El viernes 2 de agosto Fernando Albareda, militante de H.I.J.O.S, encontró a su madre Susana Beatriz Montoya, de 74 años, muerta en la casa familiar. El cuerpo de Susana tenía signos de haber sido víctima de un ataque violento y en una pared de la casa había escrito un mensaje: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. Meses antes Fernando había recibido amenazas de muerte con carteles que lo acusaban de ser “hijo de terrorista”.
El padre de Fernando y marido de Susana fue Ricardo Fermín Albareda, militante del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y subcomisario de la policía provincial desaparecido en 1979 por la patota del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) comandada por Raúl Telleldín. Su crimen fue juzgado en 2009 y entre otros fue condenado en el juicio el siniestro Luciano Benjamín Menéndez.
Respuesta social y reclamo de verdad y justicia
La gran conmoción que despertó el asesinato de Susana en la sociedad cordobesa trajo aparejada una rápida respuesta desde diferentes gremios y organizaciones, entre ellas la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos que nuclea a los organismos de DD.HH. históricos.
En ese sentido, desde el bloque del MST en el FIT-U la legisladora Luciana Echevarría presentó un proyecto de declaración aprobada por mayoría donde la Legislatura expresa “consternación por el crimen de Susana Beatriz Montoya” y “reclama el urgente esclarecimiento de los hechos”.
La autora de la declaración expresó que las amenazas que antecedieron a la muerte eran una forma de hostigamiento contra Susana y su hijo como represalia “por haber logrado llevar a juicio y encarcelar a algunos de los responsables del asesinato de Ricardo Fermín Albareda”.
Echevarría agregó que: “la sola posibilidad de que la policía esté involucrada es motivo suficiente para apartarla de la investigación, al igual que la justicia que no fue capaz de garantizar la seguridad de Susana, a pesar de las denuncias”.
Por eso, para lograr verdad y justicia para Susana propuso: “que se conforme una Comisión Investigadora Independiente, integrada por personalidades intachables que sean una garantía de llegar a la verdad de los hechos, aportando la transparencia y honestidad que no pueden aportar quienes podrían estar involucrados o fallaron en la tarea de cuidarla”.
Echevarría agregó: “El negacionismo del genocidio es hoy una política oficial del gobierno de Milei, que manda a sus diputados nacionales a visitar a genocidas como Astiz” y que los trata “como héroes” en los desfiles y actos oficiales. Y agregó que así: ”habilita, desde lo más alto del poder, acciones en contra los DD.HH. e incluso ataques directos a la integridad y a la vida de quienes los defienden. Nadie que se reivindique defensor de los DDHH o se considere mínimamente democrático puede apoyar a este gobierno de fachos. En ese sentido, el silencio de Llaryora es bastante elocuente”.
Por último, la legisladora del MST en el FITU indicó que: “desde la izquierda seguiremos llamando a la más amplia unidad en las calles para enfrentar el peligro de estas políticas negacionistas que la ultraderecha impulsa desde el gobierno y que tienen el objetivo de fortalecer y legitimar el accionar del aparato represivo estatal para hacer pasar su ajuste a los palazos si es necesario”.
Iván Sosa