lunes, 22 abril 2024 - 21:51

Ley Ómnibus. ¿En la puerta de una nueva “Banelco”?

En el 2000 Argentina fue vidriera de un acto de corrupción de magnitudes mayúsculas. Se conoció que, bajo el gobierno de La Alianza, una cantidad de senadores recibieron coimas para votar en el Congreso lo que pasó a conocerse como “Ley Banelco”. Una iniciativa que buscaba bajar los “costos laborales” para las patronales. En concreto, una ley que, como se quiere hacer ahora, buscaba precarizar las condiciones laborales eliminando, entre otras cosas, la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Tal escándalo terminó con la eyección del gobierno de quien era el vicepresidente de Fernando de la Rúa, Carlos “Chacho” Álvarez. Hoy, bajo la discusión de la Ley Ómnibus, nos acercamos a un caso similar.

Está claro que la historia no se repite dos veces de igual manera, pero sí pueden darse puntos de conexión importantes. Podemos afirmar que lo que aúna a estos dos episodios son las ansias por querer imponer un modelo que atente contra los derechos consagrados de los trabajadores, entre otros puntos regresivos. Una reedición de un programa neoliberal recargado, para resetear la economía al servicio de aumentar las ganancias del bloque de clases dominantes, principalmente el sector financiero que representan Javier Milei, su ministro de Economía Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Por estas horas han cobrado relevancia diferentes encuentros posteriores a la firma del dictamen de la LO. El pasado miércoles se reconocieron las reuniones que se efectuaron en el departamento del secretario parlamentario Tomás Figueroa, en el barrio porteño de Recoleta y, también, en el histórico bar “La Biela” de la misma zona. El bloque de La Libertad Avanza, algunos diputados del PRO, otros de la UCR y también los de Hacemos Coalición Federal, confluyeron para seguir la rosca de cómo acomodar la letra a tratar en la sesión que podría darse el martes 30. De allí surgieron rumores de peleas entre Miguel Ángel Pichetto, representante del “nuevo” centro político, y Sturzenegger. Lo cierto es que, más allá de las diferencias de carácter personal, las negociaciones existieron y existen por modificar un documento que no puede ser manipulado hasta la sesión. Nadie está limpio. Podemos sumar también el caso de lo que ocurrió de forma previa con los diputados tucumanos del PJ, quienes decidieron apoyar un dictamen que, como lo reflejan los propios protagonistas en entrevistas radiales, desconocen lo que firmaron. Su visto bueno, reside solamente en la tranza que Osvaldo Jaldo consiguió con el gobierno nacional, en beneficio de los empresarios de su provincia como lo expone la declaración del MST.

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Emilio Monzó, Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto

A lo inconstitucional de la LO en esencia, se suman estos actos de corrupción que vuelven un delito a cielo abierto lo que está coordinando el gobierno de Milei. No es novedad que las fuerzas capitalistas negocien a espaldas del pueblo, pero su crisis y el poder de la calle, con las acciones del 20 de diciembre, el 27 del mismo mes y ahora el paro general del pasado 24 de enero, fueron horadando este proyecto reaccionario que ahora vomita en público todas las negociaciones que se dan para afectar a trabajadores, sectores medios y populares, todos a la misma vez.

El FIT-Unidad ya pide la nulidad de todo lo tratado en las comisiones, los argumentos son claros y provienen de las mismas declaraciones de los actores principales de esta estafa. El diputado cordobés de Hacemos Coalición Federal, Carlos Gutiérrez, firmante del dictamen de mayoría, desde su cuenta personal en la red social X, sostuvo: “cuando creíamos que en el capítulo #biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado”. Más claro que firmaron un cheque en blanco imposible.

Todo esto resume el carácter del gobierno Milei. Son las mismas prácticas de la casta las que aplica para hacer pasar un proyecto que le podría otorgar la suma del poder público, transformarlo en una especie de autócrata para desregular la economía, mediante un régimen político de carácter represivo como lo explicita la LO. En suma, lo descripto, no hace más que, en última instancia, develar lo putrefacto de las actuales instituciones de la democracia capitalista que tenemos. Las banderas de república, división de poderes y la más prístina “democracia” que venden los políticos profesionales de traje, toma con claridad la forma de un gobierno corrupto y autoritario al servicio de sectores económicos concentrados. Estas denuncias no son conspiraciones, sino hechos que se contrastan con la realidad, el protocolo antipiquetes de Bullrich es la pata represiva y los constantes plebiscitos empresariales que organiza Caputo, como el de hoy con La UIA, la Cámara de Comercio, CAME, ADEPA y las entidades agropecuarias de la Mesa de Enlace, dan dimensión de lo dicho.

Caputo junto a las cámaras empresariales

Ponerle punto final a la LO y el DNU, en este marco, pasan a ser tareas de primer orden para los sectores afectados que ya mencionamos. Preparar la resistencia que doblegue estas iniciativas, no puede ser de otra forma que con un plan de lucha que dé continuidad al evento masivo que se logró con el paro general. Plan que, obviamente, arranca movilizando al Congreso cuando se trate la LO. La más amplia democracia de base es necesaria para pergeñar estas medidas, contrariamente al modelo burocrático de los popes de la CGT que se aprontan a ir a un impasse sin justificación. Toda esta pelea es profunda, contra un régimen podrido y corrupto, pero que tiene su causa originaria en el sistema social, el capitalismo. La verdadera manzana podrida que nos conduce a una nueva “Banelco”.

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