Luego de meses sin sesionar, finalmente este jueves 18 de setiembre se reunió la Cámara de Diputados de la legislatura bonaerense. Y se aprobó con amplio apoyo el proyecto D-1026/25-26 por el que la Cámara de Diputados declara su “profunda preocupación ante un nuevo juicio contra el diputado de izquierda (mc) Alejandro Bodart, bajo la acusación de un supuesto “antisemitismo” por publicar tres tuits con contenido crítico al Estado de Israel y en solidaridad con el pueblo palestino”.
El proyecto plantea además que “no debe haber condena alguna” ante el ejercicio de la libertad de expresión, donde Bodart condena lo que “entiende como un genocidio reconocido hasta por la Corte internacional de la Haya”.
Esta votación es un triunfo democrático y político muy importante, nada menos que en la Legislatura de la provincia más grande del país. La justeza y claridad de lo planteado resultó tan contundente que pudo sortear todos los trámites legislativos. Solo se demoró por la parálisis de estos meses en la Legislatura.
El proyecto D-1026/25-26 lo presentamos con nuestro diputado Guillermo Pacagnini por el MST en el Frente de Izquierda Unidad el 21 de abril pasado. Luego de compartirlo e intercambiar con los distintos bloques, en la sesión del 23 de abril se lo giró a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y tratamiento.
Allí contó con el respaldo del Presidente de la Comisión de DDHH y en la reunión del 15 de mayo se logró el despacho favorable, al contar con el voto de 6 de los 7 integrantes de esa Comisión, que recomendaron a la Cámara de Diputados de la Provincia que se aprobara este justo proyecto.
Así se llegó a la sesión de este jueves 18 de setiembre, con numerosos proyectos acumulados sin poderse tratar por la prolongada parálisis que cruzó a esta Legislatura, ante las internas del PJ por la decisión de adelantar las elecciones provinciales al 7 de setiembre.
Pasada esa elección, se convocó a la sesión y el proyecto logró su aprobación definitiva en el recinto, constituyendo un avance democrático trascendental, ya que lo votado expresa la solicitud de la Cámara de Diputados de la provincia que reúne al 38% de la población del país.
Allí se solicita expresamente que no haya condena alguna en el juicio impulsado por el sionismo de la DAIA para intentar condenar a quien denuncia el genocidio que el Estado de Israel comente en Palestina. ¿Qué dice este proyecto D-1026/25-26 aprobado de manera tan clara y contundente?
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
DECLARA
Su profunda preocupación ante un nuevo juicio contra el diputado de izquierda (mc) Alejandro Bodart, bajo la acusación de un supuesto “antisemitismo” por publicar tres tuits con contenido crítico al Estado de Israel y en solidaridad con el pueblo palestino. Asimismo, rechaza ésta y toda otra forma de criminalización de la libertad de expresión, derecho humano fundamental consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales; por lo que no debe haber condena alguna, al reafirmar el principio democrático que garantiza el derecho a la libre opinión y la expresión de las ideas, así como el derecho a denunciar lo que entiende como genocidio y delitos de lesa humanidad, reconocidos y condenados hasta por la Corte internacional de la Haya.
¿Qué plantean los Fundamentos del proyecto aprobado?
El nuevo juicio y la audiencia del 8 de mayo por la apelación que pretende condenar al diputado (mc) Alejandro Bodart, dirigente del MST en el Frente de Izquierda Unidad, director de la revista “Revolución Permanente” y coordinador de la LIS -Liga Internacional Socialista que reúne a organizaciones de más de 40 países-, constituye un hecho grave y preocupante, al reflejar un intento de judicializar y penalizar opiniones críticas hacia las políticas del Estado de Israel.
Bodart fue absuelto de todos los cargos en los dos juicios anteriores, al desestimarse la acusación y apelación promovida por la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas). El primero fue en mayo de 2023, cuando el juez Pablo Cruz Casas lo sobreseyó en base al derecho a la libertad de expresión. Y el segundo, en agosto de 2024, con el nuevo fallo de la jueza Natalia Molina aún más contundente, al absolverlo por segunda vez de la falaz acusación por supuesta discriminación antisemita, al dictaminar que solo se trató de una opinión. Con esta nueva apelación se insiste en querer convertir en delito lo que es una condena pública y voz crítica a las acciones del gobierno israelí, en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.
Las opiniones de Bodart -expresadas en 2022 en su cuenta de Twitter (hoy X)-, señalaron el carácter genocida y colonial del primer ministro Netanyahu y el Estado de Israel, en el marco de su apoyo político a la causa del pueblo palestino. Lejos de ser discriminatorias, se enmarcan en el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión, opinión y denuncia de crímenes de lesa humanidad. Justamente, cuando La Haya, la Corte Penal Internacional, la Comisión de DDHH de la ONU, el Papa Francisco y muchos más denuncian al Estado de Israel por genocidio y Netanyahu tiene pedido de captura como criminal de guerra, con más de 50.000 asesinatos cometidos en Palestina y el Líbano, en su mayoría mujeres, niñas y niños.
La infundada acusación hacia Bodart se basa en una tergiversación intencionada del concepto de antisemitismo, al querer equipararlo con el antisionismo, una crítica política legítima a la ideología que justifica el apartheid, racismo y la limpieza étnica contra el pueblo palestino. Esa confusión deliberada no sólo criminaliza la crítica política, sino que constituye un serio riesgo y precedente para la vigencia de los derechos democráticos en nuestra provincia y el país.
La definición de antisemitismo que impulsa la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) es la única argumentación invocada, pero no es jurídicamente vinculante y aplicarla, contradice principios fundamentales del derecho. Siendo rechazada por amplios sectores del ámbito académico, político y de derechos humanos, al apelarse a ella para reprimir voces disidentes y silenciar el apoyo a la causa palestina.
La ofensiva judicial contra Bodart no es un caso aislado. Se inscribe en una campaña de censura y criminalización a nivel internacional contra quienes denuncian los crímenes de guerra y el genocidio perpetrado por el Estado de Israel. Su condena por tres publicaciones en la red social X, resulta funcional a la impunidad de esos crímenes. Denunciar un genocidio no es delito; por el contrario, es una obligación ética y política. Acompañar la causa del pueblo palestino es una muestra de solidaridad con un pueblo oprimido y despojado.
El intento de acallar voces con mecanismos judiciales, atenta contra los principios democráticos que deben regir una sociedad plural y libre. Por eso, esta Cámara debe valorar como necesario alcanzar la absolución definitiva de Alejandro Bodart, como un precedente en defensa del derecho a la libertad de expresión, a la crítica política y al compromiso con los derechos humanos.
La historia ha demostrado que callar ante el genocidio facilita su continuidad. Las libertades y conquistas democráticas en nuestro país no pueden retroceder, al punto de censurar a quienes denuncian lo que el mundo entero ve: la masacre contra el pueblo palestino. Por eso invito a las y los diputados a acompañar este proyecto, en defensa de la libertad de opinión y expresión, de los derechos humanos y la plena vigencia de las libertades públicas.
Descargar el proyecto aquí
