Esta madrugada el Senado de la Nación aprobó el proyecto que propone una reducción de tarifas de gas para municipios y provincias donde se registran bajas temperaturas. Dicho proyecto ya había sido aprobado en Cámara de Diputados y hoy se convirtió en ley. Este proyecto, impulsado por Máximo Kirchner justo cuando inicia la campaña electoral, modifica el artículo 75 del presupuesto 2021 para reducir las tarifas de gas en un 30% y 50% según la zona de residencia, como así también a quienes reciben la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, pensionados y jubilados.
Hoy el peronismo festeja y nos quiere hacer creer que hay un “cambio de paradigma en materia energética”. Parecen olvidarse de los tarifazos de Mauricio Macri que denunciaron cuando eran oposición, incluso presentando un proyecto en manos de Cristina Kirchner para retrotraer esos aumentos; sin embargo hoy siendo gobierno los avalan. Por ello ahora, en un oportunismo electoral, aprueban esta ley de zonas frías y no hablan más de los tarifazos del 2017.
Es claro que este proyecto aliviará el bolsillo de las familias que viven en estas “zonas frías”, pero ¿qué pasa con el resto de un país donde el 45% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, la inflación no da respiro y se hace cada vez más difícil llegar a fin de mes? Es falsa la dicotomía entre zonas frías y zonas cálidas, porque seguiremos con millones de familias que continuarán sin poder pagar las facturas. Lo que necesitamos es un verdadero plan de servicios públicos que sea accesible a toda la población. En todo caso quienes deben pagar más son quienes más tienen, con una escala progresiva según sus ingresos.
Por eso desde el MST en el FIT-Unidad proponemos retrotraer las tarifas, pero sobre todo la estatización de todas las empresas de servicios públicos para garantizar servicios de calidad y accesibles a todas las familias. Pero además, que las empresas funcionen bajo el control y administración de sus trabajadores y usuarios como única garantía contra la corrupción.
Son las grandes empresas que amasan fortunas millonarias las que deben pagar más. Por eso es necesario, más aun en este contexto de pandemia, que avancemos en un impuesto permanente y real a las grandes fortunas como el que venimos proponiendo desde el FIT-Unidad. De aprobarse este proyecto que el gobierno se niega a discutir, nos permitiría volcar los recursos en lo que realmente necesitan los trabajadores y sus familias, y así lograr una verdadera redistribución de la riqueza. Solo de esta forma podríamos hablar de cambio de paradigma, sino estamos hablando de estrategias de campaña electoral.
Nicolás Fernández