Mientras el calendario marca la época de vacaciones, hoy casi virtuales, ya que la crisis económica hace que pocos trabajadores las pueden disfrutar, parte de la cúpula libertaria ha decidido que no hay tiempo para el descanso cuando se trata de avanzar contra los derechos de la clase trabajadora. En simultáneo a esto, el Congreso, formalmente en receso, tiene los pasillos de Balcarce 50 y los despachos del oficialismo en un clima acalorado de negociaciones y maniobras.
El objetivo para el gobierno es uno solo: garantizar que en febrero, cuando se retomen las sesiones extraordinarias, la reforma laboral consiga la luz verde definitiva. Para ello, Javier Milei comienza a desplegar un operativo que busca quebrar cualquier resistencia provincial mediante las negociaciones del ministro del Interior, Diego Santilli, quien ha iniciado una gira nacional para blindar los votos necesarios. Mientras, en sintonía con las reuniones del Colo, se afina la billetera de Luis Caputo para la compra de voluntades.
Este tour de gobernadores tuvo su primera parada en Chubut, una provincia que hoy se encuentra literalmente en llamas debido a una desinversión criminal en la prevención y mitigación de incendios. Mientras el gobernador Ignacio Torres agradecía la presencia de Santilli en las zonas afectadas de El Hoyo y Epuyén, la realidad marcaba una contradicción criminal. La falta de políticas públicas y el recorte de fondos, tanto nacionales como provinciales, han dejado a la Patagonia a merced del fuego, pero para el enviado de la Casa Rosada la prioridad no era el desastre ecológico ni social, sino asegurar que Torres y sus senadoras, Andrea Cristina y Edith Terenzi, se mantengan dentro del grupo de los colaboracionistas.
A esta altura ya no sorprende, pero a contramano del discurso de Milei, el método Santilli es, tal vez, una reedición de las peores prácticas de la casta política. Mirémoslo en detalle. El ministro anota las urgencias de las cajas provinciales, desde el traspaso de cajas jubilatorias hasta fondos retenidos, y luego el Palacio de Hacienda afina la discrecionalidad para liberar los recursos a cambio de apoyo legislativo. De las mejores mañas de la casta.
A pesar de este método, la negociación para los libertarios no es sencilla porque el proyecto oficial contiene un artículo que ha puesto en guardia incluso a los mandatarios más dialoguistas. El artículo 191 propone un recorte de casi dos billones de pesos de la masa coparticipable del Impuesto a las Ganancias que tributan las empresas, beneficiando directamente a solo 144 grandes compañías. Esta rebaja tributaria encubierta impacta de lleno en el corazón del federalismo fiscal, quitándole recursos a provincias como Entre Ríos, Chaco y Mendoza, cuyos gobernadores ahora deben decidir si aceptan este golpe a cambio de algún beneficio marginal para sus gestiones locales.
El antecedente inmediato de esta dinámica fue la aprobación del Presupuesto 2026, un triunfo que el oficialismo presenta como total pero que, en los hechos, fue una victoria cargada de concesiones. Para obtener los votos, el gobierno tuvo que retroceder en puntos criminales de su ajuste, como la derogación de la ley de emergencia en discapacidad o el desfinanciamiento total de las universidades nacionales. Ese proyecto no salió como Milei quería, y la reforma laboral podría correr el mismo riesgo si el descontento crece en las calles.
Un ejemplo obsceno de cómo se compran estas voluntades es el caso de Raúl Jalil en Catamarca. Pocos días después de que sus legisladores apoyaran el Presupuesto, el Ejecutivo le cedió a la provincia el control absoluto de la minera Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Este precedente de entrega de recursos estratégicos a cambio de gobernabilidad parlamentaria es el espejo en el que se miran hoy mandatarios como Cornejo, Zdero o Ziliotto antes de recibir a Santilli.
Ajuste laboral y traición sindical
El contenido de la reforma laboral que el oficialismo pretende sancionar es el sueño de las patronales y el FMI. Bajo la idea de la modernización, se oculta un ataque estructural que busca instaurar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo donde los empleadores aportan un porcentaje obligatorio para financiar sus propios costos de despido, eliminando de hecho la estabilidad y el carácter punitivo de las indemnizaciones. Además, el proyecto avanza peligrosamente sobre el derecho a la huelga, estableciendo limitaciones que rozan la inconstitucionalidad para garantizar la “continuidad operativa” de las empresas por encima del derecho constitucional a la protesta. Es un programa diseñado para abaratar la mano de obra argentina y someterla a una flexibilidad extrema, eliminando las multas por trabajo no registrado y facilitando el fraude laboral bajo nuevas modalidades de contratación.
Una de las cuestiones más terribles de este escenario es el papel que está jugando la cúpula de la CGT. En lugar de organizar la resistencia masiva que requiere este ataque, el nuevo triunviro ha optado por el camino de la claudicación y la negociación a espaldas de las bases. Patricia Bullrich, hoy jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, ha sido clara al manifestar que el diálogo con la central obrera está abierto pero condicionado a un “cambio de status quo“. La respuesta de la burocracia sindical ha sido la de siempre: aceptar mesas técnicas y enviar sugerencias mientras el gobierno avanza. La pantomima de la última movilización, que no tuvo continuidad en un paro general ni en un plan de lucha serio, dejó en claro que la dirección de la CGT está más preocupada por mantener sus propias cuotas de poder que por defender los convenios colectivos.
Este capítulo de entrega se escribe mientras el gobierno intenta dividir aguas entre quienes quieren defender el texto original de Sturzenegger y quienes, como Bullrich, están dispuestos a retocar artículos para llegar al número mágico en el recinto.
La creación de una comisión técnica en el Senado, encabezada por Josefina Tajes, es solo una formalidad para procesar las objeciones de los sectores colaboracionistas y las entidades empresariales. Lo que se negocia allí no son mejoras para los trabajadores, sino el precio de su entrega. El oficialismo aspira a tener todo cerrado para el 10 de febrero, confiando en que la rosca veraniega habrá sido suficiente para anestesiar la reacción de los gobernadores afectados por el recorte de Ganancias y para garantizar que la CGT no pase de las declaraciones de compromiso.
Saqueo, deuda y sumisión
Este avance autoritario y regresivo no se produce en el vacío. El gobierno de Milei ha decidido atar el destino de la Argentina a la estrategia geopolítica de Washington, actuando como el primer súbdito de Donald Trump ante la invasión estadounidense en Venezuela. Este alineamiento imperialista, por supuesto que no es gratuito; es la contraprestación necesaria para intentar conseguir el respaldo político y financiero que el programa libertario requiere ante su propia fragilidad.
El oficialismo necesita mostrar orden interno y leyes sancionadas para convencer al capital financiero de que el ajuste es sostenible, mientras actúa como enclave de los intereses yanquis en la región. Claro que esto puede quedar trunco. La profundización de una crisis interna en el país norteamericano podría hacer que Trump se olvide de su aliado argentino para centrarse en sus problemas locales. Una pesadilla que los libertarios no quieren tener.
A su vez, la situación financiera del país sigue siendo una bomba de tiempo, a pesar de los malabares de Luis Caputo para conseguir divisas de corto plazo. El pago de los vencimientos de deuda de enero, por más de 4.200 millones de dólares, se está logrando mediante un proceso de privatización y desguace de activos estratégicos como las represas hidroeléctricas del Comahue. Se rompen los chanchitos del Estado para pagar una deuda ilegítima, mientras se les exige a los trabajadores que acepten una reforma laboral que los dejará sin protección frente al despido.
El gobierno vende las joyas de la abuela para pagarle a los bancos y, simultáneamente, negocia con los gobernadores el recorte de su propia coparticipación, en un círculo vicioso de ajuste que solo beneficia a los grandes grupos económicos concentrados y a los organismos multilaterales de crédito.
Frente a esta encerrona, la denuncia debe ser total y la respuesta debe darse en el único terreno donde el gobierno no tiene el control: la calle. La reforma laboral de Milei y el FMI debe ser enfrentada con la unidad de toda la clase trabajadora, superando la parálisis de una conducción sindical que ha decidido canjear derechos por sobrevivencia política.
Es urgente exigirle a la CGT y a todas las centrales obreras el llamado inmediato a un paro nacional y a un plan de lucha que tire abajo este proyecto antes de que llegue al recinto en febrero. No podemos permitir que la rosca veraniega de Santilli y las promesas de Bullrich terminen de hipotecar nuestro futuro. La crisis y los vencimientos de deuda no se deben pagar con la salud de los trabajadores ni con la soberanía de nuestras provincias; la deuda es con el pueblo, y es hora de que la paguen los capitalistas que se benefician de este modelo de ajuste, entrega y miseria.
