Apenas trece concejales levantaron la mano a favor de la norma, mientras afuera del recinto las calles desbordaban con miles de personas movilizadas en rechazo. Tuvieron los votos necesarios para aprobar el Código de “convivencia” pero no cuentan con la legitimidad para aplicarlo. El desafío ahora es que caiga.
Desde 2018 se intenta aprobar este Código de carácter confiscatorio, discriminatorio, clasista y profundamente represivo. La presión social fue dilatando el tratamiento e hizo caer el articulado más reaccionario. Pero Garro y Juntos se sintieron con la espalda necesaria para avanzar en la aprobación definitiva tras el giro conservador post PASO que encabezó el mismísimo “progresista” Frente de Todos con su nuevo gabinete nacional y bonaerense.
Entre otros puntos, el nuevo Código prohíbe la actividad de los limpiavidrios, trapitos y lavacoches (Art. 115), la venta ambulante, de manteras y feriantes (Arts. 96, 97, 110, 219, 220, 221, 222, 223), la quema de neumáticos especialmente en protestas (Art. 92), avanza contra los centros culturales y espacios autogestivos (Art. 124), limita el derecho a la protesta (Art. 150) y hasta los festejos escolares (Art. 151); hipócritamente prohíbe la tracción a sangre (Art 195, 229) sin brindar un alternativa de conversión para los carreros y sus familias; censura el arte callejero y las pintadas (Art 205), multa la distribución de volantes y las pegatinas de afiches (Art 207), se ensaña con la venta y malabares en semáforos (Art 2014) y contra las compañeras que ejercen el trabajo sexual (Art 215), entre muchos otros sectores afectados.
El espacio público para los ricos y privilegiados
La norma avanza contra trabajadores de la economía social que hacen uso del espacio público para sobrevivir, mientras permite la explotación privada de ese mismo espacio público por parte de los empresarios que con sus bares invaden las calzadas para ampliar los aforos.
La normativa pretende ocultar las cada vez más generalizadas actividades de subsistencia ante la profundidad de la crisis socioeconómica que sufrimos. Diseña una respuesta represiva y confiscatoria en lugar de desarrollar una respuesta social. Pretende esconder las consecuencias de un sistema económico inviable.
Si bien en esta oportunidad el Frente de Todos no acompañó con sus votos la ordenanza, sí lo hizo en oportunidades anteriores donde se discutió el uso de los espacios públicos, como la cesión por 99 años del último terreno fiscal de El Rincón al Arzobispado y la posterior desafectación de la plaza autogestinada por les vecines.
A ambos lados de la grieta coincidieron en mensajes estigmatizadores contra el colectivo travesti/trans y trabajadoras sexuales. La concejala Romina Cayon del bloque Juntos y presidenta de la comisión de seguridad, manifestó “Proponemos relocalizar la zona roja. Dar esta batalla es darle la batalla al narcomenudeo. Hay que dejar de negar los problemas”. Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos, Cristian Vander, manifestó coincidir con la “…la erradicación de la zona roja…” que plantea Cayon y afirmó “Tengo amigos que viven ahí, es lamentable la situación…”, sumando su voz a la campaña mediática y de sectores inmobiliarios que ligan al colectivo trans con el narcotráfico para justificar las razias policiales.
Sólo para la foto
Desde 2018 que se impulsa una coordinación amplia contra el engendro del Código. Pero esta vez hubo dos marchas casi paralelas y dos actos separados.
El sector autodenominado “cayetanos”, entre ellos el PCR, el Movimiento Evita, la conducción de ATE, las CTAs y otros grupitos, que en años anteriores venían siendo parte de la Coordinación contra el Código, no movilizaron en la anterior convocatoria y en las reuniones preparatorias de ésta última fueron cambiando de posiciones, pasando de acordar una marcha común con radio abierta, a sacar su propia convocatoria paralela poco antes de la sesión del Concejo Deliberante.
Este grupo quiso justificar el divisionismo afirmando que la unidad sólo se puede expresar con un documento único, donde pretendían omitir toda referencia al contexto provincial y nacional de ajuste y represión. A lo cual se respondió correctamente con la propuesta de radio abierta, que viene siendo tradición del espacio convocante y una positiva manera de expresar la heterogeneidad de posiciones sin invisibilizar a ningún sector. Sin embargo. decidieron romper la convocatoria unitaria e incluso se fueron de la municipalidad antes de la votación.
Ojalá la base militante honesta de estas agrupaciones exija rectificar esta orientación divisionista funcional a Garro y a toda política de ajuste y represión.
Unidad en diversidad
La Coordinación contra el Código represivo de Garro es muy plural y le abrió el micrófono a toda persona que lo solicitó. Participaron de esta convocatoria las compañeras de AMMAR, Manteras organizadas, Venganza Afectiva, el MTE, Fugitiva, Asamblea de Vecines de El Rincón, la Coordinadora migrante, Vecinas de barrio Unión y Fuerza, feriantes autoconvocados, Circo Social, la comunidad senegalesa, Igualdad Social, PTS, PO, Izquierda Socialista y nuestro MST – Frente de Izquierda Unidad, el Nuevo Mas, FOL, Siembra, Frente Popular Darío Santillán, Izquierda Latinoamericana Socialista y Justicia y Libertad. El desafío que tenemos por delante es profundizar esta unidad incorporando a nuevos sectores y definiendo nuevas acciones para evitar que se aplique este reaccionario Código. La próxima cita para balancear y debatir cómo la seguimos será el miércoles 10 de noviembre a las 17 hs en la glorieta de Plaza San Martín ¡Te esperamos!
Fotos: Celeste Gaitan