El proyecto de reforma laboral que el gobierno de Milei acaba de enviar al Senado esconde, detrás del cuentito de la modernización, una estafa previsional nunca vista, que transfiere recursos de los trabajadores a las grandes patronales.
Dentro del entramado de artículos contenidos en este proyecto de ley, se propone la creación de un nuevo mecanismo para financiar las indemnizaciones por despido, denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este se nutriría directamente de los aportes que las empresas deberían realizar al sistema jubilatorio.
Según estimaciones y proyecciones basada en datos oficiales, esta maniobra implicará un desvió anual de casi U$S3.000 millones de dólares desde las arcas de la ANSES hacia las cuentas de las empresas, desfinanciando aún más a un sistema previsional que ya se cruje por el ajuste y condenando a los jubilados presentes y futuros a haberes de miseria para garantizar que despedir sea más barato y fácil para el capital concentrado.
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La ingeniería financiera diseñada por el equipo de Federico Sturzenegger y el ministro Luis Caputo, establece que las empresas deberán constituir estos fondos mediante una contribución mensual obligatoria equivalente al 3% de su masa salarial bruta. Sin embargo, el detalle se encuentra en que ese dinero no saldrá del bolsillo de los empresarios, sino que se descontará de las grandes contribuciones patronales que hoy tienen como destino el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Es decir, el Estado resigna recaudación previsional para que las compañías acumulen un fondo propio destinado a echar gente. En la práctica, esto es una subvención estatal al despido financiada con la plata de los viejos.
Esta transferencia de ingresos, que algunos cálculos ubican entre los 2.000 y los 4.700 millones de dólares anuales dependiendo de la base del cálculo, representan un golpe letal a la sustentabilidad de la seguridad social, replicando la lógica de vaciamiento que en los noventa precedió a la privatización del sistema.
El funcionamiento del FAL transforma el despido en un trámite administrativo prefinanciado por el propio sistema solidario. El dinero desviado de la ANSES se depositará en cuentas individuales de las empresas y podrá ser invertido en instrumentos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores, convirtiendo a las indemnizaciones en una masa de capital especulativo.
Mientras el gobierno se llena la boca hablando del déficit cero y recorta medicamento a los jubilados, le regala a la patronal una rebaja de cargas sociales encubierta para que se ahorren el costo de las cesantías. Si el fondo acumulado no alcanza para cubrir la indemnización completa, la empresa deberá pagar la diferencia, pero el grueso del costo ya habrá sido absorbido por el desvío de fondos previsionales. Es la estatización del costo de despido y la privatización de la ganancia empresarial, llevada al extremo. De esta forma, se inaugura un estado de impunidad patronal total: ya sea mediante el fondo de cese laboral al estilo de la construcción (donde el trabajador se autopaga el despido con su salario diferido) o con este nuevo FAL financiado por el Estado, el objetivo final es siempre el mismo, liberar a los empresarios de la obligación de hacerse cargo del costo de las indemnizaciones.
A este saqueo de la caja jubilatoria se le suma el carácter profundamente regresivo del resto del contenido de la reforma, que busca retrotraer las relaciones laborales a condiciones propias del siglo XIX. La reforma habilita la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas mediante un banco de horas que elimina el pago de horas extras, legaliza el fraude laboral a través de la figura del monotributo, debilita la negociación colectiva al priorizar los convenios por empresa y ataca el derecho a huelga mediante la limitación de las asambleas y la penalización de los bloqueos. Todo el proyecto está orientado a disciplinar a la clase trabajadora, fragmentar su organización y aumentar la tasa de explotación, utilizando el chamuyo de la modernización para barrer con conquistas históricas que costaron sangre y lucha conseguir.
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Frente a este ataque integral, que combina la destrucción de los derechos laborales con el vaciamiento del sistema previsional, no hay margen para la negociación ni para la tibieza. La conducción de la CGT, con la experiencia de estos dos años de Milei, no es garantía de nada. Por eso, desde el MST en el Frente de izquierda Unidad y el sindicalismo combativo, convocamos a ganar las calles este 18 de diciembre en una gran columna independiente. Tenemos que ser miles en la Plaza de Mayo para denunciar esta estafa, exigir a la burocracia sindical que rompa la tregua y llame a un paro nacional activo, y plantear una salida de fondo que defienda el trabajo, el salario y las jubilaciones contra la voracidad de un gobierno que gobierna para los ricos y sus ganancias.
