El encierro como forma de castigo no es patrimonio del capitalismo, sin embargo la institucionalización de tal pena y la potestad estatal de ejercerla, sí son privativas de este sistema. Tanto como lo son los objetivos asignados al régimen penitenciario, cuya función -más allá de lo que se establece constitucionalmente- es el disciplinamiento del conjunto de la sociedad. Una herramienta eficaz para generar miedo en la población frente al desacato a la norma, que como todo el resto de las cosas, no es ecuánime, sino profundamente clasista, por lo que a fin de cuentas, el objetivo de las cárceles es atemorizar a los trabajadores y sectores populares para que se sometan a la clase que ejerce el poder absoluto, aunque es una minoría insignificante desde el punto de vista numérico: la burguesía.
Las cárceles de Argentina
En nuestro país la conformación del Estado Nación tuvo uno de sus puntos más importantes en 1853, con la sanción de la Constitución Nacional. En el artículo 18 establecía que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. Hoy, casi 170 años después, ese artículo permanece intacto, tanto en su redacción como en su incumplimiento. Fieles a su costumbre, los que gobiernan para los ricos incumplen las propias leyes que ellos mismos crearon. Así funciona el sistema.Las cárceles de Argentina no son sanas ni limpias, en ellas se castiga, se maltrata, se mortifica y se asesina. Sólo algunos pueden atravesar el encierro en condiciones dignas, son los presos VIP, empresarios, funcionarios y genocidas. El resto, los pobres, sufren condiciones deplorables, heredadas de las estructura de la Dictadura, que ningún Gobierno democrático en estos 37 años pretendió desarmar. Así lo definía Nils Mezler, Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de Naciones Unidas “sobreviven algunos remanentes estructurales, culturales e institucionales del pasado, que aún se encuentran enquistados en los sistemas penitenciarios y de seguridad del país”.
Por eso mientras el sobrino de Luis Juez es alojado en la misma celda VIP en la que estuvo “El Presto”, a los pibes los apilan en la UCA donde la capacidad es para 250 personas pero actualmente alberga a más de 700. Esa misma desigualdad es la que genera que los genocidas tengan alojamiento de lujo, con pleno espacio, acceso a computadora, libros y lo que soliciten, mientras el resto de las personas privadas de su libertad no pueden siquiera acceder a la medicación que necesitan para sobrevivir, son castigados por quejarse y algunas veces ni siquiera tienen agua.
Algo habrán hecho
Cada vez que alguien osa denunciar los padecimientos de la población carcelaria no falta el opinador de turno diciendo que “no son bebés de pecho”, que “algo hicieron para estar ahí” que “lo hubieran pensado antes” y otras frase con mucha historia en nuestro país que siempre se usaron para lo mismo, justificar el maltrato y la violencia estatal a una porción de la sociedad que por estos motivos sería merecedora de los mismos. No hace falta aclarar que nadie merece el trato inhumano que se vive en las cárceles, pero además es importante ver quiénes son las personas que están presas.
Hoy en Córdoba hay 9707 detenidos. El 60% de ellos no tiene condena, es decir casi 6000 personas en Córdoba pasan sus días en las cárceles sin que se haya comprobado su culpa, por lo cual acá se invierte la carga de la prueba: se es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
El 80% de las personas presas son menores de 44 años y casi el 90% no pudo terminar el secundario, sólo el 10% tenía trabajo estable al momento de ser detenido, el 90% restante changueaba o estaba desocupado. La mayoría de ellos están acusados de delitos menores, hurto, robo, narcomenudeo, desacato, desobediencia a la autoridad, entre otros. Sólo el 3,4% son mujeres, para ellas, al igual que afuera, el calvario es doble, los niveles de maltrato y tortura en el correccional de mujeres son alarmantes, las sedan, las atan, les niegan atención médica e incluso también las matan.
El coronavirus en el encierro
La llegada del coronavirus incorporó un nuevo padecimiento a la situación ya insostenible de las cárceles. La primera medida que se tomó fue la suspensión de todas las visitas, eso perdura hasta hoy y recién empezarían a reactivarse el 15 de noviembre, por eso los y las presas hace 8 meses que no abrazan a sus familiares. Muy lejos de la visión instalada mediáticamente, las domiciliarias fueron una excepción que obviamente solo gozaron aquellos con poder: se fueron a su casa genocidas como el Tucán Yanicelli o grandes estafadores como Oscar Cerrutti de la causa “Euromayor”, el resto, aunque sus delitos son claramente menores o ni siquiera tienen condena, siguen adentro porque son pobres.
Al aislamiento total se le sumó el sufrimiento por la enfermedad, el virus ingresó y como era de esperarse las condiciones de hacinamiento y falta de higiene favorecieron su rápido contagio. Hasta inicios de octubre no habían permitido el ingreso de barbijos y alcohol en gel a las cárceles. La carpa sanitaria que costó más de 13 millones de pesos no había sido funcionalizada ni le habían asignado personal. A los contagiados de la UCA (E.P n° 9) los trasladaron primero a Bouwer y luego a Cruz del Eje y así fueron esparciendo el virus por todos los establecimientos. Los brotes comenzaron en septiembre y hoy ya son casi 500 los contagiados. La responsabilidad del Estado sobre estos contagios es total, acá no hay posibilidad de endilgarle la culpa a la sociedad porque el único en condiciones de proteger la salud de las y los presos es el Estado, demás está decir que ellos no pueden salir por su cuenta a comprar barbijos o alcohol en gel. Por esto, el Estado es el responsable de cada una de las personas que enferma y muere dentro del sistema penitenciario.
La situación fue denunciada por las familias y amigos y fueron absolutamente ignorados en algunos casos o reprimidos en otros, como pasó en Río Cuarto donde la policía gaseó a las esposas de los detenidos que lo único que pedían era conocer su estado de salud. Cuando los reclamos vinieron desde adentro el castigo fue mucho mayor: celdas de aislamiento, traslados y múltiples maltratos sufrieron quienes demandaron una mejora en las condiciones de encierro.
La injusticia de siempre
El 29 de septiembre, después de recibir numerosas denuncias que anunciaban un desastre sanitario y humanitario en las cárceles por el ingreso del coronavirus, presenté un Hábeas Corpus colectivo en representación de la población carcelaria que fue firmado por varios internos e internas y por familiares. La respuesta de la Justicia fue patética y no exagero con el término. Se limitaron a pedir informes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – responsable del Servicio Penitenciario-. Como no podía ser de otra manera el Ministerio dijo que las cárceles estaban impecables, que los elementos de protección personal eran suficientes, que había múltiples insumos para la limpieza, que las celdas se desinfectaban diariamente, etc. La única prueba que mostró fue su palabra. Eso bastó para que la Justicia rechace nuestro pedido.
Es decir, frente a una denuncia muy profunda que hicimos sobre la situación de las cárceles, la única prueba que se tomó para desestimarla fue la opinión de la parte denunciada. Una muestra más de que el poder judicial es absolutamente cómplice del poder político y entre ambos se encargan de hacer siempre un poco peor la vida a los de abajo.
La legislatura no está muy lejos de eso, hace seis meses pedí al Ministro Julián López que informe sobre la situación general de las cárceles, las condiciones de los establecimientos penitenciarios, la cantidad de presos sin condena, las readecuaciones del sistema frente a la crisis sanitaria, el nulo funcionamiento de la Comisión de Seguimiento para internos carcelarios, entre otros aspectos relativos a las condiciones de encierro en la provincia. Todos ellos siguen sin ser ni respondidos por el Ministro como corresponde y ni siquiera han sido abordados en la Comisión de DDHH. Es decir, todas las instituciones optan por ignorar la situación y sostener los padecimientos de estas casi 10 mil personas privadas de la libertad.
Transformar todo
“Si esta cárcel sigue así todo preso es político” decían Los Redondos en los 90 y es verdad. Por eso acá no basta sólo con tomar medidas para proteger a la población carcelaria desde el punto de vista sanitario. Es necesario poder discutir a fondo para qué existen las cárceles, al servicio de qué intereses se encierra a las personas y fundamentalmente a quiénes se encierra
Que el 60% de las y los presos no tenga condenas es una aberración y no es sólo responsabilidad judicial, porque la política de militarización y mano dura, los discursos que ubican a ciertos sectores de la sociedad como ‘los peligrosos’, el fogoneo mediático en relación a endurecer las penas, luego tiene como consecuencias decisiones de la Justicia que sabemos que siempre son políticas.
Toda esta injusticia se tiene que terminar. Un paso en ese camino es conformar una comisión independiente de todos los poderes de turno integrada por referentes de las organizaciones de DDHH y de protección de los derechos de las y los presos, personas con la trayectoria intachable de Adriana Revol serían claves para esta tarea. Desde esta comisión deberá surgir un pormenorizado informe de la situación carcelaria y resoluciones de implementación obligatoria para el gobierno. Junto con esto es fundamental operar profundos cambios en la Justicia y la Policía, democratizando a fondo ambas instituciones, eligiendo jueces, fiscales y comisarios por voto directo, depurandolas de todos los corruptos y represores.
Pero también hay que pensar que para revertir todos estos años de maltratos y violencias, es necesario terminar con las causas que los producen y esas causas tienen un único origen, el capitalismo. Por eso nuestra pelea es a fondo contra este sistema de exclusión y explotación que a los pobres primero los margina y estigmatiza, para luego perseguirlos, reprimirlos, encarcelarlos y matarlos. Sólo una sociedad más justa, igualitaria, sin explotación ni opresión podrá garantizarnos a todos la plena vigencia de nuestros derechos humanos, de nuestra verdadera humanidad.