Controles absurdos, listas manipuladas, provocaciones y miles de personas afuera sin poder participar. La audiencia pública expuso el temor del gobierno frente a un rechazo masivo a la reforma de la Ley de Glaciares.
Un recorte deliberado a la participación
Lo que ocurrió en la audiencia pública por la Ley de Glaciares no fue desorganización: fue una maniobra consciente. El gobierno montó un operativo de control que reflejó más miedo que autoridad.
Para ingresar al recinto había que atravesar hasta cinco controles distintos. Checkpoints innecesarios, pasillos laberínticos y restricciones constantes marcaron el tono desde el inicio. Se cuestionaba todo: si alguien estaba parado, si podía moverse, si intentaba acercarse para registrar una intervención. El objetivo era claro, disciplinar la presencialidad y evitar cualquier desborde.
El problema es que el desborde ya existía. La masiva inscripción para participar (muy por encima de lo que esperaban) dejó en evidencia que el intento de “cumplir” con una audiencia pública podía transformarse en un escenario de rechazo abierto. Y ahí apareció el verdadero temor del gobierno.
Quisieron limitar la participación imitando la burocracia del proceso de Kafka y no hicieron más que un papelón tras otro. Listas manipuladas sin criterios claros, personas con horario asignado que no pudieron ingresar, expositores de las mineras que intervinieron sin estar anotados. A eso se sumaron las provocaciones permanentes de diputados libertarios hacia quienes se expresaban contra el proyecto, buscando interrumpir, confundir o directamente silenciar.
Lo que debía ser un mecanismo de participación democrática se convirtió en un simulacro regimentado para evitar que se escuche el rechazo.
Una reforma a medida del extractivismo
Detrás de este operativo hay un objetivo concreto, que es el de avanzar con una reforma de la Ley de Glaciares funcional a los intereses extractivistas.
No es casual que, frente a una discusión de esta magnitud, el gobierno intente limitar la participación. La modificación en debate abre la puerta a flexibilizar la protección de zonas sensibles y a favorecer actividades como la megaminería en territorios donde hoy existen restricciones.
Por eso, quienes lograron intervenir dentro del recinto no sólo denunciaron el carácter restrictivo de la audiencia, sino que también dejaron planteados ejes políticos y legales fundamentales:
- Rechazo al mecanismo de participación, por violar normas básicas del debido proceso.
- Amparo en marcos legales vigentes, como el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y la Constitución Nacional.
- Exigencia de consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, derecho que está siendo completamente ignorado.
Además, la referente de la Red Ecosocialista, Jessi Gentile, entre otros, dejó claro un punto central: la participación en estas condiciones no legitima el proceso. Por el contrario, refuerza las denuncias ya presentadas para que la audiencia sea declarada nula.
Porque dejar afuera al 99% de quienes quieren participar no es un detalle técnico, es una aberración democrática. O participa el conjunto o el proceso debe repetirse.
El agua en disputa
Mientras adentro se desplegaba este operativo, afuera se vivía otra escena. Desde temprano, vecinos y vecinas que no pudieron ingresar comenzaron a concentrarse. Con reposeras, sillas y carteles, sostuvieron durante todo el día una presencia que fue creciendo con el correr de las horas.
La jornada se extendió hasta la noche. Después de un 24 de marzo masivo y movilizante, lejos de agotarse, la respuesta se profundizó. La imagen expresó algo más que una protesta: el derecho a hablar, a ser escuchados, a decidir sobre los bienes comunes.
Ahí empieza a aparecer otro fenómeno: lo que no entra por el recinto, emerge en la calle. La defensa de los glaciares comienza a tomar cuerpo desde abajo, con sectores que se organizan, se encuentran y empiezan a darle continuidad a la pelea.
En ese marco, la campaña “La Ley de Glaciares no se toca” viene siendo un motor central de organización, articulando espacios y empujando acciones para frenar el avance de la reforma.
La discusión, lejos de cerrarse, recién empieza. Y ya tiene continuidad este sábado a las 16 hs se convoca a una asamblea en Parque Centenario para definir los próximos pasos.
Lo que dejó esta audiencia es claro, el gobierno quiso ordenar, controlar y limitar. Pero lo que consiguió fue exponer su debilidad. Porque cuando miles quieren hablar y no los dejan, la palabra encuentra otro lugar. Y cuando se trata del agua, del territorio y del futuro, esa voz no se apaga.
