue dolorosísimo, no se puede hablar de una víctima de esta manera, es una criatura, con tres adultos que vendían droga, lo que hicieron fue revictimizar y culpar a la víctima del delito que habían cometido tres personas, culparon a una niña de 16 años, se revirtió la ecuación, ella pasó a ser el victimario, y la víctima los encartados”.
Además, se demostró cabalmente el daño que esta sentencia y el proceso judicial ocasionó a la familia en diferentes aspectos de su vida, lo que fue calificado como una tortura. Es por eso, que la destitución de los jueces debe resolverse también como acto reparatorio del Estado.
Cabe recordar que los fundamentos de la sentencia dictada por estos jueces en el año 2018, generó la bronca y la reacción del movimiento feminista que se levantó en octubre de ese año con el primer paro nacional de mujeres contra la justicia patriarcal, los femicidios y la violencia de género. El caso Lucía demostró una vez más la falta de perspectiva de género en la justicia, el carácter profundamente clasista, machista y patriarcal de este Poder del Estado, como así también el accionar corporativo.
Gracias a la movilización de la familia y de las organizaciones feministas, de derechos humanos, sociales y políticas que acompañamos, el fallo fue anulado en 2020 por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires logrando un nuevo juicio. Este transcurrió en el 2023, donde por unanimidad se tuvo por acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez, y se condenó a los acusados Matías Farías (a cadena perpetua) y Juan Pablo Offidani (15 años de prisión) considerándolo partícipe secundario.
Lo que sigue
El jurado de enjuiciamiento deberá resolver la próxima semana sobre el mal desempeño de los magistrados, este está encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria, e integrado por los senadores Gustavo Soos, Gabriela Demaría y Ariel Martínez Bordaisco y las diputadas Maite Milagros Alvado y Susana Haydee González; quienes mayoritariamente pertenecen al Frente de Todos; y en representación de los abogados de cinco departamentos judiciales son los letrados: Lisandro Benito, Carlos Valdez, Guillermo Sagues, Ramiro Alonso López y Diana Fiorini.
Al respecto Marta dijo: “yo espero que cada uno de ustedes pueda escucharnos, ustedes son parte de las leyes, de esos procesos, pretendo que se haga justicia por mi hija y por tantas hijas, y que jueces como estos tres no puedan seguir dando
sentencia ni condenas a las personas”.
Desde Juntas y a la Izquierda exigimos que se dicte un fallo ejemplar, que los jueces sean expulsados del Poder Judicial, inhabilitados para la función pública y el ejercicio profesional.
En un contexto de ajuste del gobierno nacional de Milei y de los gobernadores, de avance de las políticas de ataque a la clase trabajadora, y en especial de ataque hacia los derechos de las las mujeres y las disidencias, esta resolución es sumamente importante, pero sobre todo estar movilizades, en las calles, con la mayor unidad de acción posible, que es la única garantía para derrotar al gobierno de Milei y a sus cómplices.
Deborah Bertone trabajadora social. Trabajadora del poder judicial