La posible modificación de la Ley Nacional de Glaciares no es un debate técnico para especialistas. No es una discusión abstracta. Se trata de algo mucho más simple y brutal: quién decide sobre el agua, para qué y para quién se usa.
Lo que se juega es el modelo de país: o defendemos el agua como un derecho colectivo o la entregamos como insumo barato para un esquema extractivista que solo deja saqueo.
Este intento de reforma no aparece por casualidad. Forma parte de un rumbo económico claro: más exportación primaria, menos soberanía y más entrega de bienes comunes. Bajo tutela del FMI, con guiños a Estados Unidos y con el extractivismo como religión oficial.
No hay misterio: cuando el negocio manda, las leyes ambientales estorban.
Glaciares y ambiente periglacial: por qué son estratégicos
La Ley de Glaciares existe para proteger algo básico: el agua del presente y del futuro.
Los glaciares no son “postales naturales”: son reservas gigantes de agua dulce que alimentan ríos, napas y ecosistemas enteros durante siglos.
El ambiente periglacial cumple otro rol clave: regula temperaturas, conserva humedad, sostiene cuencas hídricas completas. Sin periglacial, los glaciares no sobreviven. Sin glaciares, no hay agua.
En un planeta que ya entró en crisis hídrica y climática, avanzar sobre estas zonas es literalmente pan para hoy y desierto para mañana.
El encuadre legal: presupuestos mínimos y principio precautorio
La Ley de Glaciares es una ley de presupuestos mínimos ambientales. ¿Qué significa eso? Que ninguna provincia ni gobernador puede rebajar su protección.
Está respaldada por el artículo 41 de la Constitución Nacional: ambiente sano, derechos colectivos, responsabilidad estatal. Y además aplica el principio precautorio: si hay riesgo grave o irreversible, no se avanza. No hace falta probar el desastre después. Alcanza con saber que el peligro existe para frenar antes. En temas de agua, no se juega a la ruleta rusa.
Inventario y traspasos: una discusión mal planteada
Uno de los ejes centrales del intento de modificación es el cuestionamiento a la categoría de “ambiente periglacial”, bajo el argumento de que su definición sería imprecisa o excesivamente amplia. Esta crítica no responde a una controversia científica real, sino a una incomodidad política concreta: cuanto más extensas sean las áreas periglaciales reconocidas, mayor es el número de proyectos extractivos que quedan automáticamente fuera de la ley.
No se trata, entonces, de una discusión técnica honesta, sino de una disputa por el alcance de la protección. Reducir o relativizar el concepto de ambiente periglacial implica, en los hechos, habilitar actividades que hoy están prohibidas por razones ambientales elementales.
En ese marco aparece una segunda confusión deliberada: instalar la idea de que la protección solamente sería válida para glaciares ya inventariados. Este planteo es jurídicamente incorrecto. La Ley de Glaciares no protege “registros”, sino glaciares y ambientes periglaciales como bienes naturales en sí mismos. El inventario es una herramienta técnica de identificación y sistematización, no una condición para que exista protección.
Un glaciar no deja de existir por no figurar en una base de datos, del mismo modo que un ecosistema no pierde valor jurídico por no estar georreferenciado en un mapa. La protección es directa y automática, y no depende de trámites administrativos.
El intento de trasladar el control del inventario a las provincias no busca fortalecer el federalismo ambiental, sino fragmentar criterios científicos y debilitar estándares comunes. En un contexto de relaciones asimétricas entre gobiernos locales y corporaciones transnacionales, esta descentralización sin resguardos nacionales expone a las provincias a ”presiones” económicas que muchas veces resultan determinantes en la orientación de sus decisiones.
Economía política del extractivismo: FMI, Estados Unidos y reprimarización
La ofensiva contra la Ley de Glaciares debe entenderse como parte de una reconfiguración macroeconómica más amplia, orientada a profundizar el perfil primario-exportador de la economía argentina. El objetivo central es incrementar el ingreso de divisas a través de actividades extractivas, aun a costa de hipotecar bienes estratégicos como el agua y los territorios de montaña.
En este esquema, el Fondo Monetario Internacional ocupa un lugar clave como garante del patrón tradicional de ajuste y dependencia. La exigencia de superávit fiscal permanente, combinada con la presión por generar dólares vía exportación primaria, relega cualquier criterio de sustentabilidad ambiental o planificación de largo plazo.
Estados Unidos, por su parte, aparece como socio estratégico no por cooperación ambiental, sino por su interés geopolítico en minerales críticos vinculados a la transición energética global. El litio, el cobre y otros recursos pasan a ser piezas de una disputa internacional de la que Argentina participa como proveedor subordinado, sin capacidad real de incidir en los términos del intercambio.
En este contexto, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024, expresa con claridad esta orientación. El régimen permite congelar impuestos, flexibilizar controles ambientales, otorgar estabilidad jurídica extraordinaria por décadas y garantizar condiciones excepcionales a grandes inversores. Lejos de constituir una política de desarrollo, consolida un marco neocolonial que debilita al Estado y fortalece la dependencia económica.
El discurso del empleo y la falacia del desarrollo
Uno de los argumentos más utilizados para justificar el avance de la megaminería es la promesa de generación masiva de empleo. Sin embargo, la evidencia empírica desmiente esta narrativa: se trata de una actividad altamente automatizada, con una cantidad reducida de puestos de trabajo directos y escasa integración con las economías locales.
El impacto real se da, en cambio, sobre actividades previamente existentes, como la agricultura, el turismo o la producción regional vinculada al uso del agua. La instalación de proyectos extractivos suele desplazar estas economías y deteriorar los equilibrios territoriales, produciendo pérdida de empleo indirecto y fragmentación social.
A nivel fiscal, el régimen minero argentino es uno de los más favorables de la región para las empresas: bajas regalías, estabilidad tributaria por largos períodos, exenciones impositivas y control laxo sobre exportaciones. La ecuación es estructuralmente regresiva: escasa captación de renta pública, alto costo ambiental y mínimo retorno social.
Proyecto San Jorge: minería en zona periglacial y silenciamiento científico
El caso del proyecto San Jorge, en Mendoza, sintetiza con crudeza el conflicto actual. El emprendimiento pretende instalarse en una zona que corresponde al ambiente periglacial, es decir, en un área protegida por la ley vigente.
Esta situación permite entender el apuro del gobierno nacional por debilitar la norma: no se trata de una discusión abstracta, sino de habilitar proyectos que hoy son ilegales. El intento de reforma es funcional a destrabar inversiones que, bajo el marco actual, no deberían avanzar.
Durante el debate público sobre el proyecto, un dictamen técnico del CONICET fue retirado del sitio institucional. Dicho informe señalaba falencias graves, subestimación del impacto hídrico, riesgo de drenaje ácido y ausencia de garantías ambientales confiables. Su conclusión era categórica: el proyecto no debía aprobarse.
El documento fue eliminado de la circulación institucional. No como parte de una revisión científica, sino como una decisión política. Cuando el conocimiento técnico contradice intereses económicos, deja de discutirse: se lo invisibiliza.
Los recursos no son del gobierno, son de los pueblos
Los bienes comunes no pertenecen a los gobiernos de turno, sino a las provincias, a las comunidades que habitan los territorios. Las decisiones estratégicas sobre bienes como el agua deberían tomarse bajo condiciones de información pública, deliberación social y participación real.
Sin embargo, el proceso actual opera en sentido contrario: audiencias restringidas, documentación incompleta, intervención de fuerzas de seguridad en espacios comunitarios y judicialización de activistas ambientales.
La consecuencia es una forma de gobierno del territorio sin participación ciudadana efectiva, donde el interés corporativo pesa más que el derecho colectivo.
Defender la Ley de Glaciares es una decisión política racional
Modificar la Ley de Glaciares no es una reforma técnica. Es una definición de modelo de país. Implica optar por una economía dependiente, orientada a la exportación primaria y tolerante con la destrucción ambiental como costo asumible.
Defenderla, en cambio, no es una postura romántica ni ideológica: es una elección racional frente al colapso climático y la pérdida de bienes estratégicos irrecuperables.
La pregunta de fondo no es si Argentina puede proteger sus glaciares, sino cuánto tiempo puede sobrevivir sin hacerlo.
En este contexto, desde la Red Ecosocialista, BFS y un amplio entramado de asambleas territoriales, organizaciones sociales, comunidades y activistas ambientales impulsamos la campaña “Los glaciares no se tocan”, como una respuesta colectiva frente al intento de modificar una ley clave para la protección del agua y los territorios.
El próximo 4 de diciembre se realizará la primera jornada nacional de acción en la calle, con actividades simultáneas en todo el país. La convocatoria busca construir una respuesta social amplia frente al avance del extractivismo sobre bienes estratégicos y defender el agua como un derecho colectivo, no como una mercancía más.
En la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria es a las 17.30 hs en Plaza Congreso.
San Juan (19.30 hs, Plaza 25 de Mayo),
Paraná (18 hs, Plaza Alvear, con radio abierta),
Ushuaia (17 hs, El Cartel),
Río Grande (17.30 hs, San Martín y Belgrano),
Comodoro Rivadavia (18 hs, Plaza Kompuchewe),
Trelew (17.30 hs, Peatonal Gazín),
Esquel (18 hs, Plaza San Martín),
Neuquén y Cipolletti (18 hs, Olascoaga y Sarmiento),
Bariloche (18 hs, parada de colectivos Moreno y Palacios),
Mar del Plata (18 hs, Plaza España),
Río Cuarto (intervención mural colectiva),
Santa Rosa de Calamuchita (volanteadas y afiches),
Salta (17 hs, Plaza Güemes),
Puerto Madryn (18 hs, Plaza San Martín),
Villa Gesell (17 hs, muelle 128 y Playa)
Mendoza (19 hs, conferencia de prensa).
