Johana Ramallo tenía 23 años cuando desapareció el 26 de julio de 2017. Casi ocho años después, el 16 de mayo de 2025, comenzará el juicio contra las ocho personas acusadas de participar, de manera directa o indirecta, en su muerte.
Johana era víctima de explotación sexual y prostitución como tantas otras jóvenes obligadas por la situación grave económica y social.En la llamada Zona Roja de La Plata, ubicada en el barrio El Mondongo. Allí trabajaba bajo el control de personas que se aprovecharon de su vulnerabilidad, profundizando su dependencia económica y su consumo problemático, con el objetivo de mantenerla atrapada en ese circuito de violencia. El estado es responsable, y la justicia dejando la causa en manos d elanmmisma policía cómplice de la venta de drogas y proxenetas de la zona.
Un día desapareció, aparentemente sin dejar rastro. En 2018, partes de su cuerpo fueron halladas en la costa de Berisso, pero recién en agosto de 2019 pudieron ser identificadas.
Durante dos años, la madre de Johana reclamó por su aparición con vida. Al final, lo único que recibió fue un papel confirmando la compatibilidad de los restos con el perfil genético de su hija. Ninguna explicación. Ninguna pista clara sobre qué fue lo que realmente pasó con Johana.
Los imputados
Aunque todavía no se sabe con exactitud cuándo ni cómo murió Johana, están bien documentadas las condiciones que facilitaron su victimización: consumo problemático de sustancias, explotación sexual, amenazas constantes y coacción.
Ocho personas fueron identificadas como responsables directos o indirectos de ese entramado. Todas formaban parte de una organización criminal que operó en la Zona Roja de la capital bonaerense entre 2016 y 2017, año en que Johana desapareció.
Carlos Rodríguez, conocido como “El Cabezón”, es uno de los principales imputados. Será juzgado por delitos de narcotráfico, explotación sexual, facilitación de la prostitución, falso testimonio y encubrimiento agravado.
Hernán D’Uva Razzari está acusado de explotar sexualmente a su pareja, además de encubrimiento agravado y falso testimonio.
Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares y Mirko Alejandro Galarza Senio deberán responder por el comercio de estupefacientes y la explotación económica de la prostitución ajena.
Celia Benítez, Paola Erika Barraza y Celia Giménez, conocidas como “Las Viejas”, fueron procesadas por participar en la explotación económica de mujeres en situación de prostitución.
Una red que mata en silencio
El calvario de Johana no empezó el día de su desaparición, ni terminó con su asesinato. Fue tejido durante meses, en silencio, dentro de un sistema de explotación que se aprovechó de sus condiciones de vulnerabilidad para encerrarla en una trama de prostitución, drogas y control. Johana fue víctima de una red perversa que, como tantas otras, opera a la vista de todos, alimentándose de la pobreza, del abandono estatal y del machismo estructural.
Según la investigación, los imputados suministraban drogas a Johana y a otras mujeres como una forma de esclavitud moderna: las convertían en dependientes y las endeudaban eternamente. El dinero que generaban con el trabajo sexual volvía casi por completo a los bolsillos de quienes las explotaban. Era un circuito diseñado para destruirlas, para que nunca pudieran salir.
Estas prácticas no se sostienen solas. Requieren la acción coordinada de múltiples actores: quienes proveen, quienes cobran, quienes vigilan, quienes amenazan. Se trata de redes de trata y explotación que funcionan con total impunidad, muchas veces con complicidades policiales, judiciales y políticas. Romper ese círculo no solo es difícil, sino prácticamente imposible cuando no hay un Estado presente y una sociedad que mire de frente.
Reducir a Johana a una “prostituta que se drogaba” no es solo un estigma, es una forma de matarla dos veces. Johana era una madre que luchaba por mantener el vínculo con su hija, incluso en las condiciones más adversas. Era una hija amada, presente en la memoria viva de una madre que sigue luchando por justicia.
Este 16 de mayo comienza el juicio por su caso. La familia de Johana, especialmente su madre Marta, viene peleando hace años para que se sepa la verdad. No están solas. Porque lo que está en juego no es solo justicia para Johana, sino también un mensaje urgente y necesario: nuestras vidas valen, y nuestras muertes no pueden seguir siendo ignoradas.
Hoy, la solidaridad es un acto político.
Marcela Gottschald