El próximo martes 10 de diciembre, el Boletín Oficial amanecerá con la formalización de una nueva ofensiva política contra los trabajadores y los bienes comunes de nuestro país. Se trata del decreto que convoca a sesiones extraordinarias del Congreso, un llamado que busca aprovechar el envión de la reciente reconfiguración parlamentaria para imponer, un paquete de leyes estructurales diseñadas a la medida del FMI y el gran capital concentrado.
El período estipulado por el Ejecutivo se extenderá, en una primera etapa, desde el 10 hasta el 31 de diciembre, aunque ya confirman que la intención es prorrogar el debate durante enero y febrero, dejando en claro que el gobierno no piensa dar tregua en su afán de consolidar este modelo de ajuste.
La estrategia se apoya en los números que acaban de conseguir gracias a la traición de los gobernadores peronistas: con 95 diputados propios y aliados, la Libertad Avanza busca transformar el recinto en una escribanía exprés para sancionar el Presupuesto 2026, la reforma laboral, cambios tributarios regresivos, la entrega de los glaciares y un nuevo código penal represivo.
La prioridad absoluta del gobierno en esta convocatoria es la aprobación del Presupuesto 2026. Este proyecto, que el oficialismo presenta como la hoja de ruta de la estabilidad, no es otra cosa que el dibujo contable del déficit cero a cualquier costo. Se trata de un presupuesto de guerra contra las mayorías, donde se validan los recortes brutales en salud, educación, ciencia y tecnología, y se consolida la licuación de las jubilaciones, todo con el único objetivo de garantizar los dólares necesarios para el pago de la deuda externa fraudulenta. La aprobación de esta ley de leyes es la condición sine qua non que exigen los acreedores internacionales y el Fondo Monetario para seguir sosteniendo el respirador artificial financiero de la gestión libertaria.
Sin embargo, el corazón del ataque que se viene en estas sesiones extraordinarias reside en la reforma laboral. El proyecto, redactado entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y los estudios de abogados de las grandes corporaciones, busca legalizar la precarización absoluta de los trabajadores.
Entre sus puntos más nocivos se encuentran la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que haría caer derechos históricos si no se negocia un nuevo convenio; la quita de la cuota solidaria para desfinanciar a las organizaciones gremiales; y una modificación sustancial en el régimen de indemnizaciones para abaratar los despidos. Es, en definitiva, el sueño de la patronal hecho ley, buscando retroceder las relaciones laborales al siglo XIX bajo la mentira de la modernización.
Lo más indignante de este avance patronal no es la voracidad de los empresarios, que es su naturaleza, sino la complicidad escandalosa de quienes deberían estar organizando la resistencia. El rol de la CGT en esta coyuntura es criminal. Mientras el gobierno termina de concretar los últimos detalles de la reforma, la cúpula sindical se sienta a cenar en secreto con Sergio Massa, quien, lejos de plantear una oposición férrea, bajó la orden política de no rechazar la reforma a libro cerrado. En un encuentro reservado en el sindicato de Sanidad, el excandidato presidencial del peronismo les dijo a los jerarcas cegetistas que hay que discutir los cambios porque, según su visión, él mismo hubiera impulsado una reforma similar si ganaba. Esta confesión de parte desnuda que el peronismo, en su variante massista y burocrática, comparte la premisa de que el costo son los derechos de los trabajadores.
La respuesta de la central obrera a este mandato de negociación no fue la convocatoria a un paro general activo para frenar el tratamiento de la ley, sino la promesa de presentar un proyecto propio de “modernización laboral“. Es decir, la CGT y el PJ se preparan para dialogar con los verdugos sobre cuál es la mejor forma de entregar las conquistas históricas, legitimando el debate que plantea Milei. Esta actitud de la burocracia sindical, que prefiere el lobby parlamentario y la rosca con funcionarios como el secretario de Trabajo, Julio Cordero, antes que la lucha en las calles, es la que le permite al gobierno avanzar con una confianza que no tendría si enfrente hubiera una clase trabajadora movilizada. El peronismo demuestra, una vez más, que sus limitaciones para ser una oposición consecuente son estructurales, ya que sus dirigentes son parte del mismo consenso de ajuste que exige el capital.
Junto al ataque laboral, el temario de extraordinarias incluye la denominada ley de “inocencia fiscal“, un nombre de fantasía para encubrir un nuevo blanqueo de capitales y un perdón a los evasores. El proyecto busca crear un régimen simplificado y elevar los montos mínimos para que se considere delito la evasión tributaria, beneficiando a los grandes fugadores de divisas. Bajo la excusa de que “el Estado considera a todos criminales“, el gobierno diseña un mecanismo a medida para que los dólares del colchón —o mejor dicho, de las cuentas offshore— ingresen al sistema sin penalidades, mientras los trabajadores pagan IVA hasta por la polenta.
En el plano ambiental, la ofensiva extractivista tiene nombre y apellido: la modificación de la Ley de Glaciares. Tal como lo anticipó el presidente en sus discursos y como lo reclaman los gobernadores cordilleranos aliados, como el radical, Alfredo Cornejo, el objetivo es recortar la zona de protección periglacial para habilitar el avance de la megaminería. No se trata de una discusión técnica, sino de la entrega de nuestras reservas de agua dulce a las multinacionales como Barrick Gold, sacrificando el futuro de las cuencas hídricas para facilitar la exportación de commodities. Esta medida, impulsada fervientemente por los mandatarios provinciales que ya vendieron sus votos en el Congreso, es la aplicación práctica del RIGI: saqueo ambiental garantizado por ley para que un puñado de empresas se lleven nuestros recursos dejando tierra arrasada.
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Para cerrar el círculo de este plan de miseria, el gobierno impulsa la reforma del Código Penal, un proyecto apadrinado por la hoy senadora, Patricia Bullrich. Aunque los detalles finos se conocerán con el texto definitivo, la orientación iría en el camino del: endurecimiento de penas para la protesta social, baja de la edad de imputabilidad y mayores atribuciones para las fuerzas de seguridad. El modelo económico de Milei, que genera exclusión y pobreza, no cierra sin represión. Por eso, necesitan blindar legalmente el accionar de las fuerzas represivas y criminalizar a quienes salgan a luchar contra el hambre. Es el andamiaje jurídico necesario para transformar el conflicto social en un problema penal, buscando amedrentar a la vanguardia que resiste en las calles.
Todo este paquete de leyes, que constituye un ataque integral a las condiciones de vida de las mayorías, cuenta con el terreno allanado gracias a las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La reciente reconfiguración de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo alcanzó la primera minoría con 95 bancas tras la ruptura del bloque peronista y la incorporación de diputados que responden a gobernadores como Rogelio Frigerio, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, le da al gobierno el volumen político necesario para encarar estas reformas. La traición de los gobernadores, que canjearon los votos de sus legisladores por promesas de obras y fondos, es la llave que abre las puertas del Congreso a este saqueo histórico.
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Frente a este escenario de pactos a espaldas del pueblo entre libertarios, macristas y peronistas, queda en evidencia que no hay salida institucional favorable si no se rompe con la lógica de la resignación. La CGT y el PJ han elegido ser una pata del ajuste, negociando los términos de la rendición. Por eso, es imperioso que la bronca que se acumula en los lugares de trabajo y en los barrios se transforme en organización independiente. Solo la intervención de los trabajadores, con un plan de lucha y un paro general que desafíe la pasividad de la burocracia, podrá frenar esta aplanadora legislativa que pretende arrebatarnos el futuro en las sesiones de un verano caliente.
Por eso el Frente de Izquierda Unidad, no solo movilizará contra todo este ataque, sino que convoca junto a muchos sectores sindicales, sociales y de derechos humanos, a una jornada de lucha el 19/20 de diciembre, contra las reformas antiobreras del gobierno y en solidaridad con el hospital Garrahan. A 24 años de ese hito en nuestro país, es fundamental estar en la calle y enfrentar todo este plan de verano que Milei pretende. Como en ese momento se pudo, se puede torcer los planes y construir un destino mejor para las y los trabajadores.
