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La situación de las universidades nacionales forma parte de un cuadro más general de ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, que avanza sobre salarios, presupuesto y condiciones de vida. Sin embargo, ese ajuste no transcurre sin contradicciones: empieza a chocar por arriba con fallos judiciales y con posicionamientos formales de las autoridades universitarias, y por abajo con un proceso incipiente pero creciente de activación del movimiento educativo.
Los datos muestran la magnitud del ataque. El salario real docente ha perdido más de un 30% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, mientras se imponen aumentos del 2% mensual que consolidan el deterioro. Para recuperar ese nivel haría falta un incremento cercano al 49%. Al mismo tiempo, el presupuesto universitario sufre una caída proyectada de hasta el 45,6% en términos reales hacia 2026. No se trata de un ajuste parcial: es un proceso de vaciamiento.
El funcionamiento mismo de las universidades se sostiene cada vez más sobre el esfuerzo, el empobrecimiento y la precarización de sus trabajadores. Se ha consolidado un escenario donde la continuidad académica depende de salarios de pobreza y de una sobrecarga laboral creciente.
En este marco, el reciente fallo judicial que insta al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento genera expectativas comprensibles. Pero es necesario ser claros: no podemos depositar en la Justicia una salida al conflicto. Sabemos por experiencia que estos fallos pueden no cumplirse, demorarse o ser revertidos. Canalizar el conflicto por esa vía implica desarmar la fuerza que hoy empieza a emerger desde abajo.
Lo mismo ocurre con las autoridades universitarias. El Consejo Interuniversitario Nacional ratificó el reclamo por la Ley de Financiamiento, pero su orientación sigue siendo la de negociar, administrar el conflicto y evitar su desborde. Hoy se ven obligados a posar como opositores, pero su estrategia no es derrotar el ajuste sino encauzarlo en términos sin alterar el statu quo.
No podemos confiar en esa perspectiva. Cuando la universidad pública está en juego, la pasividad y la negociación a la baja no son una opción.
Fuerza por abajo, inacción por arriba
En este escenario nos enfrentamos, en los hechos, a tres actores: el gobierno y su política de ajuste; las autoridades universitarias, que buscan contener y negociar el conflicto; y las direcciones sindicales como la conducción de CONADU H y CONADU, que aunque han convocado a paros nacionales, en muchos casos por presión desde abajo, no han mostrado hasta ahora disposición a desplegar una estrategia que supere la lucha fragmentada y sin continuidad.
Sin embargo, por abajo, la situación es dinámica. Crecen las asambleas, el debate y la presión por profundizar las medidas. Este proceso expresa una tendencia a la radicalización que parte de un diagnóstico correcto: así como estamos, no alcanza.
Pero también es necesario sacar una conclusión más profunda: no se trata solamente de endurecer medidas, sino de construir una hoja de ruta que permita ganar. Ninguna acción aislada —por más contundente que sea— puede reemplazar la necesidad de masividad, unidad y perspectiva.
Por eso el eje pasa por impulsar un plan de lucha escalonado y creciente, que fortalezca la organización desde abajo y al mismo tiempo impida el aislamiento del conflicto.
Esto implica profundizar las asambleas por facultad y los espacios interclaustros, multiplicar las clases públicas, avanzar en los paros contudente y preparar medidas superiores en la medida que el conflicto y la masa crítica vayan ganando volumen. Pero sobre todo supone incorporar plenamente como sujeto al movimiento estudiantil, que todavía no ha irrumpido con toda su fuerza, y articular a toda la comunidad educativa.
Al mismo tiempo, es indispensable sacar el conflicto a la sociedad. La universidad pública no es una causa sectorial: cuenta con un amplio apoyo social que debe transformarse en movilización efectiva. Para eso es clave unificar esta pelea con otras luchas en curso: la defensa de la ciencia, la salud pública, el ambiente, la discapacidad, los trabajadores en conflicto y los sectores golpeados por el ajuste.
Para ganar: hagamos como el Garrahan
Se vuelve necesario tomar como referencia experiencias de lucha que han logrado trascender lo sectorial, como el caso del Hospital Garrahan, evitando el aislamiento y acumulando legitimidad social. Esto implica actuar sin sectarismos, promoviendo la más amplia unidad posible, con espacios de coordinación que permitan incorporar a todos los sectores en lucha a una perspectiva común.
Hoy, además, hay condiciones políticas que vuelven aún más urgente y posible dar ese salto. Venimos de un masivo 24 de marzo en unidad, que mostró en las calles la enorme capacidad de construir una oposición social amplia, transversal y combativa. Esa experiencia reciente demuestra que es posible golpear con fuerza cuando las luchas logran confluir.
El gobierno no es invencible. Atraviesa una crisis creciente por cuestionamientos políticos, denuncias de corrupción, el desgaste de figuras como Manuel Adorni y un agravamiento de la situación económica que impacta sobre las mayorías. Este cuadro abre una oportunidad que no puede ser desaprovechada.
En ese sentido, convocar a una Marcha Federal por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario para este 23 de abril debe ser un punto de referencia para algo más grande. Si los rectores y las conducciones sindicales dicen estar en contra del ajuste, entonces tienen que pasar de las palabras a los hechos, convocando a articular todas las causas en lucha, con la universidad como protagonista.
Ese es el camino para construir una fuerza real.
La única garantía para frenar el ajuste está en la organización desde abajo, la unidad de las luchas y la movilización masiva.
Porque lo que está en juego es la universidad pública como derecho social.
Y ese derecho no se negocia: se defiende con el cuerpo en las calles.
Dirección de Alternativa Universitaria:
Sofía Cáceres Sforza. Secretaria General de SiTRADU (CONADUH)- Entre Ríos
Raúl Gómez. Delegado Facultad de Psicología. Congresal CONADU. ADIUC-UNC
