Se conocieron aspectos de la “letra chica” del preacuerdo pactado por el gobierno con el Fondo. En las mismas, contra lo que había anunciado el gobierno, se prevé un nuevo y duro golpe al régimen jubilatorio. También se afirma que continuará la depreciación de los sueldos estatales. Las “reformas estructurales” que este gobierno dijo que no fueron exigidas, aparecen finalmente y serán monitoreadas por los funcionarios del organismo, que cada tres meses decidirán qué se hace en la economía argentina bajo la amenaza de defaultear al país. Cualquier parecido con la década del ’90… no es pura coincidencia.
Cuando se espera que en esta semana el gobierno envíe al Congreso los lineamientos del acuerdo con el Fondo, del cual sólo se conocía hasta ahora algunas metas macro económicas centrales divulgadas por el ministro Guzmán, cuyo cumplimiento significarán un durísimo ajuste que pagaremos los trabajadores y mayorías populares del país, se conoció un paper enviado por el Ministerio de Economía a las principales autoridades de las cámaras legislativas en la cual se informa sobre “medidas en estudio” pactadas con el Fondo. Estas medidas están destinadas a reformar el régimen jubilatorio, seguir atrasando los salarios estatales, limitar las transferencias a las provincias y otras medidas tendientes a atacar el lavado de divisas, reformas de la ley penal cambiaria, pensadas para que no se escapen dólares necesarios para pagar la deuda.
Se prepara un nuevo y brutal ataque a las jubilaciones
Bajo la categoría de “otros gastos pendientes” se señala que: “Realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional. Se prestará atención especial a la evaluación de los regímenes especiales, y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”.
Ante el revuelo que provocó la revelación de este documento en una nota de BAE Negocios (1), el presidente Fernández salió a “aclarar” que no se tocará el régimen jubilatorio docente y sí el de jueces y personal diplomático. O sea, están discutiendo con el Fondo reformar el sistema previsional “para fortalecer la equidad y sostenibilidad a largo plazo” y una de sus primeras medidas es aumentar la edad jubilatoria de hombres y mujeres (actualmente es de 65 y 60 años). Además, existen muchos regímenes jubilatorios especiales, que son conquistas de luchas de años de los trabajadores, las que ahora están en la picota.
Como señala Ismael Bermúdez en su nota del día de ayer (2), ya en el “Memorándum” de entendimiento con el FMI del crédito Stand By que contrajo Macri en junio de 2018 se hablaba de “introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible”. Luego en el Memorándum complementario de octubre se señalaba la voluntad de “comenzar a evaluar una reforma del sistema de pensiones muy necesaria”. Con la reforma jubilatoria de Macri entre 2017 y 2019 las jubilaciones perdieron 19,5% con respecto a la inflación.
El gobierno de Fernández intentó ir contra los regímenes especiales, pero no lo logró. Sin embargo, su cambio en la fórmula de actualización, al sacar la inflación como variante de ajuste y colocar un índice que depende de la evolución de los salarios y la recaudación, hizo perder de nuevo a todas las jubilaciones. En el caso de las jubilaciones medias y altas fue de 8,9 puntos.
Ante la imposición de realizar el fuerte ajuste fiscal pactado con el Fondo, sin crédito suficiente ni emisión monetaria para sostener el presupuesto del Estado, no alcanzaría sólo con seguir bajando el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones –que representan un 60% del gasto público- con la licuación de su poder adquisitivo que representa más de un 50% de inflación. Necesitan reformar y achicar todo el sistema. Más allá de las “aclaraciones” de Fernández, así lo dice la letra chica del documento enviado.
Los salarios estatales y las trasferencias a las provincias van a seguir recortándose
El documento señala que es necesario: “limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con la mejora de la actividad”. Así los sueldos estatales, que llevan casi un 30% de retraso con respecto a la inflación, sólo se recuperarían si se aumenta el PBI y la recaudación en términos reales, porcentajes muy exiguos en el panorama que se avecina. Las transferencias a las provincias seguirán bajando, y estas tendrán que arreglarse con ajustes o impuestazos locales para sostener sus presupuestos. Hace falta rascar la olla y seguir juntando dólares para pagar. Si en algún momento mejorara la recaudación y hubiera algún excedente, será en consulta con los técnicos del Fondo la decisión de para qué se usa. Aunque no se lo dice abiertamente, estos tendrán la última palabra.
La letra chica es ajuste y más ajuste, para cumplir las metas y juntar dólares
Sin conocerse todavía el conjunto de los términos del acuerdo de Facilidades Extendidas, lo que va quedando claro es que para cumplir la meta del 2,5% de déficit, 1% de emisión monetaria y U$S 5.000 millones de reservas por año, como base del acuerdo, no alcanzan los ajustes –licuación inflacionaria mediante- realizada por el gobierno hasta ahora.
Una reducción importante de los subsidios energéticos de 0,6% del PBI exigida por el FMI, que representan en total U$S 11.000 millones al año, resulta muy complicada. La primera propuesta de aumento del 20% general y segmentación en las tarifas eléctricas en distintos barrios de mayor poder adquisitivo, no representaría un recorte importante frente a un aumento general de los costos de la energía. Los especialistas hablan de que para obtener una reducción significativa habría que aumentar las tarifas un 80% a todos los usuarios. De hecho, los trascendidos sobre las propuestas de Guzmán, hablan de eliminar paulatinamente los subsidios sobre un 65% de los usuarios, aparte de los sectores más pudientes. Lo cual habla de grandes tarifazos sobre los trabajadores y el conjunto de la clase media.
En un año que, a diferencia del año 2021, el gobierno no contará ni con el Aporte Solidario ni con una exportación extraordinaria de soja, que representaron alrededor de un punto del PBI, más los U$S 4.300 millones de DEGs con los que se cubrieron vencimientos de capital del Stand By de Macri. Dados los acuerdos con el FMI, que impiden usar la emisión monetaria sin tope y que el financiamiento externo prometido por Guzmán no superaría el 0,9% del PBI, el ajuste destinado a cumplir con este virreinato del FMI en que nos convertiremos, necesita avanzar sobre reformas y ajustes de todo tipo.
Todos los días se reflejan en los medios quejas de dirigentes y funcionarios del Frente de Todos, que pretenden sorprenderse ante lo inclemente del ajuste exigido e incluso que acusarían a Guzmán de mentiroso. Lo cierto es que, en medio de una gran crisis política, interna más, interna menos, intentos de despegarse, aunque sea de palabra, la inmensa mayoría del régimen político se encamina a apoyar este tremendo ajuste y remate de nuestra soberanía que implica el acuerdo con el FMI. Más que nunca está planteado enfrentarlo y derrotarlo como plantea el FITU y la mayoría de la izquierda del país, movilizando con todo como se hizo el 11d y el 8F, apoyando, extendiendo y uniendo las luchas que están en curso y lo están cuestionando en las calles.
- (1) Artículo “El Gobierno plantea un tope a la recuperación salarial y una posible reforma jubilatoria”, BAE Negocios del 21/02/2022.
- (2) Artículo “FMI: el Gobierno se compromete a tener listo un estudio del sistema previsional”, Clarín 20/02/2022.