Como denuncian los integrantes de la sexta marcha Soberanía al lago Escondido e integrantes de la Fundación interactiva para promover la cultura del agua, un verdadero ejercito privado integrado por empleados del magnate inglés Joe Lewis, propietario de 12.000 hectáreas adquiridas en forma ilegal que rodean al espejo de agua impidieron el acceso al lago a una comitiva de 22 personas, utilizando armas y profiriendo todo tipo de amenazas. El lago se ha convertido, con la protección de las autoridades argentinas, en un territorio inglés en medio de la Patagonia.
El Lago Escondido es un hermoso paraje ubicado en la provincia de Río Negro, a 50 kilómetros de El Bolsón en plena región cordillerana, lindante con Chile. Desde que Joe Lewis -que posee una de las fortunas más grandes del mundo- realizó la compra, totalmente ilegal de acuerdo a la legislación argentina, de las tierras que rodean al lago construyó una lujosa mansión a las orillas del mismo, violando todos los derechos constitucionales y la soberanía del país. Sus matones armados, con la ayuda de la policía del lugar y los funcionarios argentinos impiden el acceso al lago a cualquier argentino que quiera acercase.
Esta vez la marcha de protesta concentró a 300 manifestantes que quisieron ingresar por el camino de Tacuifí –el acceso más próximo al lago, ubicado en la ruta 40 a la altura de El Foyel- y no pudieron pasar. Incluso la Justicia denegó un amparo presentado para poder ingresar por allí. Una comitiva de 22 manifestantes intentó a su vez ingresar por un camino de la montaña de 30 kilómetros de difícil acceso, que fue habilitado como acceso público al lago por un fallo judicial, pero fueron interceptados en las proximidades de lago Soberanía por 50 hombres a caballo armados, que con ropas de gaucho simulaban ser pobladores del lugar. Entre ellos pudo identificarse claramente a unos de los administradores de las propiedades de Lewis.
La patota armada no solo impidió el paso, reteniendo a los manifestantes en forma ilegal; sino que pincharon un kayak y amenazaron con hundir a los manifestantes en el lago. La policía, según denuncian los integrantes de la comitiva, los dejó solos toda la noche en medio de la montaña con las amenazas recibidas. Un nuevo atropello, ya que se impidió el paso en un sendero público alejado de la “propiedad privada” de Lewis.
Fue retirado en helicóptero del lugar el médico sanitarista y referente peronista Jorge Rachid, asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien sufrió una grave descompensación y la justicia local volvió a negarse tomar las medidas de protección reclamados por la delegación frente a las amenazas recibidas.
Un territorio inglés en medio de la Argentina
El título no exagera un milímetro. El lago Escondido desde la adquisición ilegal de las tierras que lo rodean en 1996 es territorio privado del magnate, protegido por la policía y los funcionarios del lugar y de la provincia.
Ante los incidentes que describimos, la gobernadora Arabela Carreras declaró desde Madrid, en una escala técnica de la comitiva presidencial de regreso de China y camino a Barbados, que “en esta época del año, los pobladores de la zona de lago Escondido ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica”. Alberto Galeano, dirigente de la CTA Autónoma de Bariloche denunció que en ocasión de realizarse la 5ta marcha por la soberanía en el 2020, les fue impedida la entrada por Tacuifí, que parece la entrada a un country propiedad del magnate, por el entonces comisario Osbaldo Tellería, quien hoy reviste como jefe de toda la policía provincial.
Lewis y su empresa privada llamada Hidden Lake, que emplea a cerca de 150 personas tienen comprada a la policía, los jueces, tienen negocios con otros propietarios del lugar que lo defienden y hasta la gobernadora sostiene esta usurpación del territorio argentino por el magnate inglés y su patota armada, en cuya estancia supo pasar unos días el ex presidente y amigo Mauricio Macri. Significativamente, mientras varios militantes y dirigentes sindicales, entre ellos el conocido sanitarista peronista Jorge Rachid eran reprimidos por la gente de Lewis, la gobernadora que lo defiende integraba la comitiva presidencial.
Una “compra” absolutamente ilegal
El año pasado prescribió la causa judicial por la adquisición por parte de Lewis de las 12.000 hectáreas que rodean al lago Escondido. Esta compra se realizó en 1996 por la empresa argentina S.H.R. Properties Buenos Aires S.A, dirigida por Lisandro Allende. Por tratarse de una zona lindante con el límite del país debió acceder a la autorización de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. Estaba prohibidísimo para un empresario extranjero adquirir esa cantidad de tierras en una ubicación limítrofe.
Al poco tiempo la compañía pasó a ser parte de la sociedad Lago Corp. de Lewis, bajo el nombre de Hidden Lake S.A. Esta sociedad fue la que realizó la escritura de la propiedad, pero se la inscribió a nombre de otra empresa, ya que un extranjero no podía poseer una estancia de esa magnitud en la zona limítrofe.
El procurador del Tesoro Carlos Balbín intentó anular esta compra ilegal, pero Macri en la presidencia del país lo echó del cargo y puso a un amigo suyo en su reemplazo. Luego, el ex presidente modificó la Ley de tierras rurales, permitiendo a los extranjeros pasar del 25% al 51% en la participación de empresas autorizadas para comprar tierras, y aumentó el mínimo de 1.000 hectáreas permitido hasta el momento.
Es así como Joe Lewis, quien según Forbes se encuentra entre los 500 empresarios más ricos del mundo y que posee un patrimonio de U$S 5.000 millones se quedó y mantiene su ilegal posesión de un lago argentino y todas las tierras que lo rodean, frente a la complicidad total de las máximas autoridades provinciales y el gobierno nacional que mira para otro lado.
Contra la represión y por la defensa de la soberanía
Lo sucedido en lago Escondido en estos días es muy grave, no solo por el hecho en sí; sino porque se enmarca en las agresiones a manifestaciones populares por patotas armadas, como la agresión sufrida este 8F por la manifestación de Córdoba contra el pacto gobierno-FMI, un método fascista que debemos enfrentar e impedir. Por ello es necesario exigir su rápida investigación, la detención de los responsables y la garantía total de acceso al lago Escondido por una vía cercana y segura como es el conocido como Tacuifí.
Ante las probadas irregularidades en la adquisición de las 12.000 hectáreas que rodean al lago, los gobiernos nacional y provincial tienen la obligación de expropiar sin pago las tierras de Lewis, destinarlas al uso público de los habitantes de la región y el país y expulsar a este usurpador de la Argentina.
Tareas que tendrán que imponerse con una gran movilización en defensa de la soberanía de nuestros recursos naturales, frente a gobiernos que hablan de la misma en los días de fiesta y después nos entregan de pies y manos a los intereses del FMI y los magnates de las multinacionales.
