La semana pasada el gobierno reglamentó la primera parte de la Ley Bases. En medio de una agenda mediática casi monopolizada por la gravísima noticia de violencia de género ejercida por un ex presidente de la nación, la noticia del avance del gobierno en su programa de privatizaciones y saqueo de los bienes públicos y los recursos naturales, ha pasado casi inadvertida. Milei, Sturzenegger y los grandes empresarios diseñaron el mega decreto, la fallida ley ómnibus y luego, la ley bases que fue aprobada, no sin modificaciones. Sin embargo, más allá de esas modificaciones, la capacidad de daño de la ley bases es enorme y esta semana comenzamos a ver las consecuencias de ese proyecto en curso: reimponer un estatuto neocolonial.
En esta primera parte, a través del decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial, a través del cual el Ejecutivo estableció la normativa. El ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar debe elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para llevar a cabo la privatización.
Las empresas que podrían privatizarse
Sujetas a privatización:
- Nucleoeléctrica Argentina
- Yacimientos Carboníferos de Río Turbio
- Intercargo
- Enarsa
Sujetas a privatización o concesión:
- AySA
- Trenes Argentinos
- Belgrano Cargas
- Corredores Viales
Enarsa y Nucleoeléctrica SA: la privatización de las hidroeléctricas
El Gobierno privatizará en los próximos seis meses cuatro centrales hidroeléctricas. Es el primer paso de su plan de concesiones. La medida para dar el puntapié inicial en el proceso privatizador se dio este lunes, según estableció mediante el decreto 718/204 publicado en el Boletín Oficial. Durante el mes de junio, el gobierno nacional avanzó en la creación de sociedades anónimas cuyo capital está en manos de dos organismos nacionales, sin participación de las provincias, con el objetivo de producir y vender energía. En el Boletín Oficial de la Nación se publicó la constitución de cuatro sociedades anónimas que llevan el nombre de los complejos hidroeléctricos: El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Según fuentes oficiales, esas represas quedarán en manos de Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina S.A., que luego transferirá a la Secretaría de Energía de la Nación para privatizarlas.
De manera absolutamente inconsulta con los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa Y Weretilneck que acompañaron con sus legisladores la aprobación de la Ley bases, el gobierno avanzó con el proceso de privatización. Tras conocer la iniciativa, el ministro de Infraestructura neuquino, Rubén Etcheverry, manifestó que “es una falta de previsibilidad para con las provincias que no fueron convocadas. La concesión vence el 11 de agosto y no se comunicó ni se anticipó para qué fueron creadas estas empresas. Esto genera incertidumbre en todos los empleados, en los inversores y las provincias”.
La Legislatura de Neuquén aprobó una declaración solicitando a la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento de los proyectos referidos al traspaso de las represas a la provincia patagónica. Ya sancionada, la comunicación será enviada al presidente de la Cámara de Diputados con copia a los presidentes de cada bloque y a la Comisión de Energía para manifestar a los legisladores la voluntad de la provincia del Neuquén de que se avance con el traspaso de las centrales a las provincias.
El proyecto privatizador de Milei avanza y encuentra los primeros conflictos, como el que comienza a suscitarse entre el Estado nacional y las provincias dueñas de los recursos. Sin embargo, ese avance no va a detenerse si no es a través de la organización y la lucha de todos los habitantes damnificados por estos modelos de saqueo y entrega, ya que los gobernadores son parte del mismo entramado de intereses que pretende la privatización de los bienes comunes y las empresas públicas.
Nazareno Mujica