El miércoles 10 se cumplieron 8 meses del asesinato de Lucas Verón en González Catán. Lo mató la Policía Bonaerense en el día de su cumpleaños, cuando iba al kiosco, a una cuadra de su casa. Desde ese momento, su familia está al frente de conseguir justicia y moviliza cada 10 a Tribunales de San Justo.
Todos los 10 hay una cita en Marcón y Varela. Es por Lucas y para que no haya “ni un Lucas más”, que ningún pibe más sea víctima de la maldita bonaerense que dirige Berni. Ahí nos volvimos a encontrar como cada mes con la familia, pero sobre todo con las mujeres que se ponen al frente de esta lucha tan necesaria contra la mafia policial y sus cómplices. Graciela, Cintia, Natalia, hermanos, tíos y tías, primos y primas, hijos y sobrinos, abuelos, amigos y vecinos. A lo largo de estos meses de verlos llegar en el camión desde el kilómetro 28, las y los hemos visto organizarse, endurecerse y dar una pelea que puede conquistar una condena ejemplar, que sirva como precedente para todos los casos de gatillo fácil en La Matanza y en toda la provincia del caudillo Berni y su jefe Kicillof.
La causa de que la causa avance
En diálogo con Cintia Alfonso, hermana de Lucas, nos cuenta:
“La causa de homicidio prácticamente está. La causa avanza favorablemente, está dividida en cuatro, ahora estamos con la causa de encubrimiento. Pedimos secuestrar los teléfonos de los encubridores del día siguiente de la muerte de Lucas: el jefe de la departamental; la chica que tomó la declaración de Gonzalo cuando lo amenazaron y le dijeron que declare que fueron a robar, la chica le tomó esa declaración y otra gente. Creemos que en esos teléfonos vamos a encontrar más información. Los fiscales estuvieron bien, nos explicaron que todo lleva su tiempo y nos dejan bastante conformes cuando vamos a las marchas. Va todo encaminado, va muy rápido”.
Se refiere a Diego Ocampos, Daniel Quinteros y María Giselle Genez (comisario y segundo jefe departamental de La Matanza, subcomisario y oficial, respectivamente). Ellos son señalados por encubrir el asesinato de Lucas Verón, perpetrado por los policías Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, quienes al día de hoy están presos.
Respecto a cómo se logró que la causa avance rápidamente y vencer los intentos de desvíos de la investigación, como el que intentó hacer el fiscal Tahtagian quien fue denunciado por la familia de Lucas, Cintia agregó:
“El caso salió adelante gracias a nosotros: la familia, amigos y las organizaciones que nos ayudaron. Sobre todo, nosotros salimos a las calles a hacerle frente a la policía, porque si dejábamos el caso en manos de la policía esto quedaba en la nada. Los asesinos se manejaban así por la vida, libremente, siempre con soberbia y mal hacia la gente”.
La rapidez con la que la familia y el barrio se puso la pelea al hombro, y la claridad de la importancia de combinar la estrategia legal con la movilización, fue clave para que la causa avance. También lo es el impulso a la unidad de acción más amplia posible y sin sectarismos.
Responsables de uniforme y de traje
“Obvio que los gobiernos tienen culpa. La represión viene con el consentimiento de ellos, allá arriba”, fue la contundente respuesta de Cintia cuando le preguntamos si creía que había responsables políticos más allá de la policía y la Justicia.
Repasando los datos de CORREPI[1], vemos que durante el 2020 hubo 103 casos de gatillo fácil. Cifra que reafirma que el caso de Lucas no es aislado sino consecuencia de una policía estructuralmente represiva, al servicio de las necesidades de los gobiernos. El caso de la Bonaerense al mando de Sergio Berni, se encuentra entre las fuerzas represivas más grandes de Sudamérica, registrando 90.000 efectivos, lo que da como resultado 7 policías cada 1.000 habitantes. Es un verdadero ejército que actúa en los barrios populares. Hacedores del gatillo fácil y de femicidios, regentes y cómplices de la trata, verdugos de los pibes a los que mandan a robar para ellos e impulsores y cuidas del narcotráfico, el negocio de las armas y los desarmaderos.
Durante la cuarentena, se desplegó una estrategia de control social en los barrios para “garantizar la cuarentena”, cosa que denunciamos en su momento, ya que la cuarentena no se garantiza con balas sino con trabajo e ingresos, salud y educación asegurados. Esa estrategia llevó a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, abusos policiales, represión y desalojos. Aun así, en estos meses se han destinado partidas extra, móviles y nuevos efectivos en el municipio y en la provincia, extendiendo y fortaleciendo cada vez más a la mafia policial. La única medida posible con la maldita policía es disolverla.
Ni un Lucas más: se acerca el juicio
A medida que se acerca el año del asesinato de Lucas, también se acerca el fin de la investigación y el comienzo del juicio. Le preguntamos a Cintia cómo se sienten para encarar ese proceso, y nos decía:
“Nos sentimos mucho más fuertes, con más ánimo y con más ganas de seguir con esta lucha y este pedido de justicia por y para Lucas y por supuesto para que no haya más gatillo fácil en ninguno de los casos y no más Lucas. Es obvio que hay días que tenemos la autoestima por el piso, lo extrañamos mucho a Lucas: yo, mis padres, mis hermanos; pero no nos queda otra que seguir por él y para pedir justicia. Que los asesinos paguen y que Lucas pueda descansar en paz. Que pasen pronto los meses, queremos el juicio, quiero que el alma de mi hermano descanse en paz”.
Entonces, por Lucas y por todos los pibes y las pibas, y en vísperas de un nuevo 24 de marzo, donde por los derechos humanos de ayer y de hoy reafirmaremos el Nunca Más marchando a Plaza de Mayo, desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad y nuestra Juventud Socialista, reafirmamos el compromiso de seguir hasta el final y hacer de la causa de Lucas, una bandera de lucha contra la impunidad.
Ana Paredes Landman
[1] http://www.correpi.org/2020/archivo-2020-las-necesidades-del-pueblo-son-esenciales-la-represion-no/