En medio del avance que intenta realizar el gobierno de Javier Milei, con una reforma laboral y tributaria que privilegia abiertamente los intereses del sector empresarial, tal como quedó evidenciado en las reuniones secretas que el ministro de Economía, Luis Caputo se reunió con el grupo de los Seis[i] y la AmCham[ii]. En este encuentro, se habrían deslizados los primeros bocetos sobre algunos ítems que comprenden a las reformas estructurales, comprendidas en el mundo del trabajo.
Uno de los elementos centrales de esta ofensiva estaría presentado por medio de la eliminación del monotributo. Una medida que hace tiempo viene siendo una demanda del Fondo Monetario internacional, que, a su vez, se enmarca en un acuerdo más amplio con los Estados Unidos. Bajo el discurso de la formalización y la simplificación tributaria, el gobierno prepara una transferencia masiva de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores.
La propuesta implica el desmantelamiento del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, que actualmente incluye a entre 2.1 y 3.2 millones de personas. |, donde enfrentarían un aumento inmediato del 100% en sus aportes mensuales, con cuotas que escalarían de los $57.000-$250.000 actuales a $100.000-$500.000. Este incremento brutal ocurre en un contexto donde la informalidad laboral ya alcanza al 43.2% de los puestos de trabajo y donde seis de cada diez jóvenes trabajan fuera de la formalidad.
Paralelamente, el gobierno planea una reformulación regresiva del impuesto a las Ganancias que reduciría el mínimo no imponible a $1.7 millones, arrastrando a aproximadamente 3 millones de nuevos contribuyentes hacia este tributo. Mientras se amplía la base de trabajadores que pagan impuestos, el ministerio de Economía ofrece generosas reducciones en las cargas patronales, que caerían del 25.5% al 17% para las nuevas contrataciones. Esta combinación de medidas configura un escenario donde los costos de la formalización recaen exclusivamente sobre los trabajadores.
La contradicción entre el discurso oficial de eliminar impuestos y la realidad de estas reformas es más que evidente. Lejos de simplificar el sistema, la eliminación del monotributo impondrá a pequeños contribuyentes exigencias contables complejas y costos prohibitivos. La promesa de deducciones por gastos personales resulta ilusoria para quienes apenas alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. El verdadero objetivo parece ser la creación de un ejército de trabajadores autónomos precarizados que subsidien con mayores aportes las reducciones impositivas empresariales.
Esta ofensiva se completa con el nuevo régimen de empleo que promueve el Fondo de Cese Laboral, un mecanismo diseñado para abaratar y facilitar los despidos. La experiencia histórica demuestra que las rebajas de cargas patronales no reducen la informalidad. Desde 1993, las contribuciones patronales cayeron del 33% al 20-25%, mientras la informalidad asalariada aumentó del 32.7% al 37.7%. La actual reforma profundiza este camino, incentivando la rotación laboral y la pérdida de derechos.
El carácter de estas medidas queda al descubierto cuando se analiza el impacto distributivo. Según datos de consultoras privadas, se necesitan 27 monotributistas para equiparar los aportes previsionales de un solo trabajador en relación de dependencia. En lugar de atacar la evasión de los grandes contribuyentes por exprimir aún más a los pequeños, el gobierno no tiene problemas responder con impunidad a las necesidades de las patronales, dejando que los ingresos de los trabajadores sean los que financien el equilibrio fiscal. Lejos de formalizar, esta reforma puede generar el efecto contrario, empujando a miles de trabajadores hacia la economía sumergida cuando no puedan afrontar los nuevos costos.
[i] El grupo de los seis: Es la agrupación de los seis principales sectores empresariales del país, conformada por: la Unión Industrial Argentina (UIA), laCámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
[ii] AmCham: La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.
