La prisión domiciliaria al cura abusador de adolescentes Raúl Sidders, confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, es otro regalo de las instituciones del Estado a la Iglesia católica.
No se trata de un cura abusador, es toda la institución. No existe otra, en toda la sociedad, con tantas denuncias de atrocidades de abusos sexuales a menores como la Iglesia católica. Durante siglos han contado con la impunidad que les ha dado la desprotección de sus víctimas y la protección del poder político en beneficio propio.
Toda la institución es pedófila por acción directa o protección a los abusadores.
“Está en su naturaleza”, como se plantea con claridad en el texto colectivo Iglesia y Estado, asuntos separados[1]: “… el Papa y la jerarquía ocultan y protegen a sus obispos y curas abusadores. Esta práctica perversa obedece a dos razones muy profundas: la primera es que, al tratarse de una institución de carácter cerrado, dogmático, jerárquico y de disciplina verticalista, la Iglesia no protege a la niñez y la adolescencia, sino esencialmente a sí misma. En tanto que aparato corporativo, busca ante todo su autopreservación. La segunda razón, es que la Iglesia sabe de sobra que dentro de sus filas la pedofilia es un hábito persistente, sistémico. Como organización basada en la fe, la culpa y la confesión, que relega a las mujeres, integrada solo por varones solteros y a quienes se les exige castidad, esa represión constante forzosamente lleva a reiterar las conductas de acoso, abuso de poder y sexual, que en su gran mayoría se ejercen contra el sector más vulnerable: la niñez”.
En el caso del cura Sidders se ejemplifica esta situación: la actual secretaria del arzobispo “Tucho” Fernández, era la representante legal del Colegio San Vicente de Paul donde se cometieron los abusos. Desde las autoridades del colegio y desde el Arzobispado se hizo y se hace lobby para protegerlo y exponer, denigrar a la víctima que denunció el abuso.
Esta denuncia, como otras, son posibles por la valentía de sus víctimas cuando crecen, y fundamentalmente por el fortalecimiento del movimiento de mujeres y disidencias sexuales que recorre el mundo desde hace algunos años.
Debemos acompañar cada denuncia, en este caso, redoblar el reclamo de justicia para Rocío y cárcel común para Sidders.
Junto con exigir que por ley se prohíba a los curas todo tipo de contacto con niñxs a solas, como lo ha planteado nuestro legislador (mc) Alejandro Bodart. Fortalecer también la demanda de anular todas las leyes que protegen a las iglesias, quitarles el privilegio de los sueldos y subvenciones millonarias que reciben de los presupuestos públicos. Hay que separar las iglesias del Estado. Denunciar la injerencia en la vida cotidiana de millones impidiendo la aplicación de la ESI y la IVE, manteniendo sus prejuicios y terapias correctivas para las disidencias bajo la protección del Estado.
Guillermo García
[1]Editorial La Montaña Ediciones Socialistas, 2019.