Las discusiones en el plenario de comisiones del Senado se retomaron este miércoles por la mañana, luego del cuarto intermedio dictado el martes pasado. El debate se centró en la reforma laboral y los cambios en la política energética, y por el desarrollo de la discusión, las pretensiones del oficialismo para obtener el dictamen este jueves 9 de mayo se desvanecieron, ya que, según declaraciones de funcionarios de la Cámara Alta, las sesiones se extenderían hasta la próxima semana.
La provocación que tenía pensada el gobierno de Milei, de obtener el dictamen el día del paro nacional, a estas horas estaría desapareciendo según el signo que estarían mostrando las negociaciones que los funcionarios del ejecutivo están llevando adelante.
Este miércoles, en el marco de la discusión de la Ley Bases y el paquete fiscal, los ejes discutidos fueron los referidos a la reforma laboral y a los cambios en la política energética. Es por esto que los funcionarios que desfilaron por el plenario de comisiones fueron el secretario de Trabajo, Julio Cordero y Eduardo Rodríguez Chirillo, el secretario de Energía.
El planteo de Cordero fue la defensa de la reforma laboral que contiene la Ley Bases y en función de esto explicó que: “… esta ley busca la generación de empleo y dar la seguridad jurídica, traducida en confianza de que cuando uno realiza una contratación, sabe lo que está haciendo.” Con estas palabras el secretario demuestra claramente porque esta actualización, de la antigua Ley Ómnibus, no contiene ningún artículo que beneficie a los trabajadores, a los sectores populares y a los jubilados. Una ley a medida de las patronales. Más tarde le tocó el turno de defender estos dos proyectos de ley al secretario de Energía, Rodríguez Chirillo. Su intervención se enmarcó en el recorte de los subsidios a la energía y el precio de las tarifas.
En paralelo a la discusión que desarrollaban los senadores, los funcionarios del gobierno salieron a defender el tratamiento de estas leyes, además de tratar de mostrar un poco de optimismo sobre la posibilidad de conseguir rápidamente el dictamen de estos proyectos.
En primer lugar, y como ya es costumbre, uno de los primeros en salir a defender la línea del oficialismo, fue el vocero Adorni, quien se refirió al debate sobre el ya famoso RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), siendo este uno de los puntos más nefastos que contiene la Ley Bases, el cual le asegura fuertes incentivos tributarios y beneficios de todo tipo a corporaciones extranjeras, una cuestión hecha casi a medida del modelo megaminero. En relación al RIGI, también hubo declaraciones por parte de los gobernadores de Córdoba y San Juan, LLaryora y Orrego. Estos jefes provinciales aseguraron que los 6 senadores que responden a ellos darán el visto bueno a estas leyes. Dichas declaraciones las hicieron “casualmente” en el día de la minería. Para completar esta batería de apoyos, el ministro Caputo se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo
Aunque el ministro del Interior, Guillermo Francos, haya querido mostrar optimismo en sus declaraciones al mediodía: “Creo que estamos en condiciones de conseguir la aprobación de la ley, el bloque de Unión por la Patria tiene una posición contraria, unos 30 diputados. Es un número significativo, pero tenemos una mayoría para aprobarla”, la realidad le vuelve a pegar otro revés al gobierno libertario, haciendo que no puedan conseguir el dictamen para este jueves 9 de mayo. Luego de todas las negociaciones que se dan en la oscuridad de la cámara de senadores, la discusión en el plenario de comisiones continuará este jueves y se extenderán hasta la semana que viene.
Si bien existieron diferencias entre las distintas fuerzas de la oposición con los proyectos que se están tratando, las negociaciones continuarían, a tal punto que los opositores dialoguistas le dan un abanico de opciones para que el oficialismo pueda hacer pasar estas leyes. La senadora del MPN, Lucila Crexell, les ofreció una opción para que las negociones salgan a flote, la condición era que tanto la Ley Bases como el paquete fiscal, vuelvan a la Cámara baja para hacerles una serie de modificaciones para conseguir el dictamen. Recordemos que Crexell fue una de las senadoras que firmó el proyecto que les aumentó las dietas a los senadores. Pero así y todas estas alternativas, los libertarios partieron de no querer no aceptar este mecanismo y extenderían las discusiones en las comisiones, haciendo que un posible dictamen, si es que lo obtienen, saldría cerca de la fecha del Pacto de Mayo. Aunque hacia esta noche ya comenzaron a ver la variante de algunas modificaciones y el regreso a diputados, como una posibilidad no del todo mala.
A esta altura surge con claridad que el gobierno no tiene por delante una votación fácil y que sus planes de llegar con todo aprobado al 25 de mayo le está resultado muy difícil. Se coloca la posibilidad de que el Senado haga modificaciones en algunos capítulos y el proyecto tenga que volver a diputados, alargando más los tiempos. Pero esta posibilidad incluso tiene una maniobra como denunciaron desde el Frente de Izquierda, ya que si en el Senado la Ley Bases se aprueba en general, y hay rechazos a puntos parciales que se realizan con menos de 2/3 de los votos, cuando vuelva a diputados eso se puede revertir con mayoría simple de los presentes. Por lo cual lo que hace falta no es discutir tal o cual artículo o capítulo, hay que rechazar de conjunto toda la Ley Bases y exigirle eso a todos los senadores que se dicen opositores pero están negociando la votación en general de la ley del gobierno.
Frente a esta situación y para defender a las mayorías trabajadoras y los sectores populares, lo más importante es dar la pelea en la calle que es el lugar donde se decide todo, sin depositar ninguna confianza en el Senado. Más que nunca hay que garantizar desde abajo un gran paro nacional este jueves 9 y exigirle a las centrales sindicales que el mismo tenga continuidad con un nuevo paro y movilización el día que el Senado trate la Ley Bases, como parte de un plan de lucha que enfrente y derrote esta ley, el DNU, el protocolo represivo de Bullrich, las medidas de ajustes y todo el plan reaccionario del gobierno de Milei.