Este miércoles 23, se hizo público otro ataque a las familias y a la educación estatal por parte del gobierno de Rodríguez Larreta, avalado por el Tribunal Superior de Justicia porteño.
No es nueva la enorme falta de vacantes que año tras año se suceden en la Ciudad de Buenos Aires. Situación que este año se ve agravada por la crisis económica que golpea duro a todo el pueblo trabajador y la realidad del negocio privado que no respondió en plena pandemia. Esto, y la suba de las cuotas del negociado de las privadas, hace que miles de familias más vuelvan a elegir la escuela estatal.
Ante esto, el gobierno porteño en lugar de garantizar vacantes para la totalidad de estudiantes que lo solicitan, apela a la Justicia pro capitalista que falla a su favor, obligándote a ir a una privada.
Por eso exigimos, en primer lugar, que se garantice la matrícula a cada estudiante. Y venimos denunciando el lucro de la enseñanza privada, exigiendo que se terminen los subsidios a la escuela confesional y empresarial, para que esos fondos se utilicen en fortalecer el sistema estatal. Para avanzar así en la pelea por un sistema único, estatal, nacional, gratuito y laico.
En este marco, compartimos el comunicado de Ademys.
La justicia porteña falla en contra del acceso a la educación
Apoyemos la lucha de las familias vacantes
El Tribunal Superior de Justicia de CABA acaba de emitir un fallo que va en contra del derecho al acceso a la educación pública ante la petición de una familia de una vacante para sala de dos años. Entre los fundamentos, el Tribunal esgrime que quien no pruebe tener un mejor derecho que los grupos a los que asigna prioridad el artículo 17 de la CABA, no podrá exigir su admisión en el sistema público si las vacantes no son suficientes. Por otro lado, agrega que la obligatoriedad por parte del Estado se limita a asegurar la escolaridad de aquellos niños en situación de pobreza y exclusión, es decir, aquellos que presenten un certificado de pobreza y no puedan afrontar los gastos para una educación privada.
El fallo es aberrante por donde quiera que se lo mire y hace una diferenciación entre la escolarización obligatoria y no obligatoria sólo a los efectos de fundamentar el incumplimiento del gobierno en lo que respecta a su obligación de garantizar la educación pública desde los 45 días como lo establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, desliga la responsabilidad del Poder Ejecutivo y la deposita sobre la Legislatura porteña señalando que mientras no asignen mayores fondos para la universalización del sistema educativo, el Poder Ejecutivo sólo puede limitarse a gestionar las vacantes disponibles. El fallo admite la falta de vacantes, pero omite el hecho de que, es en la misma legislatura en donde el partido gobernante, entre otros, obtura los proyectos integrales de construcción de escuelas.
Desde Ademys venimos denunciando año tras año la falta de vacantes, que afecta especialmente a las mujeres trabajadoras sobre las cuales aún recae el cuidado de los niños y niñas, y la forzada transferencia al sector privado obligando a las familias a pagar cuotas exuberantes en escuelas de nivel inicial privadas.
Este fallo es a la medida del presupuesto de ajuste de Larreta en el cual no hay prioridad para áreas tan sensibles como educación, salud e infraestructura. Este fallo va en línea con la política privatista del Gobierno de Larreta que no sólo promueve la Educación privada sino también la precarización de la Educación, multiplicando los Centros de Primera Infancia, donde ya es requisito presentar un certificado de pobreza, en lugar de construir jardines.
◼Exigimos la construcción de escuelas y acompañamos a las familias que luchan por vacantes.