La Justicia de La Plata fijó para el próximo 2 de febrero la audiencia final en la causa por el asesinato policial de Néstor Ramón “Lito” Costilla, ocurrida hace más de cinco años en la localidad de Tolosa. En esa instancia, la fiscalía y las defensas expondrán los términos de un posible acuerdo de juicio abreviado, lo que podría evitar la realización de un juicio oral y público.
Los tres efectivos de la Policía Bonaerense imputados por el hecho, Damián Aquino, Sergio Martínez y Mauricio Rodríguez, se encuentran bajo prisión domiciliaria desde 2023 y están acusados por homicidio doloso.
La audiencia representa una instancia clave en una causa atravesada por demoras, cambios en la calificación legal y fuertes cuestionamientos al accionar policial y judicial durante las primeras etapas de la investigación.
¿Qué es un juicio abreviado?
El juicio abreviado es un procedimiento previsto en el Código Procesal Penal que permite resolver una causa sin llegar a un juicio oral y público. Se basa en un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, mediante el cual se pactan una calificación legal y una pena, que luego deben ser evaluadas por un juez o tribunal.
Para su homologación, los imputados deben aceptar su participación en los hechos. En caso de que el acuerdo sea aprobado, el proceso se cierra sin debate oral ni producción de prueba en audiencia pública.
El crimen y la investigación
El 7 de octubre de 2020, Lito Costilla, de 28 años, padre de cinco hijos y trabajador repartidor, regresaba a su casa luego de dejar a un amigo. Avisó a su familia que estaba llegando, pero nunca completó el trayecto. Murió a pocas cuadras de su domicilio.
En un primer momento, la versión policial sostuvo que se trató de un accidente de tránsito y afirmó que Lito circulaba a alta velocidad y perdió el control de la motocicleta en la calle 524. En ese mismo sentido, los tres policías involucrados reportaron el hecho como un accidente y aseguraron haber sido alertados por un transeúnte.
Con el avance de la investigación, esa versión comenzó a ser cuestionada. Vecinos de la zona denunciaron que el joven había sido perseguido por efectivos policiales y, posteriormente, el análisis de las cámaras de seguridad confirmó esos testimonios.
A partir de esas pruebas, los peritajes determinaron que Lito fue derribado tras un golpe propinado por uno de los agentes, lo que provocó que impactara contra un poste. Además, la velocidad estimada del vehículo, cercana a los 30 kilómetros por hora, resultó incompatible con la hipótesis de un accidente de tránsito.
La investigación judicial descartó de manera definitiva la versión inicial, concluyó que existió una agresión deliberada y estableció que las irregularidades del asfalto no tuvieron incidencia en la caída. En consecuencia, los imputados fueron apartados de sus funciones y la causa fue recaratulada como homicidio doloso.
Una herida que sigue abierta
A lo largo de más de cinco años, la familia de Lito Costilla, los organismos de derechos humanos y organizaciones como el MST Frente de Izquierda mantuvieron viva la exigencia de justicia frente a un proceso atravesado por dilaciones, irregularidades y resistencias institucionales. Sin ese reclamo sostenido, el expediente difícilmente habría llegado a esta instancia.
La falta de Lito es una herida que no cierra y su familia convive con esa ausencia de manera permanente, sin alivio posible. En ese escenario, resulta escandaloso que los policías imputados por su muerte permanezcan en sus casas, acompañados por sus familias, mientras la familia de Lito no tiene esa posibilidad. A ellos se les negó para siempre la chance de volver a compartir la vida con quien fue asesinado, una pérdida que los acompañará todos los días.
Si bien un juicio oral y público sería el camino más adecuado en un caso de estas características, la familia reconoce sentir cierto alivio ante la posibilidad de un juicio abreviado. Tras más de cinco años de espera, desgaste y revictimización, cerrar el proceso aparece como una forma de poner fin a una etapa dolorosa y poder transitar el duelo en paz, aun cuando ello implique que la pena para los responsables sea menor.
Es toda la institución
Como lo escribimos muchas veces, el caso de Lito no es aislado, responde a la lógica del aparato de la Policía Bonaerense. El gobierno de Kicillof, con el ministro Sergio Berni a la cabeza, empoderó al aparato represivo durante la pandemia con consecuencias como el hostigamiento, el pedido de dinero para poder circular, asesinatos en la vía pública, en comisarías y hasta la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Lito fue parte de ese reguero de sangre.
Los asesinatos de estos jóvenes trabajadores reafirman que el único camino para que esto no vuelva a suceder es el desmantelamiento de la Policía Bonaerense y de todo aparato represivo, en reemplazo por una seguridad basada en la prevención y en la participación vecinal.
Marcela Gottschald
